Las clasificadoras de riesgo y los bancos de inversión extranjeros siguen de cerca el debate constitucional en Chile, a pocos meses de que se lleve a cabo el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta. Ahora fue el turno de Fitch Ratings, que estima que el borrador sigue generando incertidumbre para la economía. JP Morgan, en tanto, endureció sus críticas al texto.

“No aclara completamente cómo las nuevas disposiciones afectarían el entorno para los negocios o el funcionamiento del gobierno”, dijo Fitch, y también expresó sus dudas sobre si el proceso constitucional podrá ser suficiente para “abordar las tensiones sociales”, indicó en el informe.

No obstante, la clasificadora también se refirió a lo que podría ocurrir si se impone el Rechazo el próximo 4 de septiembre.

“El apoyo para abordar la desigualdad a través de una nueva Constitución fue fuerte en el plebiscito de 2020, lo que significa que podría surgir una nueva iniciativa de reforma si esto sucede (gana la opción del Rechazo). Esto extendería la incertidumbre sobre las implicaciones para la economía, la gobernabilidad y la formulación de políticas, y podría reducir la efectividad del proceso como canal institucional para el descontento social”, planteó.

Por otro lado, Fitch sostuvo que el documento no entrega claridad en temas como la forma de gobierno y los poderes del Estado, considerando los frenos y contrapesos entre estos; los derechos de propiedad; y estima que los derechos sociales consagrados en el borrador podrían tener para el Estado “implicaciones fiscales significativas”.

En esa línea y a modo de ejemplo, Fitch sostuvo que a ellos no les queda claro que el pagar el “precio justo” por la expropiación es lo mismo que el valor de mercado y comentó que la nueva legislación medioambiental podría aumentar el costo o los riesgos legales para las empresas, teniendo un efecto en desalentar la inversión en empresas como las mineras.

Además, el documento de Fitch agregó que las nuevas facultades de la Cámara de Diputadas y Diputados podría facilitar la aprobación de iniciativas evaluadas negativamente para la economía, como el retiro de dinero desde los fondos de pensiones.

De todos modos, el informe de Fitch Ratings valoró que las propuestas “más radicales” no hayan quedado en el borrador, y destacó que el estallido social haya tenido una respuesta institucional por medio del proceso de una nueva Constitución.

JP Morgan ya había manifestado sus aprensiones acerca del borrador de la nueva Constitución en Chile y este martes volvió a analizar el texto, pero con una mayor profundidad y endureciendo el tono de sus críticas.

En su reporte planteó con preocupación que para definir o cambiar normas se necesite una mayoría simple, y se deje atrás la necesidad de quórum supramayoritarios para modificar aspectos como los sistemas de justicia o legislativo y procesos electorales, entre otros temas.

“En cualquier caso, la vara baja para hacer cambios legislativos, a través de diferentes mandatos políticos (y/o territorios autónomos), implica descontar exante el creciente riesgo de cambios, imponiendo así una mayor prima a los proyectos de inversión”, afirmó el documento.

El informe continuó lamentando que el Estado deje de tener un rol subsidiario y así abrir paso a un proceso para “socavar la protección relativa de los derechos de propiedad, particularmente en el caso de expropiación”.

Según el análisis del banco de inversión, el borrador de la nueva Constitución “no parece tan protector de la inversión privada a largo plazo como la actual”.

JP Morgan también prevé que la entrada en vigencia del nuevo texto signifique un aumento en los costos de producción para cumplir con las normas que entren en vigencia, como las ambientales y laborales. Además, proyectó que el alza del gasto fiscal vendrá acompañada de mayores impuestos para las empresas.

En esa línea, el documento finalizó estimando que la deuda del Estado aumentará ante el escenario de financiar los nuevos derechos sociales, la tendencia al gasto que tendrían la nuevas unidades territoriales autónomas y porque la la iniciativas de gasto ya no serían exclusivamente materia del Presidente de la República.

Además, JP Morgan se mostró pesimista respecto al futuro de la deuda pública de Chile debido al alza que tendría y dado que estima que el Banco Central pierde su autonomía para enfrentar los temas macroeconómicos, debido a que los miembros del organismo podrán ser acusados constitucionalmente.

Por último, el texto dijo que tendrán que pasar años de legislación para determinar los impactos reales de la entrada en vigencia de la nueva Constitución y así la incertidumbre económica se extendería más allá del plebiscito.