Gobierno crea comisión de expertos con foco en destrabar creación de empleos

Los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, del Trabajo, Patricio Melero y de Economía, Lucas Palacios, anunciaron este martes que resolvieron convocar a una comisión de expertos, anunciada la semana pasada durante la votación del salario mínimo en el Congreso, con el objetivo de entregar propuestas para asesorar la evaluación y mejora de los instrumentos que se encuentran disponibles para la recuperación de empleos. Pues si bien durante los últimos meses se ha reintegrado casi un millón de puestos al mercado laboral, aún quedan más de 800 mil empleos perdidos.

La comisión estará conformada por 12 académicos y profesionales quienes, entre otras funciones, deberán analizar e identificar aquellos obstáculos que afectan la implementación de medidas de recuperación del empleo, apoyar el proceso de revisión y eficacia de las disposiciones, y proponer acciones de coordinación entre los organismos estatales e instituciones privadas.

De esta manera, dicha instancia -que tendrá plazo hasta el 30 de agosto para entregar sus recomendaciones- será presidida por el Ministerio de Hacienda, a través de un representante designado, contará con la participación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. A esto se suma la participación de una Secretaría Ejecutiva, a cargo de la Subsecretaría de Hacienda, que otorgará el apoyo administrativo y técnico que se requieran los miembros de la comisión para su funcionamiento.

Los integrantes de la comisión son: Alfonso Swett, gerente general de la inmobiliaria Costanera y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Carlos Boada, director del Departamento de Estudios Conapyme y de la Multigremial Nacional; David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales; y Francisca Jünemann presidenta y co-fundadora de la Fundación ChileMujeres; Joseph Ramos, exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo; Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado; Mario Pavón, gerente del Fondo Esperanza; Sergio Urzúa, quien se ha desempeñado como consultor para el Banco Mundial, OCDE, Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo; Andrea Mackenney, coordinadora del Gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y Silvia Leiva, coordinadora de Política Laboral y Jefa de Asesores del Ministerio de Hacienda.

Respecto al trabajo que tendrá la Comisión por delante, el economista David Bravo señaló que es importante evaluar cómo están funcionando los distintos subsidios y actuar rápido para hacer los ajustes que sean necesarios.

“Creo que esta tarea es central. Actualmente nos encontramos en una situación de estancamiento del empleo, con una recuperación que no llega al 50% de los empleos perdidos. Casen mostró la otra cara de esta emergencia laboral: el aumento en la pobreza y la desigualdad”, comentó el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.

En esta misma línea, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, afirmó que si bien el trabajo tendrá como foco por una parte analizar la situación actual del mercado laboral, también lo que se busca es “prepararnos para una etapa de postpandemia que vaya expresando, ojalá, un mayor nivel de reactivación económica, un menor nivel de confinamiento y una mayor contratación de trabajadores”, señaló.

Y aprovechó de destacar el incremento del Ingreso Mínimo Garantizado, que fue aprobado en conjunto con el reajuste al salario mínimo en el Congreso, y despejó dudas respecto a la compatibilidad que tienen los subsidios al empleo y bonos de apoyo en pandemia con los contratos laborales: “Ningún chileno o chilena va a perder beneficios, como el IFE u otros, si es que accede a un contrato de trabajo”, explicó.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que si bien las ayudas sociales han impulsado el aumento en la deuda pública debido a los mayores gastos fiscales, el gobierno está disponible para ampliar dichas medidas, lo que se debe hacer con rapidez.

Y que si bien existe mucha incertidumbre respecto a cómo seguirá evolucionando la situación, se espera que a partir de septiembre ya comiencen a notarse mejoras más concretas en la actividad económica y el empleo.