Gobierno confía en lograr votos para nueva pensión universal pese a críticas opositoras

Luego de que se instalara en el debate público dudas sobre el financiamiento que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%, el gobierno activó los contactos con diputados y senadores de la oposición.

El propósito de estos llamados es volver a explicar que la iniciativa tiene el financiamiento asegurado y que en ningún caso es una política que está desfinanciada, tal como lo plantearon algunos personeros del gobierno electo y senadores de la oposición.

Desde el Ejecutivo, el análisis que hay es que la crítica es principalmente política y no técnica. Y en ese marco engloban la carta que enviaron a El Mercurio los economistas José De Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repetto quienes acusaron que las fuentes de financiamiento presentadas por el Ejecutivo no eran permanentes.

“La carta es súper política, y confunde conceptos técnicos”, dice una alta fuente de gobierno. Añade que “la principal confusión es que ellos dicen que se financia con holguras presupuestarias, pero en realidad eso no es así. Nuestro proyecto se financia con provisiones que están destinadas para gastos en pensiones, por lo tanto, hay una confusión que es a lo menos extraña”, mencionan en La Moneda.

De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, (Dipres), el proyecto tiene tres fuentes de financiamiento: provisión para la Reforma Previsional que aportará el 0,5% del PIB; exenciones que rendirá 0,35% del PIB y el redestino aporte Fondo de Reserva de Pensiones 0,1% del PIB.

El análisis que hace el gobierno, luego de iniciar conversaciones, es que existe dos grupos de parlamentarios en la oposición. Uno donde están preferentemente los legisladores de la exNueva Mayoría (PS, PPD, DC y PR) y otro grupo que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes han planteado mayores reparos y quieren retrasar la discusión y no avanzar rápido con las exenciones para no quitarles espacio de su propia reforma tributaria.

El gobierno enfatiza que está dispuesto nuevamente explicarles a los legisladores el financiamiento para que exista “total claridad”, pero por lo mismo añaden que no están dispuestos a retrasar la discusión, porque consideran que no hay motivos para no aprobar la iniciativa.

Así, los cálculos de La Moneda apuntan a que con los votos del oficialismo más el de los legisladores de la exNueva Mayoría el proyecto se aprobará. Entre ellos varios DC y el independiente René Alinco.

“Para los parlamentarios será difícil argumentar por qué se está rechazando”, comentan en Palacio. Otra critica que se escucha en La Moneda es que les resulta paradójico que los mismos parlamentarios que aprobaron los retiros estén preocupados ahora por la responsabilidad fiscal.

Enfatizan que el proyecto está completamente financiado. Si bien sostienen que están dispuestos a conversar lo que sea necesario, la postura es que se vote rápido. El cronograma de trabajo que tiene el Ejecutivo incluye que se vote y apruebe en la sala de la Cámara el proyecto de la Pensión Básica Garantizada la próxima semana y pueda pasar al Senado para que esté listo para ser ley la tercera semana de enero.

Los cálculos del gobierno es que si se aprueba en enero en febrero se podrán comenzar a pagar a 1,5 millones de personas la Pensión Garantizada Universal, que son todos los que están en el pilar solidario, y por ello entran de manera automática. Luego a lo largo del año empezarán a ser pagados las personas que están entre el 60% y 90% de menores recursos que hoy no reciben ayuda del Estado.

El cuanto al proyecto de exenciones tienen internalizado que la discusión será más lenta. Aunque el propósito es que avancen en paralelo, creen que no será así. No obstante, a ello, sostienen que tienen margen para que la discusión de las exenciones puede ir un poco más lento, ya que cuentan con recursos para pagar al primer grupo de beneficiados.

Más allá de esta seguridad que existe en el Ejecutivo, lo cierto es que las dudas están instaladas y por ello tanto la Cámara de Diputados como los senadores, Ricardo Lagos Weber (PPD), Carlos Montes (PS) y Ximena Rincón (DC) le solicitaron al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que revise el proyecto y sus fuentes de financiamiento. Desde el CFA confirmaron que están analizando la iniciativa y que próximamente emitirán un informe sobre la materia. Además, es probable que cuando la discusión pase al Senado deban exponer en la Comisión de Hacienda.

Entre quienes han analizado el proyecto, los reparos planteados por el grupo de economistas son plausibles y están centradas en qué tan estructural son los recursos que provendrán de lo que se llama provisión para la Reforma Previsional que aportará el 0,5% del PIB y el redestino del aporte del Fondo de Reserva de Pensiones que entregará 0,1% del PIB.

En ese sentido, indican las mismas fuentes, que de avanzar así el proyecto es probable que se pueda terminar financiando con deuda, lo que, a juicio de varios expertos, no es sostenible en el tiempo.