Gobierno entrega nuevo listado de empresas estratégicas con énfasis en servicios mínimos

Una nueva baja en el número de empresas que el gobierno catalogó como estratégicas se dio a conocer ayer en el Diario Oficial. El listado, definido por los ministerios de Economía, Trabajo y Defensa es de 72 empresas (ver listado), es decir 28% menos que en 2017 -que ascendió a 100 firmas- y al de 2016, que contenía 127. En su mayoría, se trata de empresas vinculadas con la provisión de servicios mínimos (electricidad, agua, gas y algunos servicios de salud).

La inclusión implica que sus trabajadores no podrán ir a la huelga en los próximos dos años, aunque sí tienen el derecho de negociar colectivamente mediante arbitraje obligatorio y gratuito.

Según el Diario Oficial, para este proceso postularon 91 empresas, quedando fuera 19, entre ellas Enel Generación, Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), Terminal Puerto de Coquimbo y el Instituto de Seguridad del Trabajo, entre otras.

En todo caso, las empresas o los sindicatos podrán apelar a la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de 15 días corridos, tanto por haber quedado excluidos del listado o bien, por haber sido considerados.

¿Por qué cae? Según el exdirector del Trabajo Marcelo Albornoz existirían varias razones para que el número de empresas postulantes y elegidas haya disminuido. En primer lugar, se ratifica la exclusión de las generadoras de electricidad, algo que ya había ocurrido a partir de un informe técnico de 2017 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Así, advierte, "se sentó un precedente técnico y, por lo tanto, varias empresas que pasaron por el proceso de calificación y fueron excluidas, no volvieron a insistir porque sabían que iban a ser rechazadas".

Albornoz agrega que otro elemento tiene que ver con el proceso arbitral que sustituye la huelga. "Para las empresas es un arma de doble filo: es perfectamente posible que el juez arbitral establezca beneficios mayores a los que la empresa esté dispuesta a entregar", explica.

Una opinión con la que coincide Marcelo Soto, exsubsecretario del Trabajo, quien agrega un elemento extra al procedimiento: el factor político. "Este es un procedimiento que debería ser revaluado, primero, porque se le encarga a una autoridad política la decisión de definir sobre qué tan estratégica es una empresa y segundo, porque en caso de apelar, es la Corte Suprema la que dirime, que no necesariamente tiene experticia laboral".

Ejemplo de estas apelaciones son las que enfrentó CGE, Metrogas y Gas Sur, calificadas como estratégicas en 2017, y que fueron recurridas por sus sindicatos.

Benjamín Costa del Estudio Navarro Abogados que participó en la defensa de las empresas mencionadas señaló que la Corte Suprema ratificó los argumentos que validaron la inclusión "como proveedoras de servicios esenciales", de manera tal que para este proceso "sería previsible que no hubiese nuevas apelaciones que pudieran hacer cambiar el criterio: los fallos de la Suprema son bastante contundentes", afirmó.

Desde la CUT su vicepresidente, Nolberto Díaz, cuestiona que el gobierno "esté abriendo todos los años el proceso, cuando se supone que era cada dos años, lo que no corresponde", y agrega que de las 15 apelaciones en las que la CUT participó respecto de la lista de 2017, "la Corte Suprema las rechazó todas, porque se pronunció sobre la forma y no el fondo. Y el fondo es la libertad sindical". En todo caso, adelanta que revisarán con los sindicatos los casos y las posibilidades de apelación.