Gobierno opta por veto a "ley de la jibia" y desata críticas transversales

El ingreso de un veto presidencial frente a la Ley de la Jibia -que regula la forma en que se captura el recurso- anunció ayer el ministro de Economía, José Ramón Valente, quien señaló que la medida mantendrá la eliminación del arrastre como técnica de pesca para el calamar, manteniendo la potera o línea de mano y añadiendo el método del cerco como arte de pesca.

Así, tras el anuncio, los mensajes de disconformidad no se hicieron esperar y fueron transversales.

"Hay ignorancia en este tema, es una medida populista. Es la Subpesca la que debe decir con qué arte de pesca pescar", señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Osciel Velásquez, quien explicó que con esto, la decisión pasará de técnica a política.

En esa línea, el líder gremial indicó que si bien la industria puede pescar con cerco, la técnica disminuye la calidad del producto, apretándolo y dañando los filetes, lo que hace que no sea apto para el consumo humano.

Por su lado, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) señaló que "nos parece grave que el gobierno avale un proyecto de Ley que a todas luces es inconstitucional".

Los artesanales, en tanto, anunciaron que intensificarán sus protestas dirigidas a conseguir que la ley aprobada en el Congreso entre en vigencia. "Este jueves volveremos a realizar manifestaciones y llegaremos hasta la Intendencia del Biobío", advirtió el presidente de la Coordinadora de Jibieros de Coronel, Pedro Riffo.

Desde el bando de los trabajadores de la industria, Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Capitanes, consideró que el veto no es una solución. "Se han parado siete barcos de manera inmediata y han dejado sin trabajo a personas que trabajan en las plantas de proceso sin medidas de mitigación", aseveró.

En el Congreso la medida tampoco cayó bien. "Queremos lamentar que el gobierno haya tomado la decisión de vetar, es una mala señal al haber cedido a una presión originada en la zona sur", indicó el senador de RN, Francisco Chahuán.

En el otro lado de la vereda, el diputado PC, Daniel Núñez cuestionó la determinación, calificando el cerco como una mala alternativa. Así, informó que como oposición analizarán los caminos a seguir para desestimar la propuesta del Ejecutivo.

"Por la votación previa creo que los votos están para insistir con el proyecto, pero habrá una presión brutal del Ejecutivo sobre los parlamentarios de derecha. El veto es una especie de todo o nada, y se pueda caer el proyecto", admitió. De hecho, de acuerdo a la Constitución un veto aditivo debe ser aprobado por el mismo quórum que la ley, en este caso por mayoría simple, pero este piso se eleva a dos tercios si el Parlamento desea insistir con su proyecto, es decir que la Cámara requeriría de 103 votos.