De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de informalidad en el país llegó en abril-junio a 27,1%, 1,1 puntos porcentuales más que en igual período del año pasado, lo que equivale a 2.395.930 trabajadores. Es decir, prácticamente uno de cada tres ocupados está trabajando de manera informal en el país y, como es habitual, con una tasa mayor entre mujeres, la que llega a 28,2% (1.053.970 personas).

Así como entre hombres y mujeres hay diferencias en el nivel de informalidad, lo mismo pasa con las regiones. En abril-junio siete ya tienen registros de informalidad por sobre el 30%, siendo lideradas por La Araucanía, donde el nivel alcanza al 34,8% del total de ocupados en la región, lo que equivale a 141 mil personas en esa condición laboral. Le sigue la región de Ñuble, con 33,3%; Los Ríos, con 32,8% y Arica y Parinacota, con 32,7%. Más atrás está Tarapacá, con 31,4%; Coquimbo, con 30,7%, y Aysén, con 30,4%.

En la vereda contraria, las regiones con menos informalidad laboral son Magallanes, con 19,2%, y Antofagasta, con 23,7%.

El dato a nivel nacional viene a ratificar que la tendencia es que crecientemente la informalidad estaría retomando sus niveles previos a la pandemia. Este tipo de trabajos fue el más afectado, especialmente durante las primeras cuarentenas, debido al cierre de las ciudades y la falta de un vínculo legal con empleadores, lo que no les permitía acceder a políticas como la Ley de Protección al Empleo. De hecho, en julio de 2020 llegó a su menor nivel de la serie, con 22,3%. Desde entonces ha venido recuperándose, aunque a un ritmo relativamente menor que los empleos formales.

“Lo que ocurre es que estamos volviendo a una tasa que ha sido más bien endémica por mucho tiempo, de cerca de un tercio de los trabajadores. No ha habido avances muy sustantivos desde inicios de los años ‘90″, dice el director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, y añade que esa tendencia, de volver a los niveles habituales, “es lejos lo más importante que debe abordarse”.

En este sentido, Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, indica que la informalidad “tiene múltiples causas estructurales” y, por ello, debe abordarse con diferentes políticas públicas. Entre estas, destaca que se debe “aumentar la relación beneficio/costo de formalizar el empleo: una manera de aumentar los beneficios de ejercer un empleo formal, especialmente cuando los ingresos laborales son bajos, es entregar beneficios y ayudas sociales en función de probar la existencia de la realización de un empleo formal (dependiente o independiente). Esto es clave en los segmentos de menor ingreso, puesto que es ahí donde los costos de la formalización suelen ser superiores a los beneficios. Las políticas que ligan la entrega de ayudas condicionadas a la formalidad cambian la relación beneficio/costo, lo que puede incentivar la formalización”.

De acuerdo a los datos del INE, las mayores tasas de informalidad se encuentra en actividades de hogares como empleadores, con el 51%; otros servicios, con 50,8%; actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales, con 40,6%. En términos de cantidad de trabajadores lidera el comercio, con 541 mil personas en informalidad, lo que representa una tasa de 33,6%, seguido por la construcción, con 306 mil informales y una tasa de 35,9%. Les sigue transporte, con 180 mil (31,6%), y la agricultura, con 186 mil (37,2%).

Estas cifras también ponen una nota de alerta respecto a la efectividad, alcance e incentivos que podrían generar los cambios al sistema de pensiones, en el que -según ha trascendido- una parte de la cotización extra (6%) iría a solidaridad.

“Bajo cualquier sistema de pensiones (reparto, cuentas nocionales, capitalización individual o capitalización colectiva) el principal financiamiento proviene de las cotizaciones de los trabajadores formales. Es decir, para tener un sistema que entrega altas pensiones y de forma sostenible en el tiempo necesitamos fortalecer nuestro mercado formal: que un mayor número de personas participen en él. Hoy, de los 13,7 millones de personas en edad de trabajar (entre 15 y 65 años), solo 5,9 millones lo hace formalmente (esto es un 43%). Yo me pregunto si la propuesta del gobierno de que un 6% del sueldo de los trabajadores formales vaya a un fondo común, para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los que no lograron tener un buen acceso al mercado formal durante su vida laboral, ayudará a incentivar la formalidad. Yo creo que no, que hace el efecto contrario. Por eso creo que debemos ser bien cuidadosos sobre cómo se usará ese 6% extra, qué diseño se le dará para no dañar la formalidad”, señala Elisa Cabezón, economista del observatorio de políticas públicas Perspectivas.

David Bravo también añade que “ante cada medida tenemos que preguntarnos si eso colabora o no con la formalización de los empleos” y “privilegiar aquellas que incentiven la formalidad”.

“La cotización para pensiones siempre será percibida como un impuesto. Incluso, aunque todo vaya a la cuenta individual, siempre, al menos una parte de la cotización, será percibida como impuesto, porque las personas valoran más tener su dinero en la actualidad que en el futuro. Ello quedó demostrado con los masivos retiros de fondos de pensiones. Sin embargo, también importa la composición de esa cotización. Mientras mayor sea el componente que no va a las cuentas individuales, entonces la percepción de impuesto será mayor y, por ende, mayor el incentivo a evadirlas. Así, mientras mayor sea la cotización y mientras mayor sea el porcentaje que no va a las cuentas individuales, mayor será el incentivo a la informalidad”, puntualiza por su parte Juan Bravo.

El experto alerta que esto es “particularmente delicado” en el escenario actual, donde 769 mil asalariados del sector privado son informales, es decir, “que trabajan bajo subordinación (tienen jefe, cumplen horarios y órdenes, etc), pero en donde no se pagan las cotizaciones de vejez o salud en función de ese vínculo laboral. En el segmento de personal de servicio doméstico, que también es un formato de empleo dependiente, hay alrededor de 122 mil empleos informales. Así, una de las consecuencias de esta medida es que se podría abultar las cifras de empleo dependiente informal”, sostiene.

En ese sentido Juan Bravo añade que “siempre debe evaluarse la modalidad de financiamiento de políticas que buscan mejorar las pensiones, pues, eventualmente el financiamiento en base a rentas generales podría ser menos distorsionador y generar menos efectos secundarios negativos sobre el mercado laboral”.