Caso Intervalores: tribunal decreta arresto domiciliario total para Gabriel Urenda

Tras más de seis horas de audiencia, en una sala repleta con cerca de 20 abogados querellantes y algunas víctimas, ayer la jueza del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público contra Gabriel Urenda, el fundador del holding financiero Intervalores.

Y, en su lugar, decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el imputado, quien fue formalizado por los delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida y estafa.

La magistrada argumentó que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía era desproporcionada e injustificada.

A la salida de la audiencia, el fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, anunció que evaluarán apelar a la decisión de la jueza. De todos modos, afirmó que "nos deja muy tranquilos que el tribunal consideró todos los antecedentes que habíamos aportado para fundamentar los delitos".

En concreto, a Urenda se le acusa de ser el autor ideológico de la entrega de información falsa a la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS) por parte de las empresas del grupo, de haber incumplido mandatos de inversión y de haber estafado a la firma Panor. Y que operaban como una estafa piramidal: recaudaban dinero de sus clientes y los destinaban para fines distintos a la inversión, entre ellos, para financiar la mantención de la operación del grupo. Y no les habrían devuelto el dinero invertido.

Por todo ello, Sepúlveda estimó un perjuicio cercano a los $8.000 millones para un grupo de 60 víctimas. Y el persecutor advirtió que podría aumentar a más de $10.000 millones por otras querellas que van a agrupar a la investigación.

Además, el tribunal estableció un plazo de seis meses para que la Fiscalía siga investigando.

Durante su exposición, el fiscal Sepúlveda acusó que durante la investigación el hijo del ex senador UDI Beltrán Urenda negó su participación en los hechos. Y, en su defecto, responsabilizó de los delitos al ejecutivo de Intervalores Sebastián González, pues argumentó que en 2013 le delegó la administración del grupo, ya que él enfrentaba algunos problemas familiares y personales.

Tras ello, argumentó que la versión de Urenda es falsa. Lo anterior, pues, entre otros antecedentes, existen correos que demuestran que enviaba instrucciones a González y otros ejecutivos sobre cómo operar las compañías del holding. Junto con ello, dijo que González es coimputado y es probable que sea formalizado más adelante.

Por su parte, la defensa del empresario insistió en la inocencia de Urenda y reiteró que González es el responsable de los delitos que se le imputan a su representado, y que habría mentido en la declaración que entregó a la Fiscalía.