Jorge Hermann: “Hoy existen cerca de 900 mil trabajadores sin una correcta protección de ingresos”

Jorge Hermann

El exjefe de estudios del ministerio del Trabajo señala que hay 507 mil microempresarios unipersonales y 380 mil personas que están fuera de la cobertura de la Ley de Protección al Empleo.


Estuvo en el Ministerio del Trabajo hasta abril de este año. Y por ello, fue parte del diseño de algunas de las primeras medidas que el gobierno impulsó para hacer frente a la crisis y contener el impacto en los ingresos de los trabajadores. Jorge Hermann volvió al sector privado a través de su consultora especialista en temas macroeconómicos y además es parte del panel de expertos del transporte público.

¿Cuál es su evaluación de las medidas que el gobierno ha presentado para aliviar la situación de los ingresos de las personas y proteger el empleo?

-La medidas para asalariados, independientes con boleta e informales fueron acertadas dada la premura de tiempo. Pero, tal vez, faltó un análisis más profundo de estas medidas en conjunto igualando la tasa de reemplazo y la estructura de pagos para asalariados e independiente, junto con no beneficiar de forma similar al informal y asalariado en sueldos bajos, la formalidad siempre debe ser premiada.

¿Con estas medidas se abarcan a todos los trabajadores del mercado laboral?

-No, existe un grupo de microempresarios unipersonales, que quedan fuera de las medidas anteriores y del crédito Fogape. En el 2019, existían 507.814 empresas unipersonales, quienes no tienen medidas de protección de ingresos, más allá de poder posponer el pago del impuesto mensual. Además, existen 380.000 trabajadores con contratos previos al 2003, fecha obligatoria para el seguro de cesantía, que no acceden a la ley. Por lo tanto, hoy existen cerca de 900.000 trabajadores sin una correcta protección de ingresos.

¿Y qué se debería hacer con ellos?

-Para las empresas unipersonales, microempresas, hay que plantear un esquema de protección de ingresos similar a independientes con boleta y los asalariados con contratos previos al 2003 obligarlos a cotizar al seguro de cesantía a cambio de tener acceso a la Ley Protección de Empleos.

¿El gobierno ha enredado en las fórmulas que ha diseñado para los ingresos de las familias?

-El gobierno ha realizado el mayor esfuerzo en ayudar a sostener los ingresos de los vulnerables en un contexto de incertidumbre. La premura en el actuar siempre deja cabos sueltos o imprecisiones, que con el tiempo es necesario revisar con un análisis holístico del mercado laboral, porque la pandemia durara más de lo esperado.

En ese sentido, ¿ve que la Ley de Protección al Empleo se puede quedar un poco corta considerando la extensión de la crisis y la cantidad de trabajadores que están haciendo uso de ella?

-La ley dura 6 meses hasta el 6 de octubre y, en vista de la segunda fase de la pandemia con rebrotes en Estados Unidos y Europa, en que la vuelta a la normalidad se ha pospuesto en algunos partes, es aconsejable extenderla hasta diciembre o marzo de 2021. Además, sería adecuado revisar algunas rigideces incorporadas en el Congreso, tales como excluir el término al contrato por necesidades de la empresa, establecer un criterio de afectación parcial con un umbral alto de caída de ventas y se prohíbe la repartición de utilidades para sociedades anónimas, que es un trato desigual a otros tipos societarios. Por último, es recomendable establecer que la tasa de reemplazo más baja sea 55%. Por todas estas razones, alrededor de 720.000 trabajadores potenciales harán uso de la ley en relación a los 646.000 actuales.

Puede darse el caso que para un trabajador que estuvo bajo la ley, luego se reincorporó a su trabajo, pero al mes siguiente fue despedido, ¿el seguro de cesantía se puede acabar o que la tasa de reemplazo sea muy baja una vez pasada la crisis?

-Para ese caso, el trabajador igual accede al seguro de cesantía con el primer giro al 70% del ingreso, pero puede suceder que su cuenta individual fuera liquidada en protección de empleo y termine utilizando el fondo de cesantía solidario con menores beneficios.

¿En qué sentido? ¿Una menor tasa de reemplazo?

-La Ley de Protección de Empleo obliga a girar primero los recursos de la cuenta individual que da un mayor beneficio y luego seguir con el fondo solidario. Es bastante factible que la cuenta individual se agote con esta ley y cuando el trabajador sea despedido después, solo le alcance para utilizar el fondo solidario con menores beneficios.

¿Puede que un trabajador quede sin acceso al Fondo Solidario?

-Los desempleados que acceden a este fondo pueden realizar hasta 10 giros en 5 años, los giros de protección de empleo no se consideran en el cálculo.

Desde RN, su presidente Mario Desbordes ha señalado que las ayudas no llegan a la clase media, mientras el gobierno dice que sí; ¿cuál es su visión?

-El ingreso familiar de emergencia es para un hogar que se ubique hasta el 90% de vulnerabilidad, lo que incluye a la clase media. El punto es cuantos hogares de clase media no están inscritos en el registro social de hogares y hoy no pueden acceder. Por eso es relevante apuntalar a las municipalidades en el registro expedito, porque el sistema actual es engorroso para alguien con conocimientos básicos de computación.

¿Se debería considerar ocupar los un porcentaje de los fondos de las AFP para que la clase media pueda sortear esta crisis?

-No es aconsejable, es pan para hoy y hambre para mañana, se perjudica a las futuras generaciones, nuestros hijos, con una mayor carga tributaria para sostener las futuras pensiones solidarias.

La ministra de Trabajo dice que se debe primero esperar el funcionamiento de las actuales medidas ante de analizar otros instrumentos.

-Completamente de acuerdo, esta es una razón adicional a lo que he señalado, hoy el Estado está ayudando a sostener en lo posible los ingresos de los hogares. Por todo esto, es relevante que el gobierno se mantenga firme ante el populismo.P

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