La dificultad para trabajar con población vulnerable en la pandemia

Las organizaciones sociales han tenido que invertir más recursos en personal e insumos para atender las necesidades y garantizar un espacio donde grupos vulnerables puedan hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus y de cara a las bajas temperaturas que se vienen.

Primero, estas entidades han sufrido un golpe a sus finanzas, que estaban proyectadas para un año normal, y hoy tiene poco margen de acción para los meses que vienen. El tema no es fácil, porque muchas de ellas trabajan en las mismas calles de las ciudades. Para hacerse una idea, según cifras del gobierno, en Chile unas 15.000 personas se encuentra hoy en situación de calle.

Por ejemplo, desde el Hogar de Cristo cuentan que sus programas de atención de la noche pasaron a ser de 24 horas, generando un aumento del 40% en sus gastos. “Si esto se sigue prolongando, estimamos que vamos a tener un déficit muy importante y que va a significar apalancar recursos que no tenemos. Además, los socios son en general de clase media y una buena parte de esos se van a quedar sin pega”, advierte el director del programa de inclusión en situación de calle de la institución, Andrés Millar.

Además, en esta institución comentan que los problemas económicos de ellos se repiten en otras entidades y que la respuesta del gobierno ha sido lenta para dar albergue y atención a quienes pasan la noche sin un techo.

Por su parte, Fundación Las Rosas acusa que la falta de abastecimiento de productos claves y el sobreprecio les han encarecido su presupuesto. Incluso, han visto afectada su capacidad de captar nuevos socios y se vieron obligados a postergar sus actividades para generar más recursos. “La posibilidad de aislamiento óptimo al interior hoy son muy difíciles de asegurar, por eso en caso de contagio nuestro protocolo nos permite la derivación a centros de salud pública o centros espejos (para personas que viven o trabajan ahí puedan hacer una cuarentena)”, dice la directora de Desarrollo de la fundación, Claudia Castañeda.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) estima que los casos de contagios de extranjeros no son preocupantes, pero que han sentido sus consecuencias económicas. “Una de las posibilidades de ayuda que estamos ofreciendo es un subsidio al arriendo. Pero el espacio óptimo no existe en el corto plazo y esta crisis nos debiera abrir la puerta a políticas de vivienda que sean más flexibles y consideren soluciones habitacionales transitorias”, dicen desde la organización.

El director nacional de la fundación, José Tomás Vicuña, también muestra su preocupación dado que “el proceso de regularización realizado el 2018 no tuvo los resultados esperados y en estos años se ha elevado el ingreso por paso no habilitado junto, lo que nos lleva a miles de personas en situación irregular”. (Rectificación en relación a la publicación original).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cantidad de inmigrantes en Chile corresponden a cerca de 1,5 millones de personas en 2019.

Mientras que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, muestra su preocupación por las condiciones de los menores de edad, ya que “se propician circunstancias que agudizan afectaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que es más significativo en los grupos más pobres y migrantes que viven en situación de precariedad, situación que debe ser abordada por el Estado”, dice.

Sobre los problemas más inmediatos de la vivienda a partir de la crisis del Covid-19, en Techo-Chile plantean un plan de acceso al agua potable a campamentos y altas medidas higiénicas, acompañamiento psicológico y de protección contra la violencia intrafamiliar a personas que viven en condiciones de hacinamiento. También comentan que es una oportunidad para enfrentar problemas del pasado.

“Los campamentos, el arriendo sin contrato, el allegamiento y hacinamiento, están cada día ganando terreno por sobre el sistema formal del subsidio y el crédito hipotecario”, sostiene el director ejecutivo de Techo y de Fundación Vivienda, Sebastián Bowen.

Ante este escenario, Bowen plantea que se reconozca la función social del suelo, construir un pilar de arriendo social importante, trabajar en agilizar los procesos de entrega de una vivienda social óptima y crear nuevas soluciones que compitan al sistema informal de vivienda.