La judicialización de las telecomunicaciones

"Las Políticas Públicas en materia de Telecomunicaciones son diseñadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) con mirada de mediano a largo plazo". Esta frase era la piedra angular, que por mucho tiempo, independiente del gobierno de turno, las autoridades regulatorias de telecomunicaciones teníamos como base para el trabajo de planificación en un área tan sensible para el desarrollo tecnológico del país.

Sin embargo, esto ha cambiado desde que las actuales autoridades decidieron, por un lado, congelar el espectro de la banda 3.500 Mhz y establecer la prohibición del despliege de sus redes a todas las empresas que tenían derecho de uso sobre el espectro radioeléctrico en esa banda, con el pretexto de "estudiar" su uso para un futuro desarrollo del 5G en Chile.

Esto generó el inmediato rechazo de algunas empresas afectadas, las que presentaron un recurso de protección en contra de la Subtel por esta decisión administrativa inédita y, según sus argumentos, con claro efecto expropiatorio de su derecho de propiedad.

Lo preocupante de esto, fue el tenor de la respuesta dada por el Consejo de Defensa del Estado, que a nombre de Subtel, indicó a la corte que la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene todas las facultades para que en cualquier momento y por simple resolución, cambiar o reordenar las frecuencias o anchos de banda otorgadas a empresas.

Esta afirmación, sin un análisis mayor, es un disparo directo a la línea de flotación de la seguridad jurídica, de la confianza en realizar inversiones en este sector y credibilidad de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones.

Si a este proceso judicial le sumamos la sentencia de la Corte Suprema en causa por la banda 700 Mhz, que ordenó a las empresas a devolver parte de espectro, por tema de competencia, se confirma la tendencia que la Política de Telecomunicaciones, ya no se estaría diseñando por las autoridades sino que ésta se estaría dando caso a caso por vía judicial.

Esto no es bueno para el país. Mucho menos para los que viven en zonas urbanas de bajos ingresos o zonas rurales o extremas, por cuanto lo natural es que frente al actual escenario las empresas no inviertan en estas localidades y se concentren en zonas con mayor ingreso.

Tampoco es un incentivo para que nuevas empresas inviertan en el país, considerando el riesgo de que eventualmente la autoridad de turno modifique frecuencias asignadas o anchos de banda definidas, ya sea por concursos públicos o licitaciones abiertas.

A todas luces, y con estos actos, no se cumplirá el compromiso de este gobierno de duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los últimos 4 años ni menos se tendrá licitada o asignadas las bandas necesarias para el despliegue de 5G en Chile.