La tensión se ha ido apoderado de los pasillos de Teatinos 120 en las últimas semanas. Al duro golpe que significó para Hacienda y todo el gobierno la derrota política del plebiscito del 4 de septiembre pasado, hoy se abre un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre sobre cómo y cuánto avanzar con el plan original de las reformas tributaria y de pensiones, y cuándo explicitar el obligado aterrizaje de expectativas sobre lo que ya no es posible de implementar en los próximos tres años de gobierno. “Muchos han visto un cierto desgano del ministro Marcel en las últimas semanas. Ha tenido tensiones internas en el gobierno y quedó muy apesadumbrado tras el rechazo de la oposición a la idea de legislar la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda de la Cámara”, confidencia un influyente parlamentario oficialista.

Sin embargo, la gran preocupación que hoy se empieza a instalar en las oficinas de Hacienda apunta al complejo escenario que se abre políticamente con el inicio de la recesión económica, una inflación que se mantendrá alta por algún tiempo y una tasa de desempleo en alza. Se trata de una “tormenta perfecta” que despertará nuevas amenazas populistas desde el Congreso y que pondrán en juego la destreza política del gobierno y que enfrentará las “dos almas” de la coalición gobernante, coinciden analistas, economistas y parlamentarios.

“El mix de inflación, caída de actividad y aumento de desempleo es un cóctel complejo; generará tentaciones populistas en el Congreso”, anticipó recientemente el exministro de Hacienda Ignacio Briones a Pulso.

Con todo, la mayor tensión económica que se vivirá en los próximos meses en el país es un fenómeno mundial que está generando crisis sociales y políticas en diversos países y que es alimentada por los efectos económicos de la invasión de Rusia a Ucrania.

Afectado por la espiral inflacionaria y las restricciones energéticas derivadas de la guerra en Ucrania, el gobierno francés cedió recientemente ante las presiones e impondrá límites a los precios del gas y la electricidad, en medio de masivas y violentas protestas que exigen salarios más altos para enfrentar la crisis.

El fenómeno se repite en Reino Unido en el marco de una crisis política inédita en el país europeo. Previo a su dimisión como primera ministra y tras sólo 45 días en el cargo, Liz Truss ya había anunciado el congelamiento temporal de las facturas energéticas de los consumidores británicos. En España, a su vez, la propuesta del gobierno de limitar el precio de los alimentos abrió un duro debate en el mundo político.

En Chile, el impacto inflacionario mundial también se hace sentir: la canasta básica de alimentos registró un alza récord de más del 23% en septiembre y superó los $ 60 mil, lo que empujó al alza la línea de la pobreza, según estadísticas del gobierno.

Si bien desde el mundo político hay conciencia de que el gobierno no está disponible para masivas transferencias de recursos a la población o dar espacios para nuevos retiros desde los fondos de pensiones, tal cual sucedió en las etapas más duras de la pandemia, muchos diputados ya comienzan a presionar por medidas.

La oposición y el oficialismo coincidieron las últimas semanas en proyectos de ley para eximir de IVA a la canasta básica de alimentos de manera de bajar sus precios y enfrentar la inflación. Mientras otros diputados de izquierda propusieron la fijación de precios a través de un organismo autónomo como el Banco Central, el fantasma del sexto retiro desde los fondos de pensiones se ha ido instalando en el debate parlamentario de la mano de la diputada Pamela Jiles, la mayor promotora de este tipo de medidas.

Para el economista y académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, el riesgo de presiones populistas por parte del mundo político en Chile es mayor al de otros países debido a que la coalición gobernante es minoría en el Congreso y ha evidenciado un deterioro en su popularidad a medida que la crisis económica se agudiza. Precisa, además, que las presiones se enmarcan en una sociedad chilena que no estaba acostumbrada a un fenómeno inflacionario como el de las proporciones actuales.

“Los riesgos (populistas) en Chile son más grandes que en el resto del mundo desarrollado debido a la debilidad del gobierno en el Parlamento. Le va a costar más a este gobierno gestionar esa amenaza, por lo que debe realizar una labor preventiva y hacer alianzas entre los (parlamentarios) no populistas de centro, izquierda y derecha”, afirma el también exsuperintendente de Pensiones, quien repara que la “ola” populista cruza todos los sectores políticos.

El director y fundador de Criteria, Cristián Valdivieso, recuerda que la crisis económica derivada de las paralizaciones productivas en la pandemia pudo sortearse con relativo éxito gracias a las millonarias transferencias y “liquidez artificial” generada por los retiros desde las AFP y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Mientras el gasto público creció el año pasado más de un 33%, la sola entrega del IFE superó los US$ 20 mil millones, lo que potenció la espiral inflacionaria actual y deterioró el déficit fiscal en un histórico 7,6% del PIB, coinciden los expertos.

“Ese exceso de liquidez fue lo que palió los síntomas en ese momento, pero también agravó la enfermedad. Entonces, hoy estamos atrapados. De esta forma, la real crisis económica se está empezando a producir ahora, cuando ya se acabó esa liquidez”, afirma Valdivieso, quien alerta por el impacto que tendrá el aumento del desempleo y una inflación aún en dos dígitos.

“Vamos a vivir una fuerte tensión con un Parlamento que va a empezar a empujar medidas que van a tener mucho eco en la sociedad para producir liquidez, y que son medidas que ya se sabe que terminan generando más inflación y, por lo tanto, agrandando la enfermedad”, añade Valdivieso.

De hecho, un reciente estudio de Criteria sobre el impacto de la espiral inflacionaria en la percepción de los chilenos muestra un respaldo a medidas que ya están en la agenda de los parlamentarios.

La encuesta sondeó las fórmulas que la población considera más efectivas para contener el proceso inflacionario. Bajo este contexto, la reducción del IVA para productos básicos de la canasta de alimentos (60%), aumentar el sueldo mínimo (51%) y control de precios por parte del gobierno (50%) concentraron las elecciones de los encuestados por Criteria. Por contrapartida, un bono subsidio de compra de productos específicos solo fue considerado muy efectivo por el 32% de la población, reveló la encuesta de julio pasado (ver infografía).

El coordinador macroeconómico de Clapes UC, Hermann González, es tajante en alertar sobre los efectos negativos de los retiros de fondos y las excesivas transferencias fiscales del año 2021. “Estos efectos pasaron de ser un riesgo en el cual el sistema político no creyó a ser un hecho real y concreto que hoy nos afecta a todos. Tales medidas son las principales responsables del aumento de la inflación y de las tasas de interés, así como de las dificultades para acceder a financiamiento que hoy enfrentan las familias y las empresas. Nadie podría querer repetir ni menos profundizar estos efectos”, advierte el economista.

Para los analistas, el debate sobre cuáles serán las medidas que debieran paliar los efectos de la “tormenta perfecta” de recesión, alta inflación y mayor desempleo será una batalla más entre las “dos almas” del conglomerado de gobierno, cuyo capítulo más reciente se vivió con la aprobación en el Congreso del acuerdo comercial TPP11.

“Va a haber mucha tensión en el mismo gobierno, porque en su interior probablemente vamos a encontrar dos miradas que son distintas: una que buscará evitar que el gobierno se vaya al suelo y tenga un desplome de credibilidad y confianza, y otra que no está dispuesta a empujar políticas públicas que tienen efectos nocivos”, afirma Valdivieso, quien cree que el gobierno deberá entregar algún tipo de ayuda de manera de no desfondar su popularidad.

Incluso, anticipa que, dependiendo del tipo y magnitud de ayudas del gobierno a las familias en la etapa más dura de la recesión, se generará una tensión no menor entre el oficialismo y el Banco Central, cuya misión principal es controlar la inflación.

“Si el gobierno en algún minuto se ve empujado a competirle al populismo del Parlamento y ese empuje hace al gobierno soltar ciertos principios de cuidado fiscal, posiblemente terminemos en un IFE no tan acotado que genere más inflación”, advierte el especialista, quien alerta por la incómoda posición en que quedaría el ministro Marcel ante un nuevo retiro desde los fondos de pensiones. Marcel, de hecho, logró frenar el último retiro en el Congreso, pero a un alto costo que implicó incluso lanzar una propuesta alternativa de retiro de ahorros acotado, para el pago de deudas.

Desde el mundo político el análisis es compartido. El senador de Renovación Nacional (RN)e integrante de la Comisión de Hacienda. José García Ruminot, cree que para el mundo político y el gobierno será difícil enfrentar las amenazas populistas, y alerta sobre los nocivos efectos que podrían traer a la economía y la inflación nuevas y masivas transferencias de recursos.

“Sería muy complejo que el Congreso volviera a poner sobre la mesa proyectos de retiro de pensiones que, si bien son muy populares, ya sabemos que producen un efecto muy negativo en las pensiones y en la disponibilidad de recursos para la inversión del país”, afirma García, quien es partidario de entregar, eventualmente, ayudas focalizadas a las familias más necesitadas.

Los expertos coinciden en que la mejor forma de enfrentar las amenazas populistas es que el gobierno logre anticiparse a las propuestas más complejas que vendrán desde el Congreso y construir un relato lo más pronto posible.

Para la diputada de Convergencia Social y miembro de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, es necesario establecer un espacio de conversación entre el Congreso y el gobierno para ir en ayuda de las familias que más lo necesiten durante los próximos meses.

“Se pueden analizar mecanismos relacionado con la creación de empleos. Hay que buscar medidas que nos permitan desde el diálogo tener responsabilidad fiscal y evitar una mayor inflación”, afirma la diputada.

El economista de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, cree que será muy difícil para el gobierno mantenerse apegado estrictamente a sus propias reglas fiscales y recomienda establecer una narrativa que diferencie la crisis de 2020 y 2021 de la actual realidad. “Va a ser muy difícil que no haya dulces (transferencias). La realidad va a llevar a que haya dulces, por lo tanto, hay que preparar ese escenario en que el gobierno deba ceder en alguna medida”, afirma Larraín. “El riesgo de que se encauce mal esta discusión es alto y, por lo tanto, hay que trabajarlo desde ya con las fuerzas aliadas de la razonabilidad y del no populismo”, complementa.

Sobre todo aquello tiene conciencia también el jefe de Hacienda, quien anticipó a Pulso hace dos semanas que hay espacios para responder a la crisis por la vía de la reasignación de recursos. “Hay distintas formas para responder a una coyuntura que sea más negativa para las personas”, enunció. Y agregó: “La cuestión es ser selectivo en términos de a dónde se van a dirigir esas ayudas y la fundamentación de las mismas. Durante este período se ha recuperado bastante la racionalidad en el manejo de las finanzas públicas. No me refiero sólo al gobierno, sino que también al Parlamento, que nos ha apoyado en muchas decisiones difíciles”, dijo entonces, enviando además mensajes a un Congreso del que requiere respaldos.

Hermann González, de Clapes UC, va más allá y dice que una clave para aminorar una ola populista desde el Congreso es reducir la incertidumbre y atenuar el ciclo contractivo de la economía mediante la aprobación de grandes proyectos de inversión y el reforzamiento de la seguridad y el orden público. “Si la economía tiene una recesión corta y de baja intensidad, se reducirán los espacios para la promoción de medidas populistas. Mientras más profunda y prolongada la recesión, mayores los riesgos”, concluye el economista.