El 16 de agosto entró en vigencia la denominada Ley de la Jibia, que limita los artes de pesca utilizadas para la captura del recurso, dejando de lado la pesca de arrastre de los industriales.

A casi 15 días de su implementación, algunas empresas, como Landes, ya concretaron los primeros despidos y la evaluación del sector industrial es que podrían venir más. En total, se estima un impacto de 1.700 puestos de trabajo, entre empleados y pymes prestadoras de servicio, sin considerar los empleos indirectos.

El lamento general de la industria es la poca certeza jurídica y el debate parlamentario alejado de los criterios técnicos, y temen que este proceder se pueda llevar a cabo en otras discusiones legislativas relacionadas con la pesca.

Los pescadores artesanales, en cambio, celebran la medida y ven nuevas posibilidades de explotación de la jibia, dada su migración hacia la zona norte del país. Afirman que la ley asegurará la sustentabilidad del recurso y que más pescadores pueden entrar a su explotación.

Pena y sorpresa son las que tiene Macarena Cepeda, presidenta de Asipes, por la situación de la pesca industrial de la jibia, y de la que responsabiliza a la ley que regula la captura del recurso. "Vemos que la discusión técnica y con argumentos ha pasado a segundo plano. En cambio lo que permanece son las pancartas, los eslóganes. Aquí se está debilitando la certeza jurídica y la estabilidad que ha caracterizado a Chile y la institucionalidad sobre la cual ha basado su desarrollo económico".

¿Le queda alguna opción de desarrollo a la pesca industrial de la jibia tras la ley?

-Con esta ley se le pone una lápida a este tipo de pesca industrial. Aquí no hay posibilidad de capturar jibia con otros artes, porque la ley no lo permite, por lo tanto, hoy la consecuencia inmediata son los despidos y, por cierto, que precariza la actividad y la estabilidad.

¿Se puede reconvertir a esos trabajadores?

-Es bien complicado, porque la pesca industrial es una actividad que entrega trabajo formal y de calidad, con sueldos promedio que están por sobre otras actividades productivas. Los trabajadores de planta promedian sobre los $650.000 y los de flota sobre el millón de pesos. Estamos hablando de trabajadores que tienen la escolaridad básica incluso incompleta. Más del 50% de quienes trabajan en la jibia son mujeres jefas de hogar que han sacado adelante a su familia.

El gerente general de Landes responsabilizó al gobierno. ¿Coincide en esa visión?

-Sentimos que el gobierno actuó tarde, que si bien desde un comienzo este proyecto fue declarado como inconstitucional, el gobierno no tuvo la fuerza para imponer estos argumentos. Echamos de menos a un gobierno más activo y preocupado del bien común y velando por buenas decisiones. No estuvo presente y creemos que eso le hizo un daño a la discusión.

¿Piensan llevar adelante alguna acción como gremio?

-Más que ver qué vamos a hacer con la jibia, lo que le pido a nuestro gobierno son mayores certezas jurídicas, porque sin certeza jurídica poder proyectar la actividad de la jibia o cualquier otro tipo de reconversión asociado a la actividad pesquera, la verdad es que resulta muy difícil.

En Sonapesca, federación que agrupa a 10 gremios de la pesca, crustáceos, miticultura y algas, lo sucedido en la tramitación de la ley de la jibia les preocupa, pues creen que se podría replicar en otras aristas de la Ley de Pesca.

¿Por qué les preocupa la aprobación de la ley?

-La Ley de la Jibia ha sido el mejor ejemplo de las implicancias que tiene sacar leyes a la rápida, y no queremos que eso pase con la Ley de Pesca. Los cambios drásticos desincentivan la inversión, destruyen empleos, y la productividad.

¿Como gremio van a tomar alguna acción? ¿Hay espacio para ellos?

-Vamos a recurrir a todas las instancias judiciales para revertir esto, que lo están viendo los abogados de Sonapesca.

¿Faltó diálogo en esta discusión?

-El gran ausente fue la información técnica y el debate y los resultados quedaron a la vista: una mala ley que está entregando a un grupo minoritario de artesanales todo el negocio, lo que consiguen con amenazas y violencia.

Lo mismo se dijo de la actual Ley de Pesca: que fue hecha a la medida de la industria...

-¡Por el contrario! disminuyó nuestras cuotas de captura en 200 mil toneladas, incorporó la licitación del 15% de las cuotas no artesanales y aumentó fuertemente nuestra carga tributaria, además de modificar las licencias de indefinidas a renovables cada 20 años.

¿Cómo esperan ustedes que se dé la discusión en torno a la Ley de Pesca?

-Nuestro llamado es a realizar un diálogo amplio sobre la ley vigente, sin urgencias injustificadas, porque esto genera incertidumbre en el sector y daña la economía. Con la jibia ya vemos los efectos que trae legislar rápido y sin información técnica. Un buen proyecto de ley es fundamental para tener una buena regulación y generar efectos virtuosos en la economía.

¿Y qué es para ustedes una buena regulación?

-Una que no sacrifique a un sector en beneficio de otro, pero en detrimento de todo un sistema, que no privilegie la urgencia electoral por sobre el debate técnico y que no sacrifique el futuro de la pesca por el presente de unos pocos.

En la otra vereda del conflicto están los pescadores artesanales, quienes defienden la ley, ya que a su juicio generará la sustentabilidad del recurso.

"Esto no es una parcela donde se planta y se cosecha cada año. Mientras menos capturemos y más valor agregado le demos, es la forma de mirarlo", dice Pascual Aguilera, representante de la Coordinadora Nacional de Jibieros, que tuvo un rol clave en el rechazo a la propuesta de aplazar la entrada en vigencia de la ley.

La industria dice que fue una ley hecha a la medida de los artesanales...

-La industria tiende a arrasar y cuando no queda ningún recurso vivo en el mar toman sus barcos, venden sus plantas y lo invierten en inmobiliarias o líneas aéreas. Hoy los jibieros vamos en el camino correcto, porque abrimos los ojos de un montón de gente. Siempre fuimos depredados por la industria y dejados de lado por los parlamentarios, pero llegó una nueva camada de dirigentes al sector artesanal y una nueva camada de parlamentarios al Congreso. Cuando se conjugan esas dos cosas, creo que vamos por el camino correcto.

Se habla de 1.700 despidos en el sector. ¿Cómo ve la cifra?

-La amenaza del desempleo es desde siempre. Yo le pregunto a la industria si solo los empleos de ellos cuentan. Y son, además, empleos temporales, porque garantizo que ninguno de los finiquitados tenía un contrato indefinido. Tengo una relación muy cercana con ellos, yo no soy enemigo de la industria. Con ley o sin ley, los iban a finiquitar igual en agosto, porque en esa fecha la industria cumple su cuota de captura.

La industria alega que ustedes solo han pescado el 3% de la cuota...

-Estoy por la sustentabilidad de los recursos. Me alegro que capturemos el 3%, porque significa que más tiempo va a durar el "bichito" (sic) en el agua. Siempre argumentan que los artesanales no hemos sido capaces de capturar la cuota y que eso nos va a perjudicar con la ORP, pero este organismo lo único que hace es regular cuotas de pesca fuera de las 200 millas y Chile no ha pescado ninguna jibia fuera de las 200 millas. Es otra bravata más.

¿Pero van a poder cumplir con el porcentaje restante?

-Que no capturemos la cuota no es porque no seamos capaces, sino porque la jibia no estaba. Pero ahora que apareció en la zona norte del país, donde prácticamente no está desarrollada esta pesquería, estamos pensando que se debe tomar alguna medida seria como que se abran los registros para que más pescadores artesanales se inscriban y puedan capturar el recurso.

¿Qué cree que va a pasar con la industria?

-Yo creo que la industria va a tener que hacer lo que siempre hizo: comprarle la jibia al sector artesanal y yo voy a sugerir que se abran los registros, porque mientras más pescadores artesanales tengan el recurso, más posibilidad tenemos de capturar la cuota.