Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF, compareció este miércoles por segunda jornada consecutiva ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Topelberg busca salir de Capitán Yáber, el recinto penitenciario en el que se encuentra desde el 20 de abril, tras ser formalizado por presuntos delitos tributarios y estafa, y para ello pidió declarar directamente ante el tribunal.

En su segunda jornada de extensas declaraciones, el ingeniero en ejecución en administración de empresas detalló cómo destrabó la operación de venta de las acciones de los Jalaff en el Grupo Patio a Eduardo Elberg y Paola Luksic, que tenía bloqueada judicialmente.

Topelberg es aficionado a la coctelería, el tarot y la serie ‘South Park’. Le gustan las series de Marvel, la publicidad y el marketing y, a diferencia del día anterior, en que acudió con una polera, esta vez llegó al tribunal con un chaleco amarillo y esposado de manos y pies. Según relató, la caída de Factop ha provocado una debacle financiera para su familia, indicando que tanto él como su madre y su hermana han solicitado préstamos por un total de US$30 millones.

En esta ocasión, fue el turno de los querellantes para interrogar a Topelberg. El abogado Jorge Gálvez, representante de Global Fund, formuló varias preguntas sobre la operación mediante la cual Topelberg vendió los derechos litigiosos para lograr destrabar la venta de Patio.

“Si mal no recuerdo, podría ser el abogado (Sebastián) Oddó quien está involucrado en todo el mecanismo en el que estoy cediendo las acciones, o autorizando su venta, a cambio de recibir este pago”, señaló Topelberg.

Cuando el abogado le preguntó: “¿Para quién trabaja el señor Oddó?”, Topelberg respondió: “Asumo que para el Grupo Patio o para gente relacionada con el Grupo Patio. En este momento, sabía que la conexión era con el Grupo Patio. Pero, ¿para quién trabaja específicamente? Lo desconozco”.

El fondo Global SME Growth, de la empresa inglesa Advance Global Capital (AGC), presentó en junio una querella por el eventual delito de lavado de activos en contra del socio de compañía chilena Factop Rodrigo Topelberg, y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. En la acción penal acusó un perjuicio de $10.400 millones.

Toperlberg también indicó que dentro del Grupo Patio, “el señor Eduardo Elberg” le compró los derechos litigiosos. “Cuando estoy con el señor Oddó haciendo esta transacción, esta gente del Grupo Patio estaba en la misma oficina. Todos estábamos firmando. Ayer mencioné cuánto dinero recibí: fueron $4.000 millones”, añadió.

“Tengo ese dinero invertido. De ese monto, extraje los $400 millones que estoy entregando al tribunal”, destacó, agregando que una semana antes de entrar en prisión preventiva cerró la operación, con la asesoría de su equipo legal, tributario y su familia.

Topelberg también detalló sus ingresos: “El 25% de la sociedad de Factop que está bajo sociedades de inversión o a nombre de mi hermano, generaba $ 60 millones anuales”, dijo en relación a los dividendos que generaba el negocio de factoring para su familia.

Según él, durante los últimos dos años no recibió utilidades de Factop y “cuando las recibía, las recibía las recibía tarde y perdonando la expresión, había que sacarlas con sopapo, nunca querían pagar”.

Asimismo, el ex ejecutivo y socio del factoring reconoció haber recibido dinero proveniente de facturas falsas.

En su declaración, también mencionó al expresidente de BancoEstado, exsuperintendente de Pensiones y exsuperintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, y Sebastián Somerville, ex presidente de la corredora de bolsa STF, que formaba parte de las empresas del grupo de los hermanos Sauer y Topelberg.

“Sebastián Somerville me decía: ‘aquí algo huele mal’ y Guillermo Larraín me dijo: ‘voy a parar la auditoría, porque no me gusta cómo se ve’. ¿De tanto?, es lo que dije. No sé cuánto habrán avanzado, la verdad es que no lo quiero descubrir”, sostuvo.

Topelberg sostuvo que Guillermo Larraín le dijo que “no iba a facturar ni a STF ni a ninguna sociedad en la que estuviéramos nosotros”. La asesoría tuvo un costo de $35 millones, afirmó.

“¿Quién factura a STF por el trabajo del señor Larraín?; ¿Cómo sale esa plata?”, le preguntaron.

“Nunca le alcancé a facturar yo a STF por lo que hizo Larraín, él facturó a Rodrigo Topelberg, como persona natural. Las facturas de él, eran exentas de IVA, entonces, igual daba lo mismo, que me facturara a nombre de mi persona”, acotó.

Guillermo Larraín confirmó a Pulso haber efectuado una asesoría a Rodrigo Topelberg durante los meses de mayo a junio de 2023. “Me contactó la corredora de bolsa para hacerles un plan de relanzamiento. De las conversaciones iniciales pensé que el problema era de desorden administrativo. La idea era ordenar la corredora y empezar a buscar socios estratégicos nuevos, con reputación y espaldas financieras”, explicó.

Al igual que ayer, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago Carolina Araya volvió a impedir la presencia de periodistas en la sala. El pasado lunes, la magistrada explicó la razón: “Las audiencias son públicas, en efecto, pero son materias más complejas y demandan más concentración de todos los intervinientes y del tribunal especialmente. Las personas a veces no entienden eso. Entonces, circulan, hay un paseo. Y esa es la única razón por la que hice salir a la gente”.