“Licitaciones sospechosas”: el concurso de casinos sin competencia que originó la investigación por colusión

“Yo te puedo descartar tajantemente la participación mía y de nuestra empresa”, dijo el presidente de Marina de Sol (MdS), Nicolás Imschenetzky, a Pulso en agosto de 2022. Su casa había sido allanada días antes en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica por una presunta coordinación entre él, el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm, y el presidente de Enjoy, Henry Comber, en el marco de la licitación de 2021. En esa respuesta, Imschenetzky negaba su participación en un cartel. A fines de 2022, se delataría ante el organismo antimonopolio.

La industria de casinos de juegos es regulada por la Superintendencia de Casinos. Existe un máximo de salas que pueden operar, una distancia mínima que deben tener entre ellas, retornos máximos que pueden generar las máquinas, un impuesto al valor de la entrada predeterminado y así... suma y sigue. Una estructura normada que había mantenido a la FNE alejada de este mundo hasta febrero de 2022. Una denuncia anónima puso la mira en la última licitación, la de 2021. Se acusó a los tres principales actores de distribuirse las plazas de postulación. Una denuncia que sería refrendada por un informe realizado por el abogado Javier Velozo a Marina del Sol. “Conforme a todo lo expuesto, ausente una explicación alternativa de MdS y confirmada la participación de la compañía en un acuerdo o práctica concertada anticompetitiva, la recomendación de este informe es colaborar con la justicia y confesar el cartel”, se lee en el reporte.

El lunes, Dreams -que no se ha referido públicamente al tema- mandó una comunicación interna negando los hechos: “La información publicada proviene de un ejecutivo que es parte de una empresa competidora (...) Estamos tranquilos por el comportamiento institucional de Dreams”.

Pero ¿qué pasó hace dos años que dejó a la industria en jaque? “Las licitaciones sospechosas”, las llamó el reporte de Velozo.

Fue la tercera gran licitación de casinos en el país. La primera fue la de 2005; luego vino la de los casinos municipales en 2018, y finalmente la de 2021 que justamente buscaba renovar aquellas concesiones asignadas en 2005. Se ofertarían doce plazas: Calama, Antofagasta, Copiapó, Colchagua, Talca, Mostazal, Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas. Luego se sumarían San Antonio y Rinconada. Todas vencían entre 2023 y 2024.

La pandemia y el estallido social que paralizó por varios meses a los casinos incorporó un ingrediente adicional al proceso. De hecho, la licitación debía partir en julio de 2020 y se aplazó hasta fines de 2021. La industria intentó paralizarla aduciendo que no tenían acceso a boletas de garantía.

A ello se sumaron discrepancias con la SCJ por un cambio normativo en 2015. Los incumbentes aseguraban que a ellos les correspondía el marco de 2005, que indicaba que el proyecto de inversión realizado se consideraría en la renovación, lo que prácticamente garantizaba retener la plaza por 15 años más. En 2015, no obstante, se cambió esa fórmula por una donde primaba la mayor oferta económica, una figura que implicaba que los postulantes debían ofrecer un monto adicional a los impuestos respectivos y que iría directamente a los municipios. Aquello se agregó para garantizar que los casinos municipales -que hasta 2018 operaban al margen de la SCJ y tenían un acuerdo directo con el municipio- siguieran recibiendo lo que obtenían previamente. La ley general antes establecía sólo la entrega de un 10% de los ingresos para el municipio y 10% para el gobierno regional, en instancias en que, por ejemplo, el casino de Viña del Mar -en calidad de municipal- aportaba más de un 40% a la alcaldía. Con la oferta económica se compensaba esa diferencia.

“Ahí empieza lo que nosotros creemos es una confusión que, por solucionar el tema de las licencias municipales, se enredan las dos cosas. Se produce un enredo en la legislación, una confusión entre lo que es una industria que quiere desarrollar la infraestructura turística, y otra industria que quiere maximizar la recaudación”, señalaba Jaime Wilhelm en mayo de 2022 ante la FNE en el marco de la fusión de Dreams con Enjoy. “Nosotros iniciamos la operación en agosto de 2016, en ese momento estaba vigente una ley que de alguna manera, por el grado de inversión que habíamos hecho, nos daba un horizonte de planeamiento del orden de 30 años, no de 15 como la de hoy. Y en el medio, la verdad que de una forma irracional, cambian las normas de juego y nos dejan totalmente desprotegidos”, subrayó en igual instancia en junio de 2022 el director general del Grupo Boldt-Peralada de Boldt -que opera el casino de Ovalle- Fernando Tiano.

Sólo para postular se requieren unos $ 200 millones por plaza: el operador debe presentar garantías equivalentes al 5% del monto de la inversión comprometida y una garantía por la oferta económica que depende de la comuna, pagar un costo de postulación de 1.000 UTM a la Superintendencia y presentar todos los estudios pertinentes del proyecto a desarrollar.

Con todos esos antecedentes, los operadores intentaron suspender el proceso con sendos recursos en tribunales, alegando que la oferta económica había sido solo para los municipales y que a ellos les correspondía seguir con la normativa con la cual habían ganado la plaza en 2005. Si bien algunos de esos recursos se acogieron -y se suspendió el proceso por Talcahuano, Monticello y Punta Arenas-, al final del día la licitación transcurrió igual, aunque parcelada: se recibieron ofertas para nueve plazas el 18 de octubre de 2021; para dos el 19 de noviembre de ese año; y para una -Monticello- el 7 de enero de 2022. San Antonio y Rinconada quedaron para el 23 de febrero.

Días antes de ese 18 de octubre, exactamente el 4 de ese mes -según detalla el informe realizado por Javier Velozo- se celebró una reunión “de manera clandestina en las oficinas de Dreams”. Imschenetzky le pidió a Wilhelm -se lee en el documento- organizarla a través de la aplicación Confide para no dejar rastro. El ingreso a las dependencias fue clandestino. Participó también el presidente de Dreams, Claudio Fischer. Reconocieron que no podrían suspender la licitación. Y apuntaron a no destruirse. Imschenetzky “tuvo la tranquilidad de que Dreams no disputaría Talcahuano (tampoco Osorno y Calama), razón por la cual ya no tenía ningún sentido arriesgarse a postular a Temuco”, dice Velozo en su informe.

Si en 2005 participaron 61 sociedades para 15 plazas, con múltiples inversionistas internacionales, como los españoles de Cirsa, los panameños de Thunderbird, entre otros; en 2018 compitieron sólo Enjoy y Dreams, y en 2021 fueron siete grupos.

Al final del día, la licitación de 2021 terminó sin cambios. Todos fueron a defender sus plazas. No hubo competencia. Enjoy retuvo Los Ángeles, San Antonio, Rinconada y Antofagasta. Dreams mantuvo Monticello, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Sólo Marina del Sol postuló a dos plazas adicionales: Copiapó que luego desechó por los costos de construcción, y Talca, que fue desestimada por la autoridad. Al final mantuvo Talcahuano, Calama y Osorno. Luckia fue por Copiapó, y el grupo Cardoen por Colchagua. Todos, en las mismas ubicaciones que tenían. Nadie amenazó a nadie.

“Lamentablemente, las condiciones, ¿no es cierto?, económicas internacionales y del país, hicieron que a lo mejor no participara nadie más, pero fuimos los únicos también que participamos en una licencia adicional a la que teníamos, que fue en el caso de Talca; también habíamos colocado una oferta por el casino en Copiapó, pero la terminamos desechando por los costos de construcción”, diría Nicolás Imschenetzky a la FNE en el marco de la fusión Dreams con Enjoy. Justamente Copiapó y Talca eran las únicas plazas no pertenecientes ni a Dreams ni a Enjoy.

El informe de Velozo asegura que es “llamativo” que Marina no haya postulado por Temuco si había realizado grandes esfuerzos, e invertido considerables recursos. Temuco se mantuvo en manos de Dreams.

Un ejecutivo conocedor de la industria asegura que él intentó invitar a operadores internacionales para que participaran, y declinaban hacerlo asegurando que la figura de la oferta económica hacía muy complejo el negocio: debe pagarse durante los 15 años y si el operador desiste del proceso una vez abierta la oferta, corre el riesgo de que le cobren la boleta de garantía, que son tres veces la oferta económica.

“Yo creo que se asustaron con este tema del cambio en las reglas del juego de Chile, digamos. Y por otro lado, lamentablemente la época en que se hace este último proceso de renovación tampoco acompaña a un proceso muy competitivo. ¿Ustedes saben en qué fecha había que entregar las ofertas en persona para las licencias? El 18 de octubre de 2021. Es decir, un viernes, el día de la conmemoración del estallido social, había que entregar las ofertas a dos cuadras de la Plaza de Armas”, decía Jaime Wilhelm ante la FNE. La autoridad finalmente cambió el lugar al Estadio San Jorge del Banco Estado, en Las Condes.

En 2018, las Ofertas Económicas llegaron a superar las 831.000 UF. Tal fue el caso de lo que ofreció Enjoy por Viña del Mar, lo que se traducía en un 51% de los ingresos del casino. Ese año, la menor oferta fue del mismo operador, pero por Pucón, llegó a las 121.000 UF, un 32% de sus ventas.

Las de 2021, fueron notablemente más bajas. Por ejemplo, por Monticello, Dreams ofertó UF 25.667, equivalente a un 0,8% de los ingresos del casino; de hecho, Enjoy ofreció prácticamente lo mismo -UF 22.532- por un casino bastante más pequeño en Los Ángeles. Por Talcahuano, MdS propuso UF 10.969, un 2% de los retornos de esa sala. La mayor oferta económica la propuso el grupo español Luckia para defender Copiapó. Ofreció UF 76.151 -un 18% de las ventas de la sala de juego, la relación más alta de todas las presentadas-. Ese monto fue el único que superó las UF 26.000 y la única -junto con el grupo Cardoen en Colchagua- que dijo relación con un actor distinto de Enjoy, Dreams y Marina, las tres empresas que investiga la FNE.

Fuentes de las empresas investigadas aseguran que la razón de esa disminución fue, en primer lugar, que no había un piso mínimo a ofrecer, como sí se estableció en 2018 para los casinos municipales. El mínimo de Viña del Mar era del orden de los 500.000 UF. A ello se sumó la débil situación financiera en la que se encontraban los casinos. Enjoy, por ejemplo, acababa de salir de un profundo proceso de reorganización financiera.

En el entorno de este último operador precisan que se hizo un trabajo en detalle de cada plaza y de cuánto podían ofrecer. De hecho, llegaron a todas las postulaciones con dos sobres, uno con una oferta superior por si se topaban con competencia a la hora de entregar su propuesta. En tres plazas -Los Ángeles, San Antonio y Antofagasta- dejaron el sobre más alto, y sólo en Rinconada, licitada de manera independiente, el más bajo. “Enjoy no tenía ninguna claridad de si iba a ver competencia o no”, dicen cercanos a la compañía.

En todos los operadores explican, además, que no era complejo detectar si habría competencia. Las compañías deben crear sociedades específicas para la plaza que postularán y registrarlas en el Diario Oficial, por lo que se podía hacer ese arqueo. Además, deben comprar un terreno en la zona y eso puede verse en los conservadores de Bienes Raíces respectivos. Con esos argumentos contravienen el hecho de que no hubo competencia porque se habrían puesto de acuerdo en las plazas.

Enjoy, de hecho, intentó sumar dos casinos más: Talcahuano y Rancagua. En el primer caso, no encontraron inmueble; mientras en el segundo estuvieron a un paso de cerrar la compra de un inmueble a Cencosud. Una semana antes de la presentación de ofertas, el 18 de octubre de 2021, el retailer desistió de hacer la transacción, lo que anuló su posibilidad de postular.

Conocedores del sector precisan, sin embargo, que si bien se puede detectar las sociedades que se crean en el Diario Oficial para sondear una posible competencia, de ser así las ofertas deberían haber sido mayores, porque aquello hacía presumir una futura competencia. Dreams, por ejemplo, creó ocho sociedades para ir por Antofagasta, Calama, Copiapó, Los Ángeles, Osorno, San Fernando, Talca y Talcahuano. Al final ofertó sólo por las plazas que tenía. Marina de Sol constituyó siete sociedades para competir por Antofagasta, Copiapó, Mostazal, Talca, Temuco, Valdivia y Punta Arenas. Al final fue por cinco de ellas.

En la licitación de 2018, las empresas llegaban a presentar sus proyectos con cajas con el nombre de las plazas y las entregaban públicamente en la audiencia de recepción de ofertas. En 2021, la autoridad decidió separar a las empresas por sala para que fuera imposible saber por cuál plaza irían y así despejar la posibilidad de que las compañías supieran si tendrían competencia o no.

De hecho, en un informe que ingresó la FNE en una causa que lleva adelante el TDLC por una consulta de la Corporación Meier, señaló que “a partir de la asesoría experta contratada por la Superintendencia, se adoptaron algunas medidas para evitar colusión”. En ella detalla el hecho de que la mayor cantidad de permisos se licitarán en un solo proceso para motivar la participación de nuevos actores; que las sociedades postulantes pudieran presentar sus ofertas técnicas -se ingresan previo a la oferta económica- mediante soportes electrónicos, y limitar las comunicaciones entre la SCJ y los oferentes a instancias excepcionales y formales.

Al final del día, todas las plazas se asignaron, con excepción de Antofagasta, de la cual Enjoy se desistió de participar, y Talca, que el mismo día de la presentación de ofertas, la Corporación Meier optó por no postular. En enero de este año se reabrió el proceso por ambos cupos.

Ello, mientras en paralelo el grupo Meier pidió la semana pasada a la SCJ anular la licitación de 2021 por presunta colusión. La primera concesión que debiera empezar a operar a la luz de esa licitación es Los Ángeles, en tres meses más.