Los complejos últimos años de los factoring: ¿Es necesaria mayor regulación?

Primero fue Primus Capital, luego Factop, y la semana pasada SMB. Desde 2023, han ocurrido una serie de casos relativos a esquemas defraudatorios en compañías de factoring, situación que incluso llevó a que recientemente el Banco Central se pronunciara.

En su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre, el Emisor realizó un completo análisis de la industria, y explicó que “la industria del factoring está constituida por empresas sujetas a esquemas de regulación heterogéneos, dependiendo de los distintos bienes jurídicos que resulta relevante proteger”, donde por una parte están los bancos, sujetos a la Ley de Bancos, y por otra las empresas de factoring sujetas a fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su calidad de emisores de valores.

En el análisis, el IEF detalló que entre 2009 y 2024 el factoring aumentó desde un 1,5% (US$ 4.100 millones) hasta aproximadamente 2,7% del PIB (US$ 5.800 millones a junio de 2024), donde el factoring bancario representa en torno al 74%, mientras que las empresas emisoras de valores son el 23%. Sin embargo, existe un tercer grupo de empresas no reguladas que, por sus características e insuficiente información, “no son fáciles de dimensionar. Su nivel de actividad y grado de formalización es muy diverso. Se estima que estas empresas tienen una participación de mercado de 2% aproximadamente”.

Sobre este grupo de empresas, es donde el Banco Central apeló a la necesidad de contar con mayor información: ”ampliar la disponibilidad de información de este tipo de empresas sería beneficioso en tanto problemas en ellas pueden afectar la reputación del resto de la industria”.

¿Es necesario regular la industria? Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), señala que ya en el contexto de la implementación de la Ley Fintech, se incrementará el número de compañías dedicadas al factoring que entrará en el perímetro regulatorio. “Los factoring no bancarios que prestan servicios a través de medios tecnológicos deberán solicitar su inscripción y autorización para operar a la CMF. De este modo, quedarán sujetas a la fiscalización de dicha Comisión, y deberán cumplir con los requisitos que establece la ley en materia operacional, patrimonio, garantías, gobierno corporativo y gestión de riesgo, entre otras”.

No obstante, apunta que “quienes presten el mismo servicio (intermediación de valores), pero a través de medios distintos a los digitales, no requieren inscribirse en la CMF y, en consecuencia, tampoco deben cumplir la normativa de aquellos factoring inscritos en la CMF -simplemente porque no prestan sus servicios a través de medios tecnológicos”.

Así, explica que “ante la existencia de esta asimetría regulatoria, la CMF podría proponer al Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda, las normas legales y reglamentarias que aseguren la adecuada información y funcionamiento al mercado”.

Por su parte, Enrique Tenorio, presidente de EFA, asociación gremial de Empresas de Servicios Financieros, indica que “toda iniciativa coherente y consistente tendiente a propiciar el financiamiento inclusivo a las pymes en un entorno transparente es bienvenida y la apoyamos como gremio de la industria”. Junto con ello, explica que “hemos estado trabajando de cara a la CMF para generar una regulación que privilegie la competencia y reconozca las particularidades del factoring como una herramienta clave para el financiamiento de las pymes”.

Pero en el mercado existen otras miradas. Por una parte, la regulación tiene un costo y podría implicar un incremento en las tasas de los factoring, pero adicionalmente, y más relevante, es que los factoring que no son emisores ni filiales bancarias, no captan recursos vía depósitos ni inversionistas a través de instrumentos de deuda, sino que trabajan con su propio capital.

“Es una industria casi sin barreras a la entrada”, dice el gerente general de un banco que prefiere mantener su nombre bajo reserva. Pero dicha visión es compartida por otros actores, incluso gestores de fondos que invierten en facturas. Y para todos la génesis es la misma: existe un problema de control operacional, pues en esa área donde deben revisarse los riesgos de los emisores, así como eventuales problemas en gobiernos corporativos, independiente de la calidad del gobierno corporativo. A lo que se suma que en época altamente competitiva, como la actual, se pueden tomar más riesgos de los necesarios.

En marzo de 2023, Primus Capital realizó una auditoría interna que desencadenó la mayor crisis en la historia de la compañía. La empresa de factoring, controlada por el empresario vitivinícola y financiero Raimundo Valenzuela, detectó cheques falsos que respaldaban deudas de una serie de clientes que, en realidad, eran sociedades ficticias en un esquema fraudulento.

Los problemas en la industria continuaron en marzo, cuando la CMF suspendió las operaciones de STF Capital, corredora de bolsa vinculada a los hermanos Sauer, debido a irregularidades en la entrega de estados financieros. Posteriormente, se descubrió una presunta red de corrupción y estafa relacionada con la emisión de miles de facturas falsas por parte de la familia Sauer, dueños de la empresa de factoring Factop, afectando a más de 100 empresas y personas.

Hace dos semanas, SMB, el factoring controlado por Alvaro Fischer y Raúl Alcaíno, también estuvo en el centro de la noticia: los controladores se querellaron contra el exgerente general por fraude interno, acusando un perjuicio de US$12 millones. La situación de la compañía es compleja, a junio - sus últimos estados financieros públicos antes de cancelar voluntariamente su inscripción en la CMF-, detalla activos por $8.621 millones y un patrimonio de $1.785 millones, con pérdidas que estaban en los $1.217 millones.

Los estados financieros detallaban, además, que durante el primer trimestre del este año, parte de los accionistas han aportado recursos bajo la modalidad de créditos subordinados por un total de $7.110 millones.

“Los accionistas han tomado las medidas para abordar diferentes aspectos de la operación y han efectuado aportes financieros, parte enterados durante diciembre de 2023 y otros materializados durante los primeros meses de 2024. Esto da cuenta en forma concreta de la voluntad de los mismos de asegurar la continuidad en la marcha del negocio”, dijo la auditora Mazars en los documentos.

En el caso de Primus Capital, sus resultados a septiembre de este año muestran una mejora. La cartera bruta total disminuyó en un 6,2%, “debido a que la cartera bruta de Chile ha disminuido en un 12,76%, producto de la aplicación de la política de castigos, compensado con el aumentó de Perú en un 9,63%”. Pero para los nueve meses del año, las pérdidas llegan a los $1.370 millones, por debajo de los -$4.891 millones del mismo periodo de 2023.