Luca Antonio Ricci, del FMI: “No serían recomendables retiros adicionales ya que no están bien focalizados”

Si bien la economía de los hogares debe continuar recibiendo un apoyo en el marco de la recuperación económica que se experimenta este año, para Luca Antonio Ricci, jefe de la misión para Chile del FMI -y que hace dos semanas entregó los resultados de este año del informe del Artículo IV sobre el país-, la forma no es con otro retiro de los fondos de las AFP. Aunque reconoce que los anteriores apuntalaron la economía, además de considerar que es una política mal focalizada, destaca el debilitamiento que genera en el sistema de pensiones.

Más allá de este debate, el economista ofrece una mirada bastante optimista de la situación nacional, lo que se basa principalmente en la rápida vacunación que tiene lugar en el país. Asimismo, se muestra confiado en torno al proceso constitucional que se avecina.

¿Qué motivó la segunda corrección al alza de las proyecciones de Chile, hasta 6% en 2021, en poco más de un mes?

-Se prevé que la actividad económica repunte con fuerza en 2021, a medida que los efectos de la pandemia se van atenuando y se reducen las restricciones de movilidad, al tiempo que se mantiene el estímulo a la economía a través de políticas acomodaticias. La mejora de las perspectivas de Chile está relacionada igualmente con la solidez de sus instituciones y la encomiable respuesta de política, ante un shock tan grande y sin precedentes. Las perspectivas se benefician especialmente del impresionante esfuerzo de vacunación, en el que Chile no solo es un líder regional, sino que también se encuentra entre los primeros países a nivel mundial. Revisamos nuestro pronóstico de crecimiento para 2021 en un 0,2, hasta el 6 por ciento, debido principalmente al reciente aumento del precio del cobre, coincidiendo con la mejora de las expectativas del crecimiento mundial, en particular en los principales socios comerciales, como Estados Unidos y China.

¿Qué rol puede jugar el particularmente fuerte repunte de Estados Unidos que se suma con fuerza a la recuperación que ya experimenta China?

-Se prevé que el crecimiento mundial repunte con fuerza impulsado por la mejora de las perspectivas tanto en Estados Unidos como en China. Esta es una buena noticia para Chile, ya que alrededor del 40 por ciento de las exportaciones de Chile se dirigen hacia estos países. Además de estos vínculos directos, Chile también se beneficiará de las mejores perspectivas para el comercio y la inversión y de las condiciones financieras mundiales más favorables.

¿Qué tan relevante es que se mantenga el soporte fiscal a la economía durante 2021?

-La orientación de la política fiscal en 2021 es, en términos amplios, apropiada. Las medidas de estímulo han sido eficaces para contrarrestar los efectos de la crisis. Como lo están haciendo las autoridades (por ejemplo, con las medidas anunciadas recientemente en febrero y marzo), posiblemente sea necesario seguir ajustando las políticas en función de la evolución de la pandemia, tanto en el marco del programa multianual existente como mediante posibles reasignaciones de gastos.

Dado los efectos adversos de la pandemia en la pobreza y la desigualdad, es preciso mantener las medidas ya desplegadas para seguir protegiendo la salud, los ingresos y el empleo. Celebramos las iniciativas adoptadas recientemente, como los cambios incorporados al Fogape, la ampliación de las transferencias a hogares y las medidas para apoyar a la clase media.

Si bien los retiros de pensiones de julio y diciembre de 2020 están respaldando la recuperación, de cara al futuro, no serían recomendables retiros adicionales ya que no están bien focalizados y debilitan el sistema de pensiones. En cambio, en caso de ser necesario incrementar el apoyo, este podría proporcionarse con medidas focalizadas que serían más eficaces para llegar a los más necesitados.

¿Qué oportunidades ofrece para Chile el avance en la vacunación? ¿Cómo se puede ver perjudicado con la demora que tiene en este proceso en los demás países de la región?

-Chile comenzó la vacunación en diciembre de 2020 y su avance ha sido notable. Alrededor del 25% de la población (4,7 millones) ya había recibido la primera dosis a mediados de marzo y las autoridades planean vacunar a la mayor parte de la población adulta (unos 15 millones de personas) durante el primer semestre de 2021.

Este impresionante esfuerzo ayudará a reabrir la economía y limitará las consecuencias a largo plazo en la pobreza y el empleo asociadas a desaceleraciones prolongadas. Prevemos que la recuperación eleve el crecimiento al 6% este año. Sin embargo, es importante que otros países, no solo en la región, sino en todo el mundo, continúen la vacunación. Esto reduciría el riesgo de que surjan cepas más resistentes, permitiría relajar las restricciones e impulsaría la recuperación mundial.

¿Qué prioridades, en términos de recuperación y desarrollo, deben tener los recursos adicionales que ingresarán por el precio del cobre?

-Dado el margen de maniobra fiscal disponible y la capacidad de endeudamiento existente, la política fiscal debería ejecutarse independientemente de las fluctuaciones temporales del precio del cobre. Gracias a la regla fiscal, la cual aseguró que se ahorraran los ingresos extraordinarios del cobre, el país pudo implementar una respuesta amplia, puntual y eficaz para aliviar los costos de la pandemia.

De cara al futuro, el gobierno deberá seguir apoyando a las empresas y los hogares más afectados por la crisis e implementar sus planes para impulsar la recuperación. Actualmente la orientación fiscal para 2021 parece apropiada y las autoridades deben seguir adaptando la focalización de sus medidas para llegar de manera más eficaz a las personas más necesitadas. Naturalmente, si la situación se deteriorara, se justificaría una reacción inmediata.

La protesta social continua prácticamente todas las semanas. ¿Qué riesgos ve en ello?

-A corto plazo, es fundamental que sigamos apoyando a las personas más necesitadas e implementemos políticas para abordar cualquier secuela de la pandemia sobre la pobreza, la desigualdad, el empleo y la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

Abordar las demandas sociales sigue siendo una prioridad importante a mediano plazo y probablemente deberá ir acompañada de aumentos permanentes del ingreso y mejoras de la eficiencia del gasto.

La Comisión de Expertos elaboró recomendaciones valiosas para reducir gradualmente los gastos tributarios, pero, de cara al futuro, estas medidas deben complementarse con esfuerzos adicionales para incrementar la tributación directa (reevaluando las exenciones, deducciones y regímenes especiales, y fortaleciendo la administración tributaria); racionalizar los impuestos indirectos, e incrementar los impuestos ecológicos en consonancia con las normas internacionales.

¿El proceso constituyente es un riesgo al alza, a la baja o tiene un poco de ambos?

-Afortunadamente, se tiene ahora una idea clara del proceso hacia una Nueva Constitución, lo que reduce la incertidumbre. La reforma constitucional brindará al país una valiosa oportunidad para abordar las inquietudes de la sociedad, preservando al mismo tiempo los pilares del sistema actual que han apuntalado el éxito de Chile en las últimas décadas.

La agenda legislativa no tiene muchas expectativas de avanzar. ¿Qué riesgos conlleva eso para asuntos económicos urgentes, como la reforma de las pensiones?

Concertar rápidamente un acuerdo amplio sobre las reformas estructurales y sociales, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica, ayudaría estimular la inversión, la productividad y la confianza, además de promover la convergencia social, fomentando así un crecimiento inclusivo. Es urgente finalizar la reforma de las pensiones para mejorar la suficiencia y la cobertura.

Es esencial llevar a cabo una reforma integral para ajustar las tasas de contribución, la edad de jubilación (especialmente la de la mujer) y los parámetros de solidaridad, promoviendo al mismo tiempo los esfuerzos por reducir la informalidad. También es necesario reformar el sistema sanitario para crear un plan básico universal de salud (mancomunando los riesgos de los participantes públicos y privados), eliminar la discriminación basada en condiciones preexistentes, mejorar la eficiencia del sistema público y reducir el gasto por cuenta propia en medicamentos.