Marcel defiende traspasos desde Corfo, enfatiza que recursos son fiscales y alude al clima electoral

“Terminé mis vacaciones ayer (miércoles), ahora estoy más bien tomándome unos exámenes, así que aproveché de que estaba aquí en Santiago para venir a conversar con ustedes”. Así comenzó la sorpresiva conferencia de prensa que dio el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este jueves, para hacer frente a la polémica sobre los traspasos de US$3.500 millones desde Corfo a los fondos generales de la nación.

En más de 40 minutos, el titular de las finanzas públicas argumentó por qué no hay nada irregular en esta operación financiera. “Pese a que ese reportaje (de The Clinic) reconoce que toda esta operación se hizo de acuerdo a la ley, el tono de denuncia del mismo y las reacciones destempladas que ha generado en parte el sistema político, amerita hacer un esfuerzo por proveer antecedentes que permitan un debate informado, con conocimiento de las normas legales que sobre administración presupuestaria y financiera del sector público sustentaron estas operaciones”, sostuvo.

En esa línea, el ministro de Hacienda valoró que la Contraloría General de la República entregue su opinión del hecho tras un investigación.

“Esto va a permitir que una institución independiente y respetada, provea una opinión técnica alejada de la coyuntura política que desgraciadamente está siendo cada vez más tensionada por la proximidad de los procesos electorales que tenemos hacia fines de años”, afirmó, y dijo que ya le entregaron los antecedentes a la Contraloría.

“En este caso justamente se hizo esta operación para cuidar el patrimonio fiscal, porque si no se hubiera hecho de esta manera habría habido que tomar más deuda, aumentar el gasto en intereses y experimentar una pérdida patrimonial por el diferencial de tasas de interés. Así que es algo que yo creo que cualquier economista, mirando al sector público en su conjunto, debería tener la capacidad de reconocer como una operación adecuada y oportuna”, planteó.

Ahí citó que el artículo de la ley de administración financiera le da las atribuciones a la Dirección de Presupuestos para el manejo de la caja fiscal: “El artículo 22 al 23 de las normas sobre flexibilidad presupuestaria, en el artículo 26, las normas sobre traspaso a rentas generales de la Nación de excedentes de caja de servicios que se autofinancian, eso corresponde al artículo 29 bis, y las normas sobre endeudamiento o crédito público, artículo 50; todas ellas del DL 1263 del año 75. Este principio de unicidad del presupuesto es en buena medida la base de la buena gestión financiera y presupuestaria en Chile a lo largo de los años, pues permite usar recursos potencialmente ociosos en algunos sectores para financiar necesidades prioritarias de gasto en otros, minimizando las necesidades de endeudamiento”.

Sobre ese punto añadió que “este principio también permite mitigar las desigualdades que se producen entre servicios que tienen ingresos propios, algunos ingresos propios sustantivos, versus otros que dependen íntegramente del aporte fiscal. Si uno no corrige, si uno no incorpora todas estas instituciones dentro del mismo marco de administración financiera, vamos a tener servicios públicos ricos porque tienen ingresos propios, y vamos a tener, desgraciadamente, servicios públicos pobres porque solo dependen del aporte fiscal, por ejemplo en el Ministerio de Educación”.

¿Son propios efectivamente propios los recursos de Corfo? No. Y así lo explicó Marcel: “Los servicios públicos, aún aquellos de carácter descentralizado o autónomo, no son propietarios de los recursos que les asigna el Presupuesto, y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal. Consecuentemente con esto, los servicios públicos, en general, no cuentan con autorización para invertir fondos en el mercado de capitales, permitiéndose excepciones solo para algunos servicios con ingresos propios importantes en función del tamaño de su presupuesto, autorizaciones que se renuevan anualmente”.

Así, según precisó Marcel, las normas generales sobre flexibilidad presupuestaria que corresponden al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado, disponen que cambios entre presupuestos se pueden hacer mediante decretos de modificación presupuestaria. Por otra parte, añadió que “las normas sobre caja, suponen que es el Ministerio de Hacienda, a través de la división del presupuesto, quien elabora el programa de caja a nivel de todo el gobierno central, y que los excedentes de los servicios públicos, incluso de aquellos que se autofinancian, pueden ser integrados al Tesoro Público mediante decreto de Hacienda”.

Y calificó como “muy importante” el hecho que se respete “el principio de unidad del Presupuesto público, consagrado en el artículo 4 del Decreto de Ley 1.263 de Administración Financiera del Estado, que establece que tanto la totalidad de los ingresos del Estado deben estar reflejados en el Presupuesto, así como en la totalidad de los gastos”.

El titular de las finanzas públicas argumentó también que el traspaso de excedentes de Corfo cumplió con todos los requerimientos institucionales, tanto del lado de la Corfo como de la administración presupuestaria. “El tema fue tratado y aprobado por el Consejo de la Corporación, donde están representados los ministerios de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Ciencias”, señaló.

Sobre la pérdida en que podía incurrir la institución por el hecho de tener que deshacer depósitos vigentes, el ministro manifestó que “en ese momento la Corfo tenía ciertos fondos invertidos en depósitos a plazo, probablemente, la mayoría de ellos. Se tenían que deshacer esos depósitos a plazo, iba a perder los intereses y se habrían devengado. Esa era la preocupación que tenía el vicepresidente ejecutivo de la Corfo ( José Miguel Benavente) en aquel momento. Dada esa preocupación, lo que se hizo fue materializar el traspaso mediante un calendario que se acordó con la Corfo, que hizo que estos traspasos fueran de carácter más gradual y se pudieran hacer al vencimiento de los depósitos que tenía la Corporación”.

El ministro apuntó que “si en lugar de traspasarse los recursos desde Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad, en bonos a 10 años plazo, lo que habría ocurrido era que la deuda pública habría aumentado en algo más de 1% del producto, o sea, en lugar de ser 42,3%, sería 43,3%, y el Estado, como un todo, habría experimentado una pérdida patrimonial de US$415 millones si no se hubiera actuado de esta manera”.

En cuanto al destino de los recursos, dijo que al traspasarse al Tesoro Público, estos permitieron financiar las prioridades de gasto de ese año, incluyendo las de seguridad pública, salud, vivienda, educación, entre otras, todo ello dentro del marco de gastos aprobado para el año.

Posteriormente tomó la palabra la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, quien aclaró que los recursos de Corfo son fiscales y que el patrimonio de la Corfo es parte del Gobierno Central. “Hay una confusión entre decir que los recursos de la Corfo fueron a las arcas fiscales, porque la Corfo es parte de las arcas fiscales propiamente tal. Entonces, no existe esta idea de que el patrimonio de la Corfo es algo distinto, diferente al patrimonio del Gobierno Central en su conjunto. El patrimonio de la Corfo es parte del Gobierno Central y, por eso, la decisión sobre los recursos se tiene que hacer mirando la totalidad de las necesidades de financiamiento del Presupuesto”.

Martínez explicó que “en términos del Gobierno Central esta fue una operación positiva y no negativa cuando uno lo mira en su conjunto, porque se hizo con el diseño necesario para que no existiera una pérdida patrimonial de la Corfo y hoy día vemos que desde el 2021 y el 2024 es 10 veces más grande”.

El secretario de Estado defendió la labor de la jefa de la Dipres ante nuevas peticiones de renuncia de algunos sectores de la oposición. Sobre ese punto dijo que se le pide la renuncia “por hacer lo correcto”, descartando que la autoridad haya cometido alguna irregularidad.

Seguido de las palabras de Marcel, la directora también abordó los cuestionamientos en su contra: “Yo creo que vivimos en un país con libre expresión, entonces obviamente, los políticos de oposición tienen el derecho a exigir rendiciones de cuenta a las autoridades y eso es el ejercicio sano de la democracia. Ahora, lo complejo es cuando se exigen rendiciones con información difusa o mala información, con un debate que tiende a confundir a la ciudadanía”.