Las mineras recogieron el guante. Tras una semana marcada por los emplazamientos públicos que realizó el ministro de Economía, Nicolás Grau, para que las firmas del sector sean parte de la solución de la crisis por la que atraviesa Huachipato, este martes los dos principales representantes gremiales mineros, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, y el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, abordaron los planteamientos expresados desde el gobierno. Todo, en medio de los intentos del Ejecutivo por revertir el cese indefinido de las operaciones de la histórica siderúrgica.

En el marco de un encuentro organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), evento en el cual además participó la ministra de Minería, Aurora Williams, el primero en responder a Grau fue Riesco.

En primer término, realizó una comparación entre lo que vive la usina con otro plantel productivo que ya se encuentra suspendido: la fundición Hernán Videla Lira, de Enami, conocido como Paipote. A su juicio, comparten una larga historia de contribución a sus sectores, “pero por alguna razón son industrias que han quedado sin las condiciones suficientes como para poder funcionar de una manera adecuada en términos económicos”.

A renglón seguido, Riesco rebatió el actuar del Ejecutivo, específicamente del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien realizó la semana pasada una reunión con empresas mineras privadas, además de Codelco.

“Pensar de que pudiéramos trasladar esa responsabilidad, de alguna manera, a la industria minera o a empresas mineras es algo que a mí me preocupa, porque cuando se hacen este tipo de reuniones hay una señal que puede ser bastante equívoca”, dijo Riesco, asegurando que en su gremio hay disponibilidad “para la discusión de qué es lo que les falta a esas industrias para desarrollarse”, pero que ello debe quedar al arbitrio del mercado.

“Hay un efecto en la cadena de suministro de las mineras que podría tener algún efecto, y eso se está evaluando, me imagino yo. Pero aquí hay que ser muy claro: cada empresa tiene una estrategia para su cadena de suministro y tiene plena libertad, y puede decidir las compras de suministro de la manera que mejor lo estime, y en esto tiene que regir el mercado”, sostuvo posteriormente, en entrevista con radio Duna.

Además, enfatizó que en el sector “ninguno de nosotros es indiferente” a la situación de Huachipato. “A nosotros no nos da lo mismo que haya más de 20 mil empleos que se vayan a perder en la región, y obviamente que eso tiene que movernos a tratar de aminorar ese impacto”, remarcó.

También planteó que, a diferencia de Paipote, “en el caso de Huachipato no se ve un proyecto de reemplazo”, por lo que subrayó su preocupación porque “haya este traspaso de responsabilidad, e inducir a pensar al país que esto pudiera arreglarse porque algunas pocas empresas puedan comprar algunos insumos que se producen aquí en Chile”.

“Creo que hay que tener mucho cuidado con esto y también tener mucha observancia de cómo vaya a evolucionar en el futuro, porque el hecho de poner salvaguardias (derechos antidumping) con un país que tenemos acuerdos de cero arancel, es una cosa complicada. Así que hay que dejar que la institucionalidad funcione y no es parte de la institucionalidad las conversaciones que un ministro haga con empresas individuales para tratar de arreglar un problema que no va por ese lado la solución”, manifestó.

Por su parte, Joaquín Villarino, si bien no ahondó en el tema de Huachipato, dijo estar “muy de acuerdo con Jorge en lo que ha señalado”. Además, hizo una reflexión mayor, poniendo foco en las condiciones de competitividad empresarial que ofrece Chile.

“Creo que la pregunta de fondo es por qué tenemos una legislación laboral tremendamente rígida, es por qué tenemos unas cargas tributarias no competitivas, es por qué tenemos un Estado burocrático que se demora en otorgar los permisos. Todo eso, imperceptiblemente, va ahogando a las industrias y eso hace que no sean viables en el mediano y el largo plazo”, aseguró.

En esa línea, enfatizó que “como país tenemos que pensar, de verdad, en cuál es la legislación laboral que queremos tener en el siglo XXI”, realizando una crítica a las recientes reformas en la materia impulsadas por el Ejecutivo.

“Si sólo estamos preocupados de incrementar los costos laborales, de restringir las horas de trabajo, etc., no nos extrañemos que en algunos casos las empresas se transformen en inviables. Si las cargas tributarias no son competitivas, no nos extrañemos que las empresas prefieran ir a invertir a China y traer desde allá los productos a Chile, y no producirlos acá. Si esto es el ABC de la economía. Así funciona el sistema”, subrayó.

Pese a que, en una primera respuesta, la ministra de Minería, Aurora Williams, puntualizó que la solución a la crisis de Huachipato corresponde a la empresa privada, ya que la firma “ha tomado una decisión en ese contexto”, luego de las palabras de Riesco, la secretaria de Estado también recogió el guante.

Al respecto, señaló que “las intervenciones que ha realizado el gobierno, en particular a través del ministro de Economía, tienen que ver también con la voluntad, desde el punto de vista de resolver el punto, desde lo político, entendiendo lo político no como la política contingente, sino que también con el compromiso del gobierno de que efectivamente los impactos sociales sean mitigados a lo menos”. Y agregó: “Desde ese punto de vista, las conversaciones guardan relación con una ‘invitación a’, no con trasladar responsabilidades, porque naturalmente eso no corresponde”.

“Yo creo que aquí no se está traspasando la responsabilidad a la industria minera, que es además pública y privada. (...) No tiene que ver con lo público o lo privado, o presionar a un sector respecto de cómo solucionar los problemas de otro sector”, remarcó Williams.