Marcando una diferencia con respecto a lo realizado en marzo, cuando su cartera adelantó el resultado de la primera recomendación entregada por la Comisión Antidistorsiones, el ministro de Economía, Nicolás Grau, confirmó este miércoles que, aunque la instancia asesora presidencial adoptó una decisión en su última reunión, dicha determinación no puede ser comunicada por el Ejecutivo. Esto, luego de analizar las solicitudes de las empresas denunciantes, así como de las firmas afectadas por las sobretasas, para revisar las medidas provisionales que pesan sobre las importaciones de acero chino desde el pasado 27 de marzo.

“La Comisión Antidistorsiones revisó aquello, ha tenido sesión en los últimos tiempos, ha tomado una decisión, pero esa decisión, en el marco de nuestra institucionalidad, se tiene que comunicar luego de una serie de pasos que están ocurriendo durante estos días. Como Ejecutivo, no estamos facultados a comunicar la decisión de la Comisión”, dijo el titular de Economía, en el marco de una sesión dedicada a analizar la crisis de la Siderúrgica Huachipato, celebrada este miércoles en la Sala del Senado.

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El hermetismo defendido por Grau en esta ocasión, marcó un cambio en el accionar de secretario de Estado, quien lideró la estrategia del gobierno adoptada a fines de febrero y mediados de marzo, cuando decidió no esperar la publicación de las medidas en el Diario Oficial, ante la demora del procedimiento, que tardó más de un mes en hacer pública la recomendación y posterior decisión del Presidente Gabriel Boric en la materia.

En la ocasión previa, al igual que ahora, la Comisión tuvo que sesionar en dos ocasiones para adoptar una resolución. La última de ellas se realizó el 28 de febrero, y su resultado fue transmitido desde Economía tanto a parlamentarios de la zona como a dirigentes sindicales de Huachipato ese mismo día. Luego, el 19 de marzo, la cartera emitió un comunicado de prensa en que reveló la recomendación de la instancia. Ese día el acta había sido recepcionada por Hacienda.

Tras las apelaciones, durante abril la Comisión sostuvo dos reuniones, y este martes se llegó a un acuerdo. Pero esta vez, la estrategia del Ejecutivo cambió. El giro mantiene en vilo tanto a los trabajadores como a los directivos de Huachipato, que públicamente han reconocido que si las sobretasas a las barras son elevadas en forma pareja hasta un 25%, y hasta un 33% en el caso de las bolas de acero convencionales, el cierre indefinido de la siderúrgica puede ser revertido.

El presidente del Sindicato Número 2 de Siderúrgica Huachipato, Fernando Orellana, quien participó de la sesión especial realizada en el Senado, expresó su preocupación ante el hermetismo que rodea en esta ocasión lo resuelto por la Comisión, ya que, aseguró, “cada día son despidos de trabajadores”, y agregó: “yo espero que la próxima semana se conozca los porcentajes” de las nueva sobretasas.

El marco legal que norma el funcionamiento de la Comisión Antidistorsiones contempla un procedimiento, definido por el decreto del Ministerio de Hacienda N° 1.314 de 2013. En su artículo 62, éste dispone que, en caso de adoptar medidas provisionales en investigaciones por dumping, la Comisión “dejará constancia de ello en un acta y podrá recomendar al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Hacienda, la aplicación de medidas antidumping o compensatorias provisionales”.

“La resolución que recomiende la aplicación de una medida provisional se elevará a consideración del Presidente de la República, quien resolverá sobre la medida propuesta y su monto y formalizará su aplicación mediante un decreto del Ministerio de Hacienda que deberá ser publicado en el Diario Oficial”, agrega dicho reglamento.

Así, el proceso actual requiere aún finalizar la redacción del acta -proceso a cargo del Fiscal Nacional Económico, quien preside la comisión, y que además debe se aprobado por los ocho miembros de la instancia-, para luego ser remitido a Hacienda primero, desde ahí al Presidente para que resuelva, y finalmente se emita un decreto mediante la cartera ubicada en Teatinos 120, el que debe ser publicado en el Diario Oficial.

Estos pasos, que antes tardaron un mes en completarse, ahora podrían tardar cerca de una semana, según planteó el ministro Grau.

“Con respecto al acta, yo espero que en torno a una semana podamos tener una respuesta”, dijo el secretario de Estado, en entrevista con radio Duna, la mañana de este miércoles, asegurando que esta vez el proceso “es más rápido que lo que ocurrió la vez pasada”.

En dicha entrevista, Grau remarcó que los nuevos antecedentes aportados por todas las empresas “se han revisado y lo que nosotros hemos señalado, es que en todas estas etapas, incluyendo esta etapa de acta, vamos a hacer el mayor esfuerzo porque todo esto se informe con la mayor celeridad posible, respetando por supuesto los distintos pasos que están especificados en la institucionalidad”.

“Espero que podamos avanzar lo más rápido posible”, remarcó.