Oposición estima que reforma tributaria no saldrá de la Cámara este año y complica cálculos de Hacienda

La discusión de la reforma tributaria se cruzó con el presupuesto 2023. Y por esa razón, esta semana el proyecto impositivo no verá avance lo que complica los plazos que el Ejecutivo se autoimpuso para tenerla despachada desde la Cámara de Diputados: noviembre.

Es que si bien se avanzó en gran parte de las medidas que apuntan a mejorar el control de la evasión y elusión, quedó pendiente la votación del denunciante anónimo, puesto que los diputados de oposición plantearon reparos, porque no quedaba claro si la persona denunciada falsamente podrá conocer la identidad del denunciante para emprender acciones legales. Ante esto el gobierno quedó comprometido en ingresar una indicación para precisarlo lo que retrasó el despacho de ese parte del proyecto.

Los diputados de oposición, que integran la Comisión de Hacienda, creen que el capítulo relacionado con el impuesto a la renta, el cual incluye la discusión del gravamen al patrimonio, sistema dual y otros, será mucho más ardua por lo que ven poco probable que se cumpla esos plazos. Para ellos, es más probable que se termine aprobando un mes después, es decir, en diciembre.

“Francamente no veo que exista posibilidad de que el proyecto pueda ser despachado durante este mes. Esta semana se la vamos a dedicar a la ley de presupuestos. Todavía no terminamos el capítulo 1 (en la reforma tributaria), que es la reducción de exenciones tributarias, y de la elusión y evasión, y por lo menos nos quedan 4 capítulos más donde habrá un mayor nivel de conflicto, por lo que será de más larga discusión, por ello, pensar en diciembre es una fecha mucho más razonable”, afirmó el diputado RN, Frank Sauerbaum.

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, añadió que “creemos que al ritmo que se está votando, es probable que el proyecto de reforma tributaria llegue al Senado en enero y ahí hacer las correcciones para evitar que este proyecto, tal como está quedando, genere el daño en la inversión que nosotros creemos que causará”.

Miguel Mellado, diputado RN, subrayó que “todavía no comenzamos a discutir el impuesto a la renta, lo que seguramente generará un mayor debate”. Por ello, añade que el gobierno debería estar más abierto a escuchar e incorporar las indicaciones que realizarán”.

Y el diputado Republicano, Agustín Romero, enfatizó que “no esperamos que el proyecto salga a fin de mes. Esta reforma estructural requiere un largo debate y no llevamos ni un 10% de su estudio”.

Una visión más optimista es la que tiene el presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS) quien comenta que “es factible”, puesto que “todavía nos quedan seis sesiones en noviembre para votar el proyecto”. Por ello, no descarta que se pueda aprobar en los plazos que el Ejecutivo espera.

El problema práctico que tiene esta demora es que el gobierno comenzaría a contar con los recursos de la reforma después de lo proyectado. En los cálculos de Hacienda estaba previsto que la reforma en su totalidad saliera en marzo, plazo considerado suficiente para que la reforma comience a tener algún efecto el próximo año. Todo eso, por ahora, se postergaría.

Según el proyecto, el denunciante anónimo podrá operar en dos situaciones. Primero, se menciona que un tercero que denuncie un delito podrá obtener el 10% del monto de las multas aplicadas por el tribunal, pero si la denuncia es maliciosamente falsa, el denunciante será sancionado con una multa de 100 UTA. El segundo caso es que una parte involucrada en un delito tributario podrá autodenunciarse, recibiendo como beneficios evitar sanciones penales o rebajarlas en hasta dos grados.

Antes de empezar la discusión en particular, Hacienda hizo unos cambios a esta norma que apuntaba elevar sanciones a la denuncia maliciosa, sin embargo, no convenció a los parlamentarios. “El problema del denunciante anónimo es que si hace una denuncia temeraria igual se resguarda su identidad y quién es víctima de esa denuncia no tiene como hacerlo responsable a este denunciante abusivo. Eso es lo que queremos que se modifique”, sostiene Ramírez.

Sauerbaum menciona que la indicación que haga el Ejecutivo tiene que “recoger los puntos planteados en la comisión, con el objetivo de que logre disuadir algún abuso de esta norma que puede ser usada con fines anticompetitivos”. Para ellos, piden una sanción proporcional a la denuncia maliciosamente falsa. Asimismo, el legislador precisa que para el caso de que la denuncia maliciosamente falsa exista recursos judiciales para resarcir el daño que recibe el denunciado falsamente

Dada esta inquietud, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo en la última sesión de la Comisión que se iba a ser “más explícito en cuanto a que la persona que entregó información en calidad de denunciante anónimo con información falsa será sancionada con una serie de penas y, además, no podrá estar protegido con las normas que hay para el denunciante anónimo”.