Oposición oficia a Hacienda para que explique el uso de recursos del FEES, pero Marcel aclara que estaba en el Presupuesto 2024

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda realizó un retiro por US$ 1.000 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). ¿La explicación? apoyar el financiamiento del presupuesto en lo que resta del año, en línea con lo aprobado por el Congreso durante la discusión respecto del financiamiento en el marco de la tramitación legislativa del erario fiscal de 2024.

Este monto se suma a los retiros efectuados en enero y junio, por US$ 800 millones y US$ 607 millones, respectivamente. Cabe señalar que el retiro de junio fue utilizado para financiar el aporte anual al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), por lo que no implica una disminución neta de los activos externos del fisco.

Con este retiro, el valor del fondo se estima en cerca de US$ 3.700 millones a fines de octubre, lo que equivale a aproximadamente 1,2% del Producto Interno Bruto.

Ante esta situación, la bancada de diputados de RN envío un oficio al ministro Mario Marcel para que entrega mayor información respecto de los retiros del año 2024 hechos al Fondo de Estabilización Económica y Social.

“Dada la relevancia que tiene el FEES como mecanismo de ahorro para eventos dañinos para el país, sorprende la decisión del día lunes 7 de octubre cuando el Ministerio de Hacienda anunció que retiraría 1.000 millones de dólares, siendo el tercer retiro en lo que va del año. Este eleva a cerca de US$2.400 millones los retiros que ha realizado el ministerio en lo que va del año, lo que redujo en un 40% el saldo que tenía el FEES a fines de 2023″, señala el oficio.

En el oficio, los diputados RN argumentaron que “esta decisión no se condice con el escenario global relativamente positivo, con materias primas en buenos niveles de precios, políticas fiscales expansivas en China y un tipo de cambio favorable para la exportación. Esto sugiere que las causas de los malos desempeños económicos de Chile no son externos sino internos, y una política fiscal que no atiende las causas reales de tales resultados no tendrá efectos positivos en la actividad económica”.

Dado este escenario es que el oficio busca aclarar las razones que llevó a Hacienda a tomar esta decisión y por ello espera que le responda las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los motivos financieros que llevaron a la decisión de utilizar el FEES para compensar un déficit fiscal? ¿Qué rol jugaron las correcciones a las proyecciones de ingresos tributarios de mediados de año? ¿Cuál es el cronograma previsto para reponer los 2.400 millones de dólares retirados del FEES en lo que va de este año? ¿Qué nivel de activos se proyectan para el FEES en marzo de 2026?

Entre los diputados firmantes de este oficio está Paula Labra, Andrés Longton, Miguel Mellado, Ximena Ossandón, Diego Schalper y Frank Sauerbaum.

Pero esta no es sólo una crítica que hace RN, sino que también se suma el partido Republicano a través del diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, quien sostiene que “utilizar estos fondos soberanos que están reservados para emergencia, para gastos impostergables, por eso me parece grave que se utilice para gasto corriente para completar el presupuesto que no está financiado”.

Para Romero, “esto revela el manejo improvisado y optimista de este gobierno. Hacienda confía en que sus proyecciones de recaudación por antievasión le permitirá cumplir con la recaudación esperada, pero eso no es real. Estamos viendo las consecuencias de un pésimo manejo económico”.

Durante la mañana de este lunes, el ministro Marcel se refirió los motivos de que llevaron a retirar esos recursos. “Tenemos que recordar que cuando se discutió la ley de presupuesto 2024, la oposición exigió que se redujera el límite de endeudamiento en US$3 ml millones, pero señalamos que era muy probable que no sería suficiente para resolver las necesidades de financiamiento dentro del mismo presupuesto y por esa misma razón se incluyó dentro de la ley una autorización para retirar hasta US$3 mil millones del FEES. En la práctica vamos a retira un poco más de la mitad”.

En otro tema, durante la jornada de este lunes, el ministro Marcel junto a la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; y de Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo, anunciaron el ingreso de indicaciones a los proyectos de Ley de Administración de Borde Costero y Concesiones Marítimas, y al de Patrimonios Culturales, ambos en tramitación en el Congreso.

Se trata de dos materias contenidas en el Pacto Fiscal, particularmente en las medidas de impulso al crecimiento, con las que se espera contribuir a la reducción de, al menos, un 30% en los plazos de tramitación para permisos de inversión; y que también forman parte del fast track legislativo económico priorizado por el Gobierno.

En el caso de Concesiones Marítimas se determinó que la tramitación de estos permisos debe ser traspasada desde la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante del Territorio Marítimo (Directemar), dependiente de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, al Ministerio de Bienes Nacionales. El objetivo de este cambio es concentrar la administración de los bienes nacionales de uso público y fiscales en un solo ministerio, evitar duplicidad de funciones y así mejorar los tiempos de tramitación y gestión de las solicitudes de concesiones marítimas.

Respecto de los cambios al proyecto de ley de los Patrimonios Culturales, se modernizan los sistemas de autorización de forma ágil y justa a través de una institucionalidad que traspasa su régimen a organismos regionales en cada territorio. Así, se mantienen los estándares internacionales y se brinda mayor certeza jurídica a las instituciones de protección patrimonial, a los responsables de proyectos de inversión, a los propietarios y residentes de zonas protegidas, así como a la inversión pública y privada en general.

Se mencionó que “el Consejo de Monumentos Nacionales pasará a ser el Consejo de los Patrimonios Culturales, lo que representa un cambio de paradigma en el entendimiento del patrimonio, donde se mantiene el resguardo de lo material, pero se amplía a también a la protección y reconocimiento de lo inmaterial y de los patrimonios de pueblos originarios y del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno”.