Plan de acción 2025: distribuidoras se reúnen con autoridades y detallan inversiones para temporada de altas temperaturas

Las olas de calor son cada vez más frecuentes durante el período estival, aumentando los riesgos de eventos extremos como incendios forestales. Dichas condiciones suponen un desafío para la continuidad del suministro eléctrico, ante la caída de árboles y el sobrecalentamiento de línea de transmisión en zonas rurales y urbanas, que obligan a extremar las medidas de seguridad con que opera el Sistema Nacional Eléctrico (SEN).

Una realidad que llevó a las distribuidoras eléctricas a adoptar medidas que permitan hacer frente a dichas condiciones, considerando además los crecientes impactos que ocasionan. En la industria calculan que el 40% de la energía no suministrada a clientes en los últimos 10 años corresponde a eventos de fuerza mayor, que incluyen este tipo de fenómenos. Los efectos de la sequía sobre vegetación en mal estado y el riesgo que supone la vegetación cercana a líneas eléctricas en temporada de incendios son foco de preocupación.

En esa línea, hay trabajos que comenzaron hace varios años: Entre 2021 y 2024 se despejaron más de 49 mil kilómetros de vegetación dentro de las franjas de seguridad de líneas eléctricas. Estas acciones son clave para reducir riesgos de incendios y daños por caída de árboles.

Ello ha demandado además inversiones significativas. Para la temporada 2024- 2025 se han destinado más de $8 mil millones en planes de acción, con el 64% enfocado en poda, tala y roce. Estos recursos son un 27% más que la temporada anterior.

En estas tareas, además, se ha incorporado el uso de tecnología avanzada, como inspecciones de redes con drones, monitoreos térmicos, e incorporación de reconectadores, entre otras, que fortalecen la prevención y permiten actuar de manera anticipada.

Sin embargo, las empresas también han desplegado una intensa agenda de coordinación con autoridades, tanto a nivel central, como con servicios (Conaf, Senapred, SEC, entre otros) y con municipios y parlamentarios a nivel local y regional.

En ello, destacan reuniones sostenidas directamente con el ministro de Energía, Diego Pardow. En diciembre, El secretario de Estado recibió en su oficina a cuatro de los principales representantes de las empresas de distribución del país: Víctor Taber, gerente general de Enel Distribución; Iván Quezada, gerente general de CGE Distribución; Cristian Martínez, gerente de operaciones de Chilquinta; y Francisco Alliende, gerente general de Saesa.

Con todo, existen importantes desafíos en la gestión de vegetación, como árboles fuera de las franjas de seguridad que representan un riesgo significativo, donde la normativa actual limita las acciones de las empresas en terrenos privados. Y aunque la normativa establece que los dueños de predios son responsables de su vegetación, la falta de fiscalización dificulta la implementación efectiva de medidas preventivas.

En ese sentido, desde el gremio que agrupa a las principales distribuidoras, Empresas Eléctricas, apuntan a una falta de coordinación, especialmente en zonas urbanas, donde muchos municipios no cuentan con planes adecuados para gestionar árboles enfermos o en riesgo, generando problemas recurrentes.

Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG., afirma que “la industria de la distribución eléctrica cumple un rol clave en la adaptación y resiliencia climática, invirtiendo en tecnología y coordinación estratégica para garantizar la continuidad del suministro eléctrico. Estos planes de acción y las inversiones comprometidas dan cuenta de un compromiso con la protección de la infraestructura crítica y la seguridad de las comunidades”.

Agrega que “en materia de manejo de vegetación en la cercanía de líneas eléctricas, quedan enormes desafíos que resolver entre los distintos actores, sobre todo respecto de la fiscalización por parte de la autoridad de la vegetación fuera de franja y la responsabilidad de los dueños de predios forestales en zonas rurales, así como de la inspección y gestión de la vegetación enferma en zonas urbanas de uso público, a cargo de los municipios”.

“Por otro lado, es clara la necesidad de generar cambios en la regulación que permitan impulsar el desarrollo de soterramiento de líneas en zonas rurales y una mayor resiliencia climática de las redes en zonas urbanas”, concluye el líder gremial.