Productores de plástico acuden al TC y buscan revertir normativa que prohíbe el uso de bolsas

Impedir que entre en vigencia la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional es el objetivo que se impusieron los más de 90 socios de la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla).

El gremio, que agrupa a más del 85% de la industria y que en conjunto aportan el 1,4% del PIB, recurrió el lunes al Tribunal Constitucional (TC) en contra de la iniciativa legal impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, y que ya fue aprobada en el Congreso. Actualmente, la ley está a la espera de ser promulgada, y entrará en vigencia de manera gradual: seis meses después para las grandes tiendas y supermercados y dos años para los comercios pequeños.

De esta manera, y tal como sucedió en el caso del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), asesorado por el mismo abogado y utilizando una fórmula similar, el gremio reclamó ante el TC que la ley presenta vicios de inconstitucionalidad y que la medida de prohibición adoptada no es proporcional al fin perseguido, catalogando la prohibición como desproporcionada, arbitraria y selectiva.

"Bastaba con prohibir las bolsas plásticas no degradables y generar mecanismos de reciclaje adecuados, para lograr el fin perseguido", dice el texto legal presentado por los abogados Gastón Gómez, José Francisco García y Francisco Cañas, que además señala que una de las soluciones hubiera sido hacer distinciones entre los distintos tipos de bolsa.

"Si los principales consumidores de bolsas plásticas (los establecimientos comerciales) dejan de comprar bolsas plásticas, para entregarlas a sus consumidores, la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas deja de existir, o como actividad, se le impone un obstáculo/ impedimento insoslayable", dice el documento.

Asimismo, cuestiona "cuál es la siguiente industria o actividad económica que, por razones de impopularidad ante la opinión pública, o el puro capricho del legislador, se estime conveniente prohibir o impedir cuando se trata de una actividad económica lícita".

El presidente de Asipla, Sergio Verdugo, se refirió al recurso ante el TC y recalcó que "esta ley de prohibición vulnera abiertamente el derecho constitucional a desarrollar actividades económicas lícitas" y acusó que tanto el gremio, como otros organismos no fueron escuchados durante la tramitación de la normativa.

"Es una prohibición que se ha hecho en forma demasiada rápida, sin escuchar a las partes que tienen intereses en este tema, y cuando digo partes, no me estoy refiriendo solo a Asipla, sino que también a universidades, institutos públicos y otros", sostuvo a La Tercera PM.

Actualmente, existen en el país alrededor de 300 empresas productoras de plásticos, las que hasta septiembre del año pasado producían-en conjunto- 250.000.000 de bolsas al mes. Sin embargo, las ordenanzas municipales y la iniciativa del gobierno, han hecho que la producción caiga 50% en la actualidad, situación que, a juicio de fuentes de la industria, pone en peligro los alrededor de 2.500 empleos directos del rubro.

Desde el Ejecutivo reaccionaron con molestia. "No nos sorprende la acción de Asipla ya que en todos los años que se intentó legislar sobre esta materia, hicieron un fuerte lobby en el Congreso y no obtuvieron ni un solo voto a favor de su posición", dijo la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos al conocer la ofensiva judicial, añadiendo que la ley fue empujada por todas las bancadas parlamentarias, más de 90 comunas, ONG y el gobierno anterior.