Tres meses cumplirá el proyecto de cumplimiento tributario que aborda materias para reducir la evasión y la elusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Hasta la sesión del jueves recién pasado esa instancia había recibido la exposición de expertos tributarios, gremios empresariales y exautoridades.

Y si bien se esperaba que se votara en general esa jornada, se postergó para la semana del 22 de julio. ¿La razón? El rechazo que tuvo la multa al voto obligatorio para las próximas elecciones municipales y regionales. Ese episodio generó un mal ánimo entre los legisladores de centroderecha.

Sin embargo, en paralelo a ello el Ministerio de Hacienda y la oposición han estado trabajando en la búsqueda de un acuerdo en algunas temáticas, sobre todo las más complejas. Entre esos temas está el secreto bancario, norma general antielusión, denunciante anónimo y gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La idea es firmar un protocolo con los temas donde exista acuerdo para avanzar una vez que se vote en general y que se den los plazos para realizar las indicaciones. Un conocedor de las tratativas afirma que ahora la conversación es “política” y es ahí donde se deben alcanzar los consensos o el rayado de cancha de las materias donde hay más coincidencias. Una vez que se fijen esos temas, comenzaría el trabajo técnico.

Un influyente senador lo explica así: “El espíritu por lograr acuerdo sigue vigente, pero el tema de la votación en dos días enredó un poco el ánimo”. Otro legislador refrenda esa mirada. “Ese episodio generó tensión. Se había avanzado harto, pero cuando cambian las reglas del juego afecta y tiene impacto en otros temas que se están discutiendo”. Pese a ello, otro senador asegura que “el protocolo de acuerdo está bastante avanzado”.

El plazo que se maneja al interior de la Comisión de Hacienda es llegar con el texto firmado antes del 23 de julio. Ese día se votará en general. Una vez aprobada la idea de legislar, el proyecto debe pasar a la sala del Senado para que sea analizado y votado también en general. Luego se daría un tiempo de 10 a 15 días como máximo para que los técnicos, junto a los senadores, terminen de zanjar las diferencias que hay hoy día y presentar indicaciones e iniciar su discusión en particular.

Entre los temas donde hay más avances para lograr un acuerdo se encuentra la gobernanza del SII. Ahí los senadores mencionan que se ha ido encontrando un camino, un espacio para generar cambios, pero no está totalmente definido.

Una fórmula que podría generar consenso es que el director del SII no sea nombrado de manera directa por el Presidente de la República, es decir, excluirlo de las “balas de plata” y de esa manera que sea siempre por Alta Dirección Pública (ADP), despolitizando su nombramiento. Pero la idea sería que siempre mantenga el carácter unipersonal y no innovar en el sentido de que sea un organismo colegiado tipo Banco Central (BC) o Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En este esquema también los subdirectores serían nombrados por ADP y no de manera directa por el director como es hoy en día.

Precisamente el jueves en un seminario organizado por Clapes-UC, el nuevo director subrogante del SII, Javier Etcheberry, defendió el hecho de que sea una autoridad unipersonal la que dirija el SII. “Aquí el tema es la evasión, el crimen organizado, el atender mejor al pequeño contribuyente, son temas de gestión. Entonces, si vamos a paralizar o complicar la gestión del SII sin que haya experiencia parecido en el mundo… creo que Chile tiene que ser más cuidadoso en hacer las cosas”. Y agregó que “el SII es una institución que tiene bastante prestigio en Chile, entonces no me apresuraría en hacer cambios y experimentos que pueden salir complicando la situación”.

Otro de los puntos donde hay avances para lograr un acuerdo es en materia de secreto bancario, aunque se señala que “todavía falta para zanjarlo”.

La actual norma vigente del Código Tributario permite que el SII pueda requerir información sujeta a secreto o reserva bancaria, pero si la persona titular de la información bancaria no autoriza su entrega, el banco o institución financiera no puede revelarla, a menos que el SII obtenga una resolución judicial. Para el gobierno ese proceso es muy extenso y por ende poco efectivo. Ahora, en el proyecto se invierte esta norma en favor del SII, estableciendo que el banco no puede revelar la información únicamente si la persona titular de la información bancaria se opone judicial y fundadamente al requerimiento del SII.

Quienes conocen las conversaciones sostienen que se podría definir de mejor manera o acotar el alcance para el que SII lo solicite. El principal reparo que ha hecho la oposición y el sector privado es que podría afectar la intimidad de las personas.

Sobre este último punto, Etcheberry señaló el jueves: “Creo en la intimidad y hay que cautelarla, por lo tanto, si el SII tiene acceso a esa información tiene que ser información que solo sirva para efectos de fiscalizar los impuestos, pero no se puede usar la información para otra cosa. Por ejemplo, por qué se argumenta que se debe proteger la intimidad de las empresas. ¿Qué intimidad tienen las empresas? Entonces hay que ser cuidadosos cuando se usa el término de intimidad. No será entonces que algunos querrán proteger a los grandes evasores, pero por qué las empresas tienen secreto tributario, de qué intimidad están hablando las empresas”.

Para los técnicos la definición de avanzar o no en secreto bancario pasa más que todo por un acuerdo político y no técnico, puesto que se debe establecer cuáles son los límites que se quieren dar en cuanto a derechos o principios que colisionan entre sí, como el derecho a la intimidad con el derecho de acceso a la información. “Esa es una decisión o acuerdo político”, aclaran los expertos asesores.

Denunciante anónimo y norma general antielusión son los otros dos temas que también están siendo analizados por los senadores para lograr un acuerdo, pero donde se advierten menos acercamientos.

Entre los temas en que hay acuerdo están las materias relacionadas con los cambios en el código tributario y la reducción de la informalidad. Esas temáticas serán las primeras ser votadas. Ahí se encuentran las modificaciones al procedimiento de reclamo de avalúo de bienes raíces, modificación a la forma de contabilizar el plazo en las devoluciones de IVA de activo fijo; se establece una norma transitoria del proceso de transición para implementar la notificación por correo electrónico; se incorpora en el procedimiento de término de giro para finalizar el procedimiento por falta de antecedentes; se eliminaron los métodos de valoración en la norma de tasación; se incorpora que la norma sobre reorganizaciones empresariales no alcance a operaciones que buscan trasladar la propiedad de activos a paraísos fiscales; la definición de partes relacionadas que considera como tales a “cónyuge, conviviente civil y parientes, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado”.