Pymes y Ley de Pago a 30 días: la lección española

Durante esta semana se debate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Pago a 30 Días, que tiene como principal objetivo dar oxígeno a la pyme, reduciendo el plazo en el que sus clientes pagan sus facturas.

La medida estrella de la nueva ley busca corregir esta situación, fijando un plazo máximo para el pago, incluyendo también un sistema de cálculo de intereses para cada día de retraso sobre el mismo. Sin embargo, lo que podría suponer un gran avance para las pymes, parece que será papel mojado al incluirse en la ley la salvedad de que las partes "podrán establecer de común acuerdo" un plazo que exceda los 30 días referidos.

Ésta última frase, que puede parecer muy razonable sin contexto, es la ventana por la que se escapan las esperanzas de los emprendedores para reequilibrar sus relaciones con las grandes empresas. La negociación de un contrato entre una gran compañía y una pyme nunca se plantea entre iguales, sino como la mera comunicación de las condiciones que la primera impone a la segunda. Si el plazo de pago entra dentro de los términos "a negociar", no tengan la menor duda de que llegará ampliado a las manos de las pequeñas y medianas empresas.

Desde la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile (Camacoes), agrupamos a más de 300 empresas españolas afincadas en el país, de las cuales más del 85% son pymes, es por eso que hacemos propias las preocupaciones de los emprendedores y sentimos la responsabilidad de compartir nuestra experiencia en esta materia, basada en la legislación equivalente en España.

En 2004 el Parlamento Español aprobó la "Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad" (en esencia idéntica a la Ley de Pago a 30 Días) que estableció un plazo máximo de pago y dejaba a la libertad de las partes negociar uno mayor. Dado su fracaso claro, en 2010 se modificó para incluir nuevos plazos de pago máximos e imperativos-de 30 días para las administraciones públicas y de 60 para las empresas- anulándose la posibilidad de modificarlos mediante pacto entre las partes.

14 años después, sabemos que los resultados de dicha ley -incluyendo su reforma de 2010 y otra posterior en 2013- siguen siendo insuficientes; sobre todo en el sector privado español, donde el promedio del plazo de pago todavía supera en 17 días al plazo legal. En consecuencia, hoy existe un consenso general sobre la necesidad de completar esta regulación con un régimen sancionador disuasorio, que ya se debate en el Congreso.

Visto lo anterior, desde Camacoes animamos al Ministerio de Economía y a todos los actores relacionados a mirar las oportunidades de mejora que ofrece la vivencia española, para así ahorrar años de camino en la creación de un mercado más competitivo y más justo. Sin duda la nueva Ley de Pago a 30 Días supone un paso en la dirección correcta, pero carece de todas las palancas necesarias para alcanzar el objetivo que persigue y debe ser completada antes de que vea la luz. Fortalezcamos a las pymes en Chile, estamos convencidos de que ello supondrá incontables mejoras para todo el país.