Reajuste del sector público: Cámara aprueba alza salarial de 12% y ahora pasa al Senado

Un paso adelante dio el proyecto de ley de reajuste salarial para los trabajadores del sector público. La Cámara de Diputados aprobó el incremento de 12% para quienes tengan ingresos de hasta $2.200.000 y de $264.000 para quienes estén sobre ese monto.

Este incremento salarial ingresó con acuerdo entre el gobierno y 15 de los 16 gremios que integran la mesa del sector público. Si bien durante el debate hubo algunas críticas por el hecho de que a los ingresos más altos no verán reajustado sus salarios en la misma magnitud que la inflación, el Ejecutivo defendió su propuesta, siendo finalmente respaldada por la Cámara Baja.

Para llegar a este resultado no fue fácil: la primera cifra que el gobierno puso sobre la mesa fue de 7,8%, luego la subió al 8,5%. Ya el jueves la elevó de nuevo al 9,5% nominal. En tanto, los representantes del sector público flexibilizaron su postura, pasando del 15% nominal al 14% y luego al 13,5%. Ya entrada la noche del jueves, Hacienda planteó un 11%. Sin embargo, para los trabajadores el piso era un 12%, porque al menos lograba recuperar el poder adquisitivo. El siguiente paso es el envío del proyecto al Congreso. Se espera que el lunes 12 de diciembre, la propuesta sea analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Junto con agradecer a los diputados de la Comisión de Hacienda y del pleno de la Sala, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, destacó que el reajuste eleva las rentas en el “mismo porcentaje de inflación para aquellos que tienen remuneraciones brutas mensualizadas inferiores a $2.200.000, y que alcanzan al 89% de los trabajadores públicos, sumando, además, un reajuste mensual fijo de $264.000 para las remuneraciones superiores. Esto lo señalamos porque ha sido un esfuerzo fiscal importante, un esfuerzo de diálogo fiscal importante que nos ha mandatado el Presidente de la República, a fin de llevarlo adelante en el marco de lo que se denomina trabajo decente y diálogo social”.

“Para nosotros no es indiferente si llegamos o no a un buen acuerdo con los funcionarios públicos, por el contrario, creemos que la función pública y el Estado se fortalecen para prestar un mejor servicio a la ciudadanía”, agregó la secretaria de Estado.

Desde el punto de vista financiero, el proyecto de Ley tiene un costo de $500.836 millones para este año (dado que hay beneficios que comienzan a regir el 1° de diciembre) y de $2.981.762 millones para el 2023, recursos que según explicó el ministro Mario Marcel, están contemplados en la Ley de Presupuesto.

“Vamos dando pasos en la dirección correcta, pero es mucho el terreno que hay que recorrer y, por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en materia de remuneraciones del sector público. Así que vamos tratando de darle la mayor consistencia posible a este tipo de decisiones para tener un sistema de remuneraciones ordenado, que sea más fácil de comprender y que, a la vez, vaya conciliando de la mejor manera posible los intereses de los trabajadores del sector público con los compromisos que tenemos todos como servidores públicos con la ciudadanía”, agregó la ministra.