La propuesta previsional del gobierno fue la sorpresa de la semana y dejó al arco opositor en una posición incómoda, porque llegó justo cuando estaban a punto de cerrar filas tras una idea conjunta que significaba destinar el 6% de cotización adicional a un sistema colectivo. "No entiendo al gobierno", era una de las frases que se repetía bastante entre los parlamentarios de este sector, porque creían que la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, tenía intenciones de negociar y que esperaría su planteamiento. Al menos, admiten, esas eran las señales que habían recibido de parte del gobierno y de algunos referentes de Renovación Nacional que les comentaban que eran partidarios de un gran acuerdo, ojalá nacional.

Pero en el gobierno primó otra lógica: acelerar la discusión basada en su hoja de ruta y no en la que la oposición instalara. Si bien esta lógica tiene el riesgo de que se rechacen sus indicaciones, también puede tener la ventaja de que se aprueben, no con mayoría total, pero sí dividiendo al bloque del frente. Y no están muy alejados de la realidad, ya que varias miradas están puestas en las dudas de la DC. "Es probable que el gobierno pase la máquina con la DC y prefiera esa vía antes que un gran acuerdo", admitió el diputado Tucapel Jiménez (PPD).

En un principio el gobierno tenía dos estrategias en mente. Primero, tratar de llegar a un acuerdo con la oposición para que el trámite legislativo fuera más expedito, y segundo, presentar directamente el proyecto. La opción adoptada finalmente fue esta última, porque han pasado tres meses desde que asumió el nuevo gabinete y siguen esperando que la oposición esté alineada en una propuesta común, sin avances importantes en la negociación. Ante esto, el Presidente Sebastián Piñera optó por salir en cadena nacional el miércoles por la noche para entregar su propuesta.

Pero también influyeron otros factores: la próxima semana es la última de trabajo legislativo hasta marzo y se podría acusar al gobierno de no haber presentado nada hasta esa fecha, sobre todo porque desde el mundo político miran con cierto temor que resurjan con fuerza las movilizaciones. Además, el gobierno ya tenía claro que no iba a llegar a acuerdo en uno de los consensos que adoptó la oposición de que toda la cotización adicional vaya a reparto.

De este modo, el Ejecutivo busca poner presión para que los parlamentarios trabajen en febrero o que al menos el proyecto quede despachado de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados antes del receso. Y la estrategia parece haber funcionado en parte, pues ya la Cámara anunció que se cancela la semana distrital que iniciaba el 27 de enero para poder trabajar en esta iniciativa.

Desde la UDI la impresión es que el gobierno ya entregó todo lo que pudo y no queda espacio para ceder más. En RN están algo más dispuestos a negociar si es necesario. Así, aunque el gobierno quiera entregar más puntos a la oposición, desde el mismo oficialismo hay quienes pueden resistirse.

"Creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo máximo que ayuda a aliviar como nunca antes y 'a la vena', el principal desafío social en Chile, como son las pensiones, y espero se actúe con la generosidad de así asumirlo y tengamos un rápido acuerdo parlamentario, sin tiras y aflojas -para lo que ya no hay margen-, y que estas nuevas jubilaciones se empiecen a pagar a más tardar en abril", comenta el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

En el gobierno tienen claro que el principal nudo para llegar a un acuerdo es cuánto va a solidaridad. Entre parlamentarios de RN hay quienes creen que la ecuación podría quedar en 2% a cuentas individuales, y 4% para reparto, pero es el Ejecutivo el que lleva las negociaciones. Eso sí, desde Chile Vamos no están dispuestos a ceder más allá de ese piso y desde la UDI señalan que no aceptarían bajar de la actual propuesta.

Uno de los puntos que el gobierno está con mayor disposición a negociar es separar las funciones que hoy cumplen las AFP, es decir, que las administradoras sigan preocupándose de hacer rentabilizar los fondos de pensiones, pero quitarles la administración de cuentas.

Otro tema en que están abiertos a hacer cambios es respecto del ente público que gestionará el 6% de cotización adicional, porque si bien en el proyecto inicial el gobierno ya definió la estructura del CASS (Consejo Administrador de los Seguros Sociales), de todas maneras están dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición.

"Pienso que puede ser un punto de negociación la cantidad de años de cotización exigidos para recibir el aporte de 2 y 2,5 UF, o la cantidad de años para llegar al 6% por parte de los empleadores", agrega la diputada Sofía Cid (RN).

Si bien en sus declaraciones públicas los diputados de la DC han señalado que la propuesta del gobierno es insuficiente, internamente están satisfechos de que sus ideas hayan sido consideradas, tales como la pensión básica garantizada y la inclusión de las cooperativas como administradores de fondos. Incluso advierten que ellos están disponibles y les interesa concluir en un acuerdo, y colocan como punto de intersección, por ejemplo, la movilidad entre los fondos, es decir, que las personas puedan escoger si quieren administrar su 13% con un ente público o las AFP.

De hecho, en la bancada no eran muy favorables a la iniciativa del bloque de destinar todo a un fondo colectivo, y varios habían manifestado que debería mantenerse un porcentaje de capitalización individual. "No estamos tan convencidos de lo que propone la Carola", añaden refiriéndose a la senadora Carolina Goic, quien ha jugado un rol fundamental en la articulación opositora. Es más, fuentes parlamentarias aseguran que, tras conocer la idea del gobierno, la parlamentaria de la Patagonia conversó con sus pares de Trabajo y dentro del comité para manifestarles su compromiso irrestricto con el 6% a solidaridad.

"Tenemos que conversar entre todos, si quieren insistir con el 6% como posición negociadora, nos sumamos, pero si es una postura maximalista y es todo o nada, vamos a actuar distinto", afirman en la bancada falangista. "Tenemos que transparentar nuestros propósitos para saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar, pero descolgarse tendrá un costo, no será tan fácil", apunta el diputado Gastón Saavedra (PS).

Tampoco sería un escenario tan extraordinario que la DC, que ahora integra a los radicales expulsados de la bancada, apoye al gobierno, pues ya actuó al margen cuando aprobó la reforma tributaria que proponía la reintegración, y fue en el Senado el espacio en que la autoridad tuvo que enfrentar la unidad opositora y desistir de ese objetivo.

Los otros partidos de la oposición admiten que también están por caminar hacia un acuerdo, claro que a medida que se avanza hacia la izquierda las condiciones se incrementan.

Quizás el "más cercano" podría ser el PS, por lo que dice su jefe de bancada, el diputado Manuel Monsalve: "Las pensiones son un tema que tiene urgencia política, social y, por lo tanto, amerita de los socialistas el mayor esfuerzo para lograr un acuerdo. Pero se requiere flexibilidad de parte del gobierno. Espero que este anuncio no sea su propuesta definitiva ni final, sino que esté dispuesto a conversar".

Hay conceptos basales en la iniciativa del gobierno que pueden dar pie a un consenso, explica, como fijar la línea de la pobreza y el sueldo mínimo como parámetros para definir montos de pensiones. Sin embargo, aspiran a que el ente estatal administre los fondos y no sea un mero intermediario, que en algún plazo pueda competir por el 10% que tienen las AFP, y que se regule más fuertemente a esta industria imponiendo límite a las utilidades de los dueños de modo que cuando supere ese nivel, se distribuya entre los fondos, o vayan al ahorro colectivo.

Siguiendo por el arco, en el PPD creen que la propuesta gubernamental aún está lejos de su óptimo. "Queremos que ningún pensionado reciba menos de $180.000, que es la línea de pobreza, y que eso sea financiado por el Estado. Y a ello se sumen los fondos de sus cuentas individuales. El gobierno no ha querido entender que debe abrir la billetera y que el Estado no se puede hacer el leso", recalca el jefe de bancada, diputado Andrés Celis.

Más dura es la posición en esta tema en el Frente Amplio, donde se reitera la necesidad del trabajo conjunto de la oposición que se retomará mañana lunes con los técnicos. "A esos cambios les falta mucho para ser estructurales, el gobierno insiste en la lógica de ahorro individual: a nosotros nos preocupa que todo sea sin reforma tributaria y al final se sigue sosteniendo un sistema (de AFP) con plata de todos", comenta la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (Convergencia Social), que ve muy difícil llegar a buen puerto con la propuesta de Piñera.

En la misma senda, pero cerrando más la puerta, se sitúa el Partido Comunista, que no concuerda con el modelo actual, y así lo reafirma la diputada Karol Cariola: "Si el gobierno no se allana a escucharnos, prefiero esperar dos años, lo que demorará una nueva Constitución".