Este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un documento a los senadores de la Comisión de Trabajo, que propone que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se distribuya de una manera distinta a la que había planteado hasta ahora el gobierno.

El informe, de nueve páginas, titulado “Marco para la discusión en particular del proyecto de reforma previsional en el Senado”, enumera una serie de principios, así como propuestas en las que, a juicio del Ejecutivo, existe convergencia de opiniones, y metas para el sistema en régimen.

Este documento trae varias novedades, y las principales son precisamente respecto del financiamiento que evalúa el gobierno para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, el mayor nudo que existe en este proyecto entre el Ejecutivo y la oposición.

En concreto, el gobierno allí planteó que un 3% se destine a cuentas individuales; y otro 3% vaya a un fondo que financiará solidaridad. Pero en realidad, de ese total que se entrega a solidaridad, solo un 1% sería aportado de manera permanente, mientras que el restante 2% sería entregado de manera transitoria por parte de los cotizantes, y además, será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, operaría como un préstamo que se devolvería con intereses a la hora del retiro. Además, el gobierno se mostró dispuesto a entregar una cierta cantidad de recursos fiscales a ese mismo fondo que pretende financiar la solidaridad.

Previo a que se conociera el referido documento, este miércoles subió la tensión ante presiones del gobierno para votar la reforma previsional la próxima semana. Si bien el Ejecutivo esperaba que se pudiera votar en general el proyecto en la sesión que realizó la Comisión de Trabajo del Senado, eso no ocurrió, pues los senadores de Chile Vamos insistieron en que primero es necesario llegar a un acuerdo.

La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.) pidió no seguir dilatando la votación. Frente a ello, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que el gobierno está pidiendo que se vote un proyecto que está exactamente igual a como llegó de la Cámara de Diputados, con varios de sus temas rechazados: “No se está proponiendo nada, salvo palabras, que tienen que estar refrendadas al menos por ciertos acuerdos mínimos, al menos por algún protocolo”.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea (RN) advirtió que “anticipar votaciones, aunque sea en general, puede ser el peor enemigo de aquellos que queremos que esta reforma resulte”. Agregó: “Prefiero ir avanzando con precisiones, redacciones, textos absolutamente definidos en cada uno de los temas, para que no le demos espacio a todos quienes quieren ser enemigos de esta reforma, y llegar al final. Quizás vamos a llegar el día de mañana a una votación en general y en particular casi simultánea, no tengo ninguna objeción a eso”.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente de la Comisión de Trabajo, lo secundó en esto último, y planteó que se pueda votar en general y en particular al mismo tiempo, después de llegar a acuerdos, al igual como lo hicieron en la Comisión de Hacienda con el pacto tributario.

En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), aunque no es parte de la Comisión de Trabajo, asistió a la sesión y propuso que se ponga un plazo para generar un documento acotado donde se suscriban acuerdos. Mientras que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, pidió que el proyecto se pusiera en votación en general. “No puede seguir la pelota trancada”, indicó.

Después de un debate de cerca de una hora, donde el gobierno y los parlamentarios oficialistas insistieron en someter a votación el proyecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró que se ha ido avanzando bastante en generar convergencias. “Nosotros hemos ido sistematizando los temas que han surgido en la discusión”, sostuvo Marcel.

Acto seguido, explicó que agruparon en un documento las propuestas del Ejecutivo que han sido generalmente acogidas y valoradas; las propuestas surgidas en la etapa final de la discusión en la Cámara de Diputados que no llegaron a ser incorporadas en el proyecto votado en abril pasado; opiniones y propuestas surgidas de técnicos, actores del sistema y parlamentarios durante la fase de audiencias; y las propuestas de la mesa técnica que constituyó la Comisión de Trabajo. Marcel entregó ese documento a los senadores, con el objetivo de ordenar la discusión en particular del proyecto, argumentó.

Luego, Marcel comentó: “Se ha planteado que se vote ahora, que se fije un plazo, que se defina un procedimiento, y de todas las alternativas que se han planteado, creo que es importante que seamos claros respecto a lo que significa la idea de que vamos a dejar la votación en general y particular para el final de todo, sin plazo. Se ha hablado de confianza, (pero) eso no es confianza, se requiere un acto de fe, y yo creo que desgraciadamente la política chilena no está en terreno como para hacer actos de fe, por eso es que hacemos protocolos”. Y pidió dejar claros los plazos.

“Valoro lo que ha hecho, pero no conocemos el texto” respondió Coloma sobre el documento que les entregó Marcel. “Me parece que lo mínimo es leer el texto por parte nuestra, ver si estamos de acuerdo con el texto, que puede ser fantástico, o puede que estemos en desacuerdo, puede que haya modificaciones que sugerir (...) Me parece, por sentido común, dar espacio para leerlo”, añadió.

A raíz de eso, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que el proyecto tiene urgencia de discusión inmediata y pidió que se vote la próxima semana. Coloma contestó que si se aplica la urgencia, se tiene que votar en general y particular simultáneamente. “Si eso pretende el Ejecutivo, dígamelo altiro”, dijo Coloma.

La ministra Jara insistió en consultar si se votaría la próxima semana. “Déjenos primero leer el documento”, reiteró Coloma. El senador Gastón Saavedra (PS) retrucó: “El miércoles hay sesión, y ahí yo le pediría al gobierno que coloque la urgencia que corresponde, porque ahí sí o sí votamos”. Coloma señaló que “ahí veremos si está bien o está mal (el documento)”, y agregó que los senadores, si así lo quieren, pueden pedir el cierre del debate, lo que tendría que ser votado para ver si procede o no a votar en general.

Posterior a la sesión, los ánimos en vez de calmarse se tensionaron más. Desde Chile Vamos cuestionaron el documento presentado por Marcel, el que no reconocen como un protocolo de acuerdo, dado que no participaron de la redacción del mismo. Tampoco el gobierno lo quiso llamar de esa manera. Dada la extensión y el contenido del texto, los senadores opositores estiman que tomará más tiempo que la próxima semana para poder generar consensos antes de votar la idea de legislar.

Las propuestas del documento que entregó Marcel, fueron agrupadas en seis temas. Primero habla del “aumento de volumen de ahorros y densidad de cotización en el pilar de contribución definida”.

Allí, entre otras cosas, plantea subir la cotización en 6% con cargo al empleador, subir el tope imponible (UF 84,3) de manera gradual hasta igualarlo al del Seguro de Cesantía (UF 126,6), un seguro de lagunas previsionales que se paga con cargo al seguro de cesantía, y centralizar el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales en un organismo licitado.

El segundo tema se refiere a “elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores”. Al respecto, entre otras cosas, el documento propone pasar de multifondos a fondos generacionales, estableciendo carteras de referencia para cada uno, donde los inversores recibirán premios o castigos a sus comisiones según su desempeño.

También plantea licitar grupos de afiliados, “seleccionando aleatoriamente un porcentaje de hasta 10% de los afiliados”, que se lo adjudica el “oferente con la menor comisión, el cual deberá mantener dicho precio por 10 años. Los afiliados licitados pueden desistir de la licitación o cambiarse de inversor de pensiones en cualquier momento”. Dice que se va a estipular un límite de participación de mercado, tanto en términos de afiliados como de activos administrados, para poder participar en la licitación.

Adicionalmente, el documento habla de establecer un encaje reducido para generar más competencia, limitar el valor máximo de las comisiones indirectas, flexibilizar los actuales límites de inversión, eliminar el rango establecido en la ley para la fijación del límite de activos alternativos y separar la administración de cuentas de la gestión de inversiones de las AFP.

Sobre la Pensión Garantizada Universal, se propone aumentarla a $250 mil, “en el entendido que dicho monto se encuentra prudencialmente por sobre la línea de la pobreza”. También determina “fijar un período de carencia en que la PGU se reajuste sólo de acuerdo con el IPC”, y “establecer un procedimiento robusto para eventuales futuros reajustes del beneficio”.

Asimismo, propone “mantener la cobertura de la PGU en el 90% de los pensionados, redestinando los recursos que se habían comprometido en el proyecto original al fortalecimiento de los mecanismos que permitan elevar la tasa de reemplazo de los pensionados de segmentos medios”.

El cuarto punto es sobre el “aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes”. Acá habla de un mecanismo que compense a mujeres por la mayor sobrevida, lo que se financiará con cargo a la cotización adicional del empleador.

Asimismo, plantea “agregar mecanismos de redistribución intrageneracional a la cotización de cargo del empleador con objeto de compensar el efecto que las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres”.

Por otro lado, propone diseñar un seguro de longevidad, que pueda incorporarse a las modalidades de jubilación.

El quinto punto versa sobre “modalidades adicionales de aseguramiento y obtención de potenciales beneficios para los actuales pensionados”.

Este es el principal nudo del proyecto: el modo en que se financia la mejora de las pensiones para actuales jubilados. Acá fue donde el gobierno propuso una nueva fórmula de financiamiento, que considera cotizaciones de los trabajadores, a los cuales se les devolverá una parte de lo que aporten, pero también se contemplan recursos fiscales.

Al respecto, el documento plantea “mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los que lo hagan durante los próximos 20 años, a través de una garantía transitoria equivalente a 0,1 UF por año cotizado, con un mínimo de entre 5 y 10 años y un máximo de 30 años. El referido tope se irá reduciendo progresivamente para quienes se pensionen con posterioridad al año 20 hasta su extinción en idéntica temporalidad, reconociendo con ello el aporte que realizaron los distintos afiliados a la transición del sistema”.

Es más, agrega que “esta garantía será financiada con cargo a un Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, que se constituirá con una cotización permanente, de cargo del empleador, de un 1% de las remuneraciones, un Aporte Reembolsable de un máximo de 2% de las remuneraciones, de carácter transitorio, y un aporte fiscal predeterminado en función de las necesidades de suficiencia y sostenibilidad del Fondo, el que, en cualquier caso, no excederá de los recursos liberados por la mantención de la cobertura de la PGU en 90% de los pensionados y el financiamiento de la gestión de fondos mediante una comisión de cargo del trabajador”.

El 1% de cotización permanente que allí se menciona también financiará el seguro por diferencias en expectativa de vida entre hombres y mujeres.

El documento detalla que “el Aporte Reembolsable será de 2 puntos porcentuales de la cotización de cargo del empleador durante los primeros 20 años, reduciéndose paulatinamente durante los años siguientes. Al momento de cotizar, se emitirá por parte del Fondo, un instrumento financiero endosable, similar a los bonos de reconocimiento, que se depositará en el Depósito Central de Valores”.

Añade que “este instrumento será redimible a partir del momento del retiro, en cuotas mensuales a lo largo de 20 años. El instrumento se calculará como la suma de los aportes reembolsables efectuados, más un interés, definido por ley, de entre 2 a 3% sujeto a escenarios objetivos y rigurosos de sustentabilidad del Fondo y benchmarking de referencias similares”.

Agrega que “el Fondo tendrá características institucionales, contables y operacionales similares al Fondo del Seguro de Cesantía. Este contará con un régimen de inversión que fije las reglas de inversión de los fondos en base al objetivo de rentabilidad y pago de obligaciones con los cotizantes”.

El último punto se refiere a “arreglos institucionales, estándares de información, exigencias de transparencia y participación, instancias de educación y participación”.

Entre otras cosas, propone que la Superintendencia de Pensiones se transforme en una Comisión de Pensiones, colegiada.

Acá también plantea “establecer, para el Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, una estructura de gobernanza que asegure su carácter técnico, la independencia del gobierno de turno, separado del Fisco y la responsabilidad por el uso transparente y eficiente de los recursos que administrará. Para este efecto, contará con un Directorio cuyos integrantes serán nombrados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, por mayoría absoluta de sus miembros y desanclado de los distintos ciclos políticos. Este Fondo deberá subcontratar la gestión de sus inversiones en Chile a uno o más operadores privados calificados, pudiendo hacerlo también para la gestión de sus inversiones en el exterior”.