Reuniones con clientes y negociaciones: La interna de Sartor tras el escándalo de Swell Capital y las cercanías de un acuerdo

SARTOR AZUL AZUL
De izquierda a derecha: Óscar Ebel, Alfredo Harz, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante, Miguel León y Michael Clark, seis de los inversores que participan en la nueva propiedad de Azul Azul. El séptimo es Pedro Pablo Larraín.

Reuniones con clientes de sus fondos y revisión en profundidad de las otras compañías con las que trabajan son parte de las medidas que debieron tomar en Sartor para hace control de daños. La administradora de fondos hasta ahora no ha visto problemas con sus otros negocios, continúan levantando recursos y sus vehículos crecen. Abogados de los aportantes de Swell señalan que ya hay un principio de acuerdo.


A las rutinas habituales de una gestora de fondos se han sumado las reuniones explicativas. Desde los primeros días de julio en Sartor tienen más trabajo que antes. Además de administrar sus fondos, por estos días también han debido reunirse con sus clientes para abordar el escándalo de Swell Capital, mientras también tratan con los abogados de los portantes sobre eventuales medidas compensatorias. La caída de los fondos que estaban bajo su administradora de fondos de inversión privado, pero que era gestionados por Swell, tiene a los socios cansados del tema, pero aún así han logrado levantar capital para otros negocios, y están cerca de ver la luz.

El viernes 2de julio Octavio Gamboa, quien junto a Nicolás Iglesis y Juan Luis Montalva eran socios en Swell Capital, se autodenunció ante el Ministerio Público por conductas constitutivas de delitos que implicaron, al menos desde enero de 2021, el uso de los recursos de los clientes de los fondos Intra-Trade y Norswell como garantías para operaciones de su sociedad personal Inversiones Boris, la que implicó la pérdida de casi $7.000 millones.

El sábado siguiente de la autodenuncia Iglesis llamó a Alfredo Harz, socio de Sartor, para comunicarle lo ocurrido, y tras ello los hechos se sucedieron con rapidez. El 13 de julio Gabriel Zaliasnik, en representación de Sartor y de los fondos Intra Trade y Norswell, presentó una querella contra Gamboa por el delito de administración desleal; y el 30 de julio también se querellaron Iglesis y Montalva.

La arista penal quedó radicada en la fiscalía de alta complejidad oriente. El fiscal Felipe Sepúlveda, a cargo de la investigación, tomó declaración a Gamboa el pasado 20 de julio: “aprovechando mi calidad de ejecutivo, apoderado y representante de Swell, no detuve la ejecución de operaciones forwards en dólares entre Boris y Swell, para lo cual manipulé información, engañando al contador de Swell (Michael Suárez), que tenía la función de contralor de riesgo y de mantener actualizada la información relativa a garantías”, dijo al fiscal.

Sin embargo, al ser consultado por el fiscal respecto de qué información falsa entregó al contador, Gamboa indicó que “en realidad no entregué información falsa, lo que hice fue decirle al contador el problema que tenía debido a los malos negocios de Boris, solicitándole que me ayudara a alterar el informe semanal de garantías (…)”.

El último escándalo del distrito financiero de Santiago significó que también los socios de Gamboa solicitaran el inicio del proceso de reorganización de la sociedad. La justicia ya declaró la protección de la compañía durante 30 días, y los socios deberán presentar una oferta a los acreedores. Y en tanto, los aportantes buscan que Sartor pague por el daño a raíz de que los contratos fueron firmados con ellos, independiente de que la administración primaria de los fondos estuviera en Swell.

Sartor tiene actualmente como socios a Pedro Pablo Larraín, Óscar Ebel, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamente, Carlos Larraín y Miguel León. Por estos días buscan pasar el trago amargo sacando adelante nuevos negocios.

Control de daños y el eventual acuerdo

Actualmente Sartor tiene unos US$500 millones bajo administración, y sus seis socios participan en la firma a través de Asesoría e Inversiones Sartor, misma sociedad que posee el 90% del fondo que adquirió el control de Azul Azul.

Pero mientras dan el puntapié al plan de inversiones en Universidad de Chile, los socios de la administradora han debido hacer control de daños. Durante la misma semana que estalló el caso, se reunieron y tomaron contacto con los aportantes de sus otros fondos para informar de la situación, y precisar el alcance de su rol. Ya han hablado con más del 50% de su cartera de clientes.

Y también debieron contestar la llamada de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que preguntó de manera informal por la relación de Sartor con los fondos de Swell y por los estados financieros auditados del ejercicio 2020. Desde entonces no han tenido más comunicación.

Junto con ello, también realizaron un análisis de todas las compañías con las que trabajan, en una especie de due dilligence para evitar que se repitiera una situación como la de Swell. Ello ocurrió por ejemplo con los factoring con los que tratan a través de su fondo Táctico.

Por ahora las noticias no han golpeado a la firma. De hecho ese mismo fondo que para marzo reportaba un patrimonio de $69.266 millones, para el 31 de julio tenía $ 103.671 millones. Similar a su fondo Proyección, que entre marzo y julio vio un crecimiento de su patrimonio desde los $59.728 millones a $ 67.098 millones.

Y es que a pesar de estar en el ojo del huracán, han logrado seguir consiguiendo recursos. Por estos meses levantaron US$15 millones para un fondo de inversión ESG, el cual estará enfocado en pymes. La idea es hacer algo similar a lo planeado con el fondo Crece, de Corfo. Y a principios de agosto lograron concretar un fondo junto al BID y AVLA, por US$40 millones.

En medio del trabajo diario, los socios de Sartor también han debido lidiar con los aportantes de los fondos Intra-Trade y Norswell, que buscan que se hagan cargo de lo ocurrido con Swell. A mediados de la semana pasada las partes conversaron una estructura que se basa en tres variables: cash out ( pago inmediato), bono transable con intereses (plazo e interés a definir) y un descuento a recuperar con la cobranza en Swell.

En algún momento se propuso una estructura mínima para proponer a los aportantes de un 50% de cash out y un 30% en un bono o documento ejecutivo. Falta afinar detalles, pero están cerca de llegar a un acuerdo.

Tomás Contreras, de de SIV Abogados, quien junto a Cristián Gandarillas, del estudio Gandarillas Montt del Río, representa a los portantes de Swell, señala que “efectivamente hay un principio de acuerdo entre los aportantes respecto del esquema de pago presentado, sin embargo esperamos que Sartor haga una oferta económica acorde al fraude ocurrido”.

Según el abogado, “Sartor, sus directores y administrativos, deben reconocer que tienen un rol legal fiduciario e indelegable en la administración de fondos de terceros. Legalmente y de conformidad a los reglamentos internos, son ellos los que deben tomar las medidas pertinentes y de seguridad necesarias para el cuidado, conservación y correcta inversión de los fondos de sus clientes y que por consiguiente debe responder por las negligencias de tal responsabilidad”.

Por parte de Sartor, el encargado de negociar con los aportantes es Gabriel Zaliasnik, quien a su vez se relaciona con Pedro Pablo Larraín. Y cada propuesta Larraín la conversa con sus otros socios.

El eventual acuerdo podría darse a conocer pronto.

Las operaciones, las deudas y Tanner

“Si le tienes miedo a los tiburones, no te metas agua”. Así decía una presentación realizada por Swell durante la última parte de 2020, en la que explicaban quienes eran, su trayectoria y ofrecían participar en el aumento de capital del FIP Intra Trade.

En la misma presentación, Swell explicaba que “la estrategia (del fondo Intra-Trade) consiste en identificar la tendencia diaria a través del análisis técnico y monitoreo de flujos, para encontrar los mejores puntos de entrada y salida”. En tanto, en la presentación del FIP Norswell, los socios ofrecían entrar el mundo fintech y planteaban que la operación se basa en“dos algoritmos en paralelo predicen el comportamiento de tendencias del CLP/USD en frecuencias de 30 minutos y frecuencias diarias permitiendo identificarlas y tomar posiciones al alza o a la baja”.

Pero algo salió mal. Según la declaración de Gamboa ante el fiscal Sepúlveda, desde un principio Inversiones Boris Limitada fue el mayor cliente de Swell, generando aproximadamente un 70% de sus ingresos, lo que se redujo a un 50% en 2020. Y si bien ese año fue bueno considerando una ganancia neta por $4.300 millones, en 2021 la historia cambió. “De enero a junio Boris tuvo pérdidas por $7.200 millones, producto de malas decisiones de inversión, consumiendo todas las garantáis que mantenía Swell, tanto de propias como de terceros (...) Boris acumuló una pérdida de $450 millones. Sin embargo, en mi calidad de ejecutivo, apoderado y representante de Swell no detuve la ejecución de operaciones forward en dólares entre Boris y Swell”, dijo al fiscal.

En el marco del proceso de reorganización solicitado el 5 de agosto por Swell ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, IT&A Auditores Consultores, a solicitud de Swell, emitió un certificado de deudas al 7 de julio en la cual detalló que los pasivos de Swell Capital SpA llegan a $6.411.894.962. En total son 70 los acreedores, siendo los dos mayores Norswell con $2.803.530.866 (43,7%), e Intra Trade otros $1.230.104.868 (19,2%). Banco de Chile es el tercer mayor acreedor por un mutuo hipotecario con la oficina de la gestora.

El cuarto mayor acreedor al 7 de julio es Tanner, con deudas por $399.364.561 (6,2% del total). Pero esa cifra discrepa de la que revela la compañía controlada por Ricardo Massu, ya que en su solicitud de liquidación forzosa de Swell Capital, presentada el 26 de julio al 20° Juzgado Civil de Santiago, detalla un pagaré por $827.260.266 suscrito con fecha 5 de julio, es decir tres días después de la autodenuncia de Gamboa.

Eduardo Kutcher y Jorge Garrido, operadores de Tanner que transaban con Swell, hoy están en MBI.

Desde Tanner Corredores de Bolsa señalaron que ambos “fueron despedidos como consecuencia de los hechos conocidos, y debido a que no cumplieron con la normativa interna establecida para operar”.

La otra intermediadora con la que trabajaba Gamboa era LarrainVial. Pero en su declaración del 20 de julio, indicó que sólo Tanner tiene pérdidas porque “permitió que se operara sin garantías los últimos días. LarrainVial nunca operó sin garantías suficientes”.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.