Faltaban solo algunos detalles por afinar en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la iniciativa sobre su financiamiento. Así, este lunes los parlamentarios terminaron de votar ambos proyectos y los despacharon a la sala de la Cámara Alta.

A continuación y tras casi siete horas de debate, se votó en sala el proyecto que crea la PGU y fue aprobado en general por unanimidad, aunque no exento de polémicas.

La votación se extendió por más tiempo, dado que desde la oposición ingresaron una indicación para incluir en este proyecto las pensiones de reparación de manera distinta, cuestión que durante el debate fue la única petición a la cual no accedió el gobierno. La sesión se tensionó e incluso se suspendió por algún tiempo, con la idea de lograr algún consenso, lo cual finalmente no ocurrió.

Más tarde los senadores votaron el proyecto para financiar la PGU mediante distintos tributos y reducción o eliminación de exenciones, el cual se aprobó en general con 29 votos a favor, tras un par de horas de debate.

Como ambos proyectos sufrieron cambios en el Senado, ahora deben volver a la Cámara de Diputados para su trámite final, votación que ocurrirá este miércoles y con la cual quedaría todo despachado del Congreso, en línea con el cronograma que ha planteado el gobierno para que los beneficios se puedan empezar a pagar a partir de la tercera semana de febrero.

Se espera un trámite expedito en la Cámara. De hecho, la semana pasada la senadora Ximena Rincón (DC) señaló que “el principio de acuerdo que tenemos es que lo que aquí (en el Senado) hagamos, se aprobaría allá, para evitar la mixta”.

Luego de la aprobación de la PGU en la sala del Senado, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, dijo que esto “garantiza que ninguna pensión futura estará por debajo de la línea de la pobreza y es un hito que sienta las bases de un sistema mixto, donde el esfuerzo personal se verá complementado por una pensión garantizada”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que “esperamos que el miércoles sea ley de la República”.

Esto significa que se crea una PGU que contempla un monto máximo de $185.000 para todos los adultos mayores de 65 años o más, que no se encuentren en el 10% más rico de la población.

La PGU reemplaza los beneficios del actual Pilar Solidario y es complementaria al ahorro previsional que hace cada persona durante su vida. La pueden recibir pensionados, bajo cualquier modalidad de pensión, y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos, sin la necesidad de pensionarse o estar afiliados a algún régimen previsional.

Recibirán íntegros los $185 mil quienes cuenten con una pensión base igual o menor a $630.000 mensuales. Para las personas que posean una pensión base superior a $630.000 y menor a $1.000.000, el monto del aporte del beneficio irá disminuyendo.

Para facilitar la entrega del beneficio, el IPS (Instituto de Previsión Social) realizará los pagos mediante la red que posee actualmente. Estos son depósitos electrónicos; de manera presencial, a través de Caja Los Héroes y una parte en BancoEstado.

También hay una ampliación del 60% al 80% de los beneficiarios del Pilar Solidario de Invalidez, así como un aumento de la cobertura del 20% al 60% los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental (SDM), que ahora también podrán recibirlo menores de 18 años con discapacidad física o sensorial, subiendo el aporte de $77.701 a $92.500.

Con los cambios introducidos, en total serán 2.481.798 personas que accederán a los beneficios. De ellas, 2.158.278 pertenecen a la PGU y 323.520 al Aporte Previsional Solidario de Invalidez.

Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, comentó que “la aprobación de la Pensión Garantizada Universal es una muy buena noticia para los actuales y futuros pensionados del país. Se trata de una medida concreta que va a aumentar las pensiones de forma inmediata y que permite contar con un piso sobre el cual cada trabajador podrá, a partir de sus ahorros, mejorar su pensión total”.

En materia de recaudación para financiar la PGU, los parlamentarios aprobaron en sala lo mismo que despachó la Comisión de Hacienda.

Esto significa que los senadores revirtieron el impuesto al patrimonio -llamado impuesto a los súper ricos- que había aprobado la Cámara de Diputados, tema donde el gobierno había hecho reserva de constitucionalidad.

Asimismo, aprobaron que se aplique una tasa de impuesto único de 10% a las ganancias de capital para operaciones bursátiles, según el artículo 107 de la LIR, excluyendo inversionistas institucionales. Eso sí, los senadores opositores y del oficialismo no se mostraron muy entusiastas aprobando esta idea.

Adicionalmente, le dieron el visto bueno al aumento de la sobretasa del impuesto territorial, donde el objetivo es elevar la tasa marginal que se aplica para el tramo superior de avalúos fiscales, de donde proviene la mayor recaudación. Esto aplicaría para el tramo 3, de más de $900 millones, donde se aumentaría de 0,275% a 0,425%.

También se aprobó con todos los votos la indicación que ingresó el gobierno la semana pasada, que moderniza el sistema de concesiones mineras (patentes de exploración y explotación), lo que recaudaría 0,11% del PIB. Unánime asimismo fue el visto bueno que le dieron a la homologación del tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable, reconociendo su realidad económica de financiamiento.

Además, los parlamentarios aprobaron la nueva sobretasa a vehículos de lujo, y la afectación con IVA a la prestación de servicios. También aprobaron la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación del Crédito Especial a las Empresas Constructoras en el IVA (CEEC).

Lo mismo para terminar con los beneficios tributarios del DFL 2 a partir de la tercera vivienda para quienes hayan adquirido propiedades antes de 2011. Además, le dieron el visto bueno a gravar con impuesto a la herencia los seguros de vida, aunque tanto parlamentarios de oposición como de oficialismo se mostraron dudosos sobre esta idea.

Por otro lado, de manera unánime estuvieron de acuerdo con la eliminación del crédito por inversiones en activo fijo del artículo 33 bis LIR respecto de las grandes empresas.

Por último, los senadores aprobaron subir el techo máximo de subsidio que entrega el Estado mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) desde US$500 millones a US$750 millones.