Senadores del PS piden al TC respaldar proyecto original que fortalece al Sernac

Los senadores del PS, Alfonso de Uresti, Juan Pablo Letelier y Alvaro Elizalde solicitaron al Tribunal Constitucional resolver que el texto de la ley Sernac a ser promulgado, sea el que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que le confería al organismo facultades sancionatorias.

Esto, luego de que la seman pasada el gobierno decidiera acudir al TC, para aclarar y resolver la iniciativa, sobre la cual la Contraloría General de la República decidiera no tomar razón de su decreto promulgatorio, por considerar "inconstitucionales" alguna de las nuevas atribuciones que se le otorgaba al Servicio, tal como lo había planteado el propio TC en su momento.

Cabe recordar que luego que el año pasado el Congreso aprobara la iniciativa, la Cámara Nacional de Comercio ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional para frenar el despacho de la ley, lo que fue duramente criticado por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Tras tres meses de revisión, el TC declaró inconstitucionales los principales ejes de la ley; es decir, las facultades sancionatorias y normativas del nuevo Sernac.

Así, a pocos días antes de dejar la presidencia, Bachelet firmó la iniciativa legal, dejando en manos del Presidente Sebastián Piñera su futuro. Sin embargo, en el oficio enviado al gobierno, el Parlamento revivió parte de la facultad sancionatoria que había declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional (TC), por lo que el nuevo gobierno decidió enviar el proyecto a la Contraloría General de la República (donde la CNC nuevamente ingresó un texto preventivo para evitar su promulgación).

Incluyendo un aplazamiento de plazos, la Contraloría decidió, a principios de este mes, no tomar razón del decreto de promulgación del proyecto, enfatizando en los artículos considerados inconstitucionales por el TC, devolviéndolo al Ejecutivo, que la semana pasada decidió ingresarlo nuevamente al TC.

Así, el futuro del proyecto se prevé sea tal como lo había señalado el Tribunal, es decir, sin las facultades sancionatorias ni normativas.