Este miércoles el Sernac informó que ofició a las compañías vinculadas a los espectáculos masivos, solicitándoles que informen las fechas de los eventos que ya están programados para este año, los recintos donde se realizarán, la cantidad de entradas disponibles a la venta, entre otros, en vista de lo ocurrido en algunos de los eventos realizados el año pasado, como el de Daddy Yankee y de k-pop “Music Bank”.

Las gestiones son para elaborar planes para los eventos, recomendar medidas preventivas y planificar las fiscalizaciones presenciales. Para esto, el Servicio dijo que se coordinará con otras instituciones involucradas para adoptar y coordinar todas las medidas preventivas necesarias para proteger los derechos de los consumidores.

El Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, declaró que el objetivo de esta gestión es conocer las medidas que desde ya se están implementando en las empresas para evitar problemas como los ocurridos en 2022 y que afectaron a miles de asistentes, quienes vieron expuesta su seguridad, o no pudieron disfrutar como correspondía del evento al que asistieron debido a diversos incumplimientos de las condiciones ofrecidas. La industria del espectáculo masivo debe mejorar sí o sí sus estándares de profesionalidad”.

En 2022 el Sernac recibió alrededor de 17 mil reclamos de parte de los consumidores por problemas concernientes a conciertos y más de 9.700 por inconvenientes en la venta de entradas. En ese año, el organismo demandó a Bizarro, productora del concierto de Daddy Yankee, para compensar a los consumidores afectados por los incumplimientos y problemas de seguridad. En el caso del concierto de k – pop “Music Bank”, inició un Procedimiento Voluntario Colectivo, para que compensen a los asistentes ante la suspensión abrupta del evento. Por otro lado, citó a declarar a la productora del concierto Knotfest ante la poca claridad de su respuesta al oficio enviado por su servicio.

Mediante las inspecciones, el Sernac ha constatado las insuficiencias como las medidas de seguridad para asegurar el acceso, permanencia, así como la salida del recinto, en condiciones adecuadas para personas con discapacidad física o movilidad reducida.

Herrera explicó que contar con información oportuna le permite al Servicio analizar anticipadamente situaciones que pudiesen significar un eventual riesgo y de esta forma planificar acciones que están bajo sus competencias. Para esto han realizado fiscalizaciones presenciales para ver en terreno los incumplimientos. Estas gestiones permiten levantar actas, las cuales sirven como medios de prueba en caso de una posterior acción judicial.

La entidad cuenta con el apoyo y la coordinación con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y la Subsecretaría de Prevención del Delito, para adoptar las medidas necesarias para velar por la seguridad y el cumplimiento de las condiciones ofrecidas.