Sexto día de audiencias por Caso Factop: defensa de Álvaro Jalaff dice que el delito de soborno ya “estaba consumado” antes de su conocimiento

La imposibilidad de ser acusados de administración desleal al no ser administradores del fondo Capital estructurado I, fueron algunos de los argumentos dados este lunes por las defensas de Álvaro Jalaff, y los ejecutivos de Larraín Vial, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, en el sexto día de audiencias por el denominado Caso Factop. Sin embargo, las defensas se enfrentaron respecto de la responsabilidad detrás de la estructuración del vehículo, y del real nivel de conocimiento que tenían las partes sobre lo que estaba ocurriendo en STF Corredores de Bolsa.

Hugo Rivera fue el abogado a cargo de iniciar la defensa de Álvaro Jalaff, para quien el tribunal había asignado 1 hora media. “Acá se están pidiendo las cautelares más intensas sin fundamento”, partió diciendo el abogado, aludiendo a la solicitud de prisión preventiva solicitada por la fiscalía para los hermanos Jalaff.

“Es muy grave lo que está pasando en nuestro país, el informe de gendarmería dice que el 40% de las personas privadas de libertad es sólo imputado, no condenado, y cumple con castigo tras las rejas con una pena anticipada”, explicó.

“¿Cuál es la real participación de Álvaro Jalaff? A fines de 2021 y comienzo de 2022, Antonio Jalaff, su hermano, trasparenta a su familia y cercanos que tenía deudas vencidas que no estaba en condiciones de enfrentar (...) Álvaro Jalaff, como todo hermano bien nacido, lo apoya buscándole asesores, no lo que se ha instalado acá, que él es asesor”, dijo Rivera. Y agregó: “No puede él estar siguiendo toda esta planificación ni sabiendo la estructura jurídica que se le debe dar”.

Junto con ello, sostuvo que “Álvaro Jalaff no ha tenido deberes fiduciarios hacia el fondo, pues no lo administraba ni era un agente del fondo, por lo que no se le puede achacar perjuicio alguno, ni tampoco tenía obligaciones fiduciarias hacia los aportantes del fondo. Los deberes fiduciarios son exclusivos de la administradora. No puede ser responsable del diseño y comercialización y la administración del fondo, porque él no era agente del fondo, por eso han formalizado al señor Flores”.

El abogado Álvaro Morales, otro defensor de Jalaff, se hizo cargo de la acusación de soborno. Al respecto, apuntó que “no existen antecedentes para presumir la calidad de autor que se le imputa a Álvaro Jalaff” y dijo que, de hecho, para la reunión del 22 de junio de 2023, la cual fue grabada por Leonarda Villalobos y que dio origen al Caso Audios, la información por la cual se le acusa a Jalaff sobre sus sociedades ya estaba en manos de Villalobos.

Según Morales, es en esa reunión de 2023 cuando recién se sugiere la idea de que Álvaro Jalaff se incorpore a la creación de una “caja negra” para enfrentar la arremetida de la CMF, lo que implica que “Álvaro Jalaff no había aportado con anterioridad ni sabía de las gestiones de Villalobos ante el SII y Tesorería”. La fecha es relevante, explicó Morales, pues para ese 22 de junio Villalobos ya tenía información de 12 empresas, es decir que “el delito ya estaba consumado” antes de contarle a Jalaff lo que estaba ocurriendo.

“La posibilidad de que Álvaro Jalaff aportara a una caja negra era una alternativa, una idea, independiente de que Villalobos ya tenía información de dos sociedades de Jalaff”, dijo el abogado.

Por su parte, el abogado Sergio Bunger se hizo cargo de las acusaciones por lavado de activos. Al respecto, recordó que Álvaro Jalaff contrató un crédito por $5.000 millones para comprar los documentos “de los tenedores de facturas”, y que dichas gestiones se iniciaron hace meses, lo cual fue presentado ante tribunales el pasado viernes.

Respecto de los cargos presentados por la Fiscalía, sostuvo que “se nos ha dicho que la intención del fondo era crear un mecanismo engañoso para autopagarse los créditos, pero los únicos pagados a empresas relacionadas eran a los créditos puente, Antonio Jalaff y sus relacionados igual quedaron debiendo”.

Además, indicó que en el marco de la investigación llevada a cabo por la CMF, declaró el pasado 15 de enero el abogado Nelson Contador, quien comentó que tomó conocimiento de la situación de Antonio Jalaff ante la contratación de Inversiones San Antonio de su estudio jurídico “con el propósito de buscar alternativas de solución”. Al respecto, habría señalado Contador -dijo Bunge- , ante una insolvencia, los créditos puente “tienen un preferencia legal”.

Junto con ello, habría indicado que ante el nivel de deudas por $28.000 millones, se estudiaron salidas concursales, y que la consideración para crear el fondo, radica en que el valor del porcentaje de Grupo Patio en manos de Antonio Jalaff era mayor que el de las deudas, y que “existen casos de reorganizaciones donde los acreedores optan por cambiar sus créditos por posiciones accionarias, como Enjoy”.

“Tengo un certificado de deudas de Álvaro Jalaff emitido por la CMF, nos señala que tiene una deuda total de $23.547.995.194, extraña sería la situación de un lavador de activos que debe esta cantidad al sistema financiero”, concluyó el abogado.

Luego de la defensa de Álvaro Jalaff, llegó el turno de Rodrigo Zegers, abogado del director de finanzas corporativas de Larraín Vial, Felipe Porzio, quien se opuso a la solicitud de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de arresto nocturno, la misma que se pide para Manuel Bulnes.

Según Zegers, los “hechos que se le imputan no son constitutivos de delitos”, pues el ejecutivo simplemente se enfocó en la creación de un instrumentos financieros que dieran solución a los problemas financieros de Antonio Jalaff, sin saber lo que estaba ocurriendo con STF.

Además, apuntó que el daño que sufrieron los aportantes del fondo se produjo porque “los accionistas de Santa Teresita vendieron acciones de Grupo Patio a un valor menor, lo que generó que no se pudiera cumplir con el fondo”.

Junto con ello, señaló que “Felipe Porzio jamás participó en colocación de cuotas serie B, fueron colocadas por STF Corredores de Bolsa. En esa corredora, ni Porzio ni ejecutivos de Larraín Vial tiene participación alguna”. Tampoco, agregó, “participó de la decisión de que el fondo fuera público”, ni “elaboró ni participó en la elaboración de presentaciones a inversionistas de la serie B”, fueron también algunas de las alegaciones de Zegers.

Para el abogado, las acciones de Porzio de cara a estructurar el fondo “fueron aprovechadas por terceras personas para cometer delitos, me da vergüenza, como chileno, que la CMF no hizo su pega”, y preguntó: “¿Cómo Felipe Porzio iba a saber lo que estaba ocurriendo al interior de STF?”.

También, sostuvo que a al ejecutivo de Larraín Vial “se le imputa haber proporcionado una solución financiera a Antonio Jalaff, se le imputa el diseño e implementación”, pero “esta solución no fue propuesta por mi representado, tuvo una participación acotada en la implementación”, alternativa que “fue diseñada, entiendo, por el señor (Cristián) Menichetti y Álvaro Jalaff, mi representado no tuvo ninguna participación”.

“Se le imputan maniobras fraudulentas para hacer frente a las deudas: no se trata de maniobras engañosas ni fraudulentas, desde el primer día Felipe Porzio y otros ejecutivos se esmeraron para que siempre se cumpliera el estándar de seriedad y profesionalismo, por eso se contrató a Barros Errázuriz, para generar los documentos que han sido cuestionados como instrumentos de delito. Se auditaron los pasivos con ARTL y un valorizador como C&A, y meses mas tarde la CMF exigió segundo valorizador, y se contrató a BDO, que llegó al mismo resultado. El fondo además fue inscrito ante CMF. Desde el día 1 el fondo estuvo fiscalizado por la autoridad correspondiente”, dijo el abogado.

En tanto, Jorge Boldt, abogado del director ejecutivo de Larraín Vial, Manuel Bulnes, se preguntó “¿Cuál es la participación exacta de Manuel Bulnes? No puede regirse por el estándar de crear un chat”. Y volvió a preguntarse: “¿Cómo puede ser acusado de administración desleal cuando ni siquiera es administrador?”.

Según Boldt, “Manuel Bulnes no ha sido nunca administrador, gerente o apoderado de la AGF. Si no puede ser administrador, menos puede administrar deslealmente. La Ley Única de Fondos señala que la responsabilidad por la función de los administradores es indelegable”, señaló.

Además, precisó que Larraín Vial tenía un conocimiento de la situación distinta del resto de los partícipes en la creación del fondo, y que de hecho la gestora se ha enterado de la real situación de STF y los Jalaff con la investigación.

Precisó también que en la estructuración del fondo no estaba prevista la creación de una serie B, que ésta surgió posteriormente y que la única explicación que podría encontrarse en la carpeta investigativa es que ante el no ingreso al fondo de todos los acreedores mediante la serie A, para paliar esas deudas, se planteó la idea de una serie B. “¿De quién viene la idea? Hay un mensaje en el grupo Convertible Financiam donde Álvaro Jalaff dice que STF quiere entrar con $9.000 millones”.

Respecto del eventual dolo, el abogado sostuvo que “la Fiscalía dice que Manuel Bulnes no podía sino saber, y en otro momento dice Manuel Bulnes no se preocupó de averiguar. ¿Qué es lo que se está imputando exactamente? Hay una tesis conspirativa sobre ejecutivos que se habrían confabulado para perjudicar a terceros. ¿Qué ganó Larraín Vial? Absolutamente nada, no hay ninguna ganancia”.