TDLC ordena que aseguradora Rigel y corretaje Burgos se pronuncien sobre requerimiento contra Bci

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió una petición del banco Bci y ordenó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que ponga en conocimiento de la aseguradora Rigel y la empresa de servicios de corretaje Burgos del requerimiento presentado en contra de la entidad bancaria, con el objeto de que éstas se pronuncien al respecto.

"Se resuelve acoger la solicitud realizada por Bci. De esta manera, rija lo dispuesto en el artículo 21 del CPC y, en definitiva, se ordena a la FNE poner en conocimiento de Rigel y Burgos del requerimiento deducido a fojas 7, en la forma legal, a fin de que estos expresen dentro del plazo de 20 días hábiles si adhieren o no a ella", señala la resolución del TDLC.

Asimismo indica que "en lo demás, mantengáse suspendido estos autos hasta el vencimiento del proceso".

A mediados de agosto la FNE ingresó el requerimiento en el que acusó a Bci de atentar contra la libre competencia.

Según el organismo el banco, controlado por la familia Yarur, infringió el artículo 3° del Decreto Ley 211 en el marco de la licitación del seguro colectivo de desgravamen asociado a sus créditos hipotecarios del 2017, pues excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio, presentada por Rigel con los servicios de corretaje de Burgos, para declarar ganadora a una propuesta más costosa, presentada por la aseguradora BICE con los servicios de corretaje de Bci Corredores. Bci Corredores es una de las empresas filiales del Banco Bci.

A través de esta actuación, afirma la FNE, Bci logró beneficiarse económicamente, pues obtuvo de modo mensual, durante dos años, ingresos que no habría recibido si la licitación hubiese operado en condiciones competitivas.

Todo esto, según el requerimiento, en directo perjuicio de los deudores hipotecarios de este banco (que a la fecha de la licitación superaban los 80.000), quienes debieron asumir finalmente una prima superior a aquella ofrecida por la mejor oferta. Así, durante los dos años de vigencia de la póliza, estos clientes pagaron por el seguro de desgravamen un sobreprecio cercano a los $ 1.500 millones de pesos, dice la FNE.

Dada la ejecución de este abuso explotativo, la FNE solicitó al TDLC que ordene al Banco Bci realizar licitaciones que aseguren una competencia efectiva entre los oferentes, con la debida transparencia en los procesos licitatorios, y la aplicación de una multa a beneficio fiscal de 3.500 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 3 millones.