Tercera Sala de la Corte Suprema cita a audiencia de conciliación en proceso por proyecto Dominga

Luego que ayer terminaran los alegatos en el marco de los recursos presentados por opositores al proyecto minero portuario Dominga en contra de la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que en abril de este año acogió de forma unánime la reclamación en favor del la iniciativa presentada por el titular Andes Iron, empresa controlada por la familia Délano, la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió llamar a las partes a conciliación.

“Vengan todas las partes a comparendo de conciliación, personalmente o debidamente representadas y con facultades para transigir, a la audiencia del día miércoles 12 de enero de 2022, a las 13.30 horas”, señala la resolución.

Asimismo indica que “el Primer Tribunal Ambiental velará por la oportuna notificación de todos quienes fueron admitidos como parte en este proceso, incluyendo a los terceros coadyuvantes e independientes”.

En los alegatos realizados este martes, el abogado titular del proyecto Dominga, Patricio Leyton, reiteró la disposición de la empresa a que se construya un solo puerto en la comuna de La Higuera, en referencia al terminal que planea desarrollar la acerera CAP en la zona.

“Tal y como hemos manifestado reiterada y públicamente, entendemos la preocupación de quienes se oponen a la existencia de más de un puerto en la zona. Por esta razón hemos asumido públicamente el compromiso de construir un solo puerto. Dominga siempre ha estado disponible a buscar los caminos del diálogo y el entendimiento. De esta manera, no solo estamos disponibles a compartir infraestructura, sino que también a renunciar a la operación del terminal de embarque o bien a ceder al Estado de Chile dicha concesión, u otras alternativas que puedan surgir con miras a compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medioambiente”, afirmó.

Sin embargo, recientemente en entrevista con Pulso el presidente de Cap, Jorge Salvatierra, afirmó que no veía viable compartir puerto con Dominga.

En tanto el lunes los abogados representantes de la Fundación Oceana y otras organizaciones ecologistas y vecinales, Javiera Espinoza, Marcela Rey, Ernesto Fredes y José Sarricueta, que en total suman cuatro recursos de casación de forma y de fondo, coincidieron en afirmar que la decisión del Tribunal Ambiental no consideró la falta de antecedentes presentados por la empresa sobre los impactos que podría tener la iniciativa en el ecosistema de la zona donde sería emplazado.

Los opositores alegan que el proyecto no cuenta con una línea de base sobre las rutas de navegación , además de los impactos del vertimiento de salmuera y la emisión de partículas.

Asimismo indican que es insuficiente la información sobre las medidas de mitigación que habrá para el hábitat del pingüino de Humbolt, el chungungo y la nutria.

En su fallo de abril el Primer Tribunal Ambiental determinó que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo debía volver a revisar el proyecto.

Tras ello en agosto de este año dicha instancia aprobó por 11 votos a favor y 1 en contra el polémico proyecto que considera la construcción de una mina de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de un puerto.

La Comisión es encabezada por el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, y está integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremi) de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes y Planificación, además de la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental.

Mientras la mayoría aprobó el proyecto con condiciones, el voto en contra provino del delegado presidencial, quien se opuso a la construcción de un nuevo puerto en la zona, sobre todo tomando en cuenta que en Chungungo ya está contemplado un terminal portuario de la acerera CAP.

El proyecto minero porturario, que contempla una inversión de US$2.500 millones, fue presentado a evaluación ambiental en 2013 y tras un largo proceso, fue rechazado por la Coeva de Coquimbo en marzo de 2017, en una ajustada decisión que solo se destrabó con el voto dirimente del entonces intendente de la región, Claudio Ibáñez, luego que la votación concluyera empatada seis a seis.

Ello motivó al titular del proyecto a recurrir al Comité de Ministros, que lideraba el entonces ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena. La citación también fue polémica, pues se convocó a los ministros un viernes a última hora y la reunión se realizó el lunes temprano, lo que llevó a que el ministro de Economía de ese tiempo, Luis Felipe Céspedes, decidiera no votar, argumentando que no había tenido tiempo suficiente para analizar los antecedentes.

Así, el proyecto fue rechazado en dicha instancia por los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, y contó con el voto favorable de los Ministerios de Minería y Energía. En el caso de este último, aprobó la parte minera del proyecto y rechazó la portuaria.

La situación provocó un quiebre en el gabinete de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, que solo finalizó cuando el ministro de Hacienda de ese momento, Rodrigo Valdés, abandonó su cargo, al igual que Céspedes y el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Tras ello, en diciembre de ese año, la empresa acudió al entonces recientemente conformado Primer Tribunal Ambiental, que en abril del año siguiente acogió la reclamación. Posteriormente, en mayo del mismo año, el caso escaló a la Corte Suprema, que declaró nula la sentencia, ordenando al Tribunal Ambiental a pronunciarse sobre el fondo del caso.

Según las estimaciones de Andes Iron, Dominga produciría anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.