Nueva Ley de Bancos: acusado de delito no podrá ser accionista fundador de un banco

Son varias las indicaciones que ingresó el Ejecutivo para el proyecto que reforma la Ley General de Bancos (LGB): los bonos perpetuos no necesariamente caducarán en caso de que haya un banco en problemas, los sueldos de los cinco miembros principales de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) serán más altos, la puesta en marcha ahora no será en un plazo fijo (2024), sino que más bien será de seis años y medio desde la publicación de la ley, y se reformuló la redacción de secreto bancario, por lo que se elimina la presunción vinculada al Ministerio Público y acota la del Servicios de Impuestos Internos (SII) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al ejercicio de sus funciones de fiscalización.

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Pese a que son las modificaciones más notorias, hay otras. Entre ellas, uno de los puntos que detectó la comisión técnica -conformada por los asesores parlamentarios, la Superintendencia de Bancos (SBIF), y los ministerios de Hacienda y Economía-, es que el proyecto de ley eliminó una frase clave sobre los requisitos que deben cumplir los accionistas fundadores de un banco, ya que la legislación vigente prohibe que sean accionistas fundadores quienes hayan sido condenados, o se encuentren bajo acusación formulada en su contra por distintos delitos.

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Sin embargo, los asesores comentaron que "este proyecto está eliminando como restricción para ser accionista fundador de un banco el estar acusado por los delitos que específica en ese mismo artículo, que incluye hasta delitos por terrorismo...No nos parece una decisión sensata permitir a una persona bajo una acusación aún por resolver fundar un banco, tampoco que sea controlador del mismo ya que pudiere afectar a la confianza de los depositantes". Por ello, el Gobierno acogió el argumento y lo agregó en sus indicaciones.

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Otro de los cambios introducidos corresponde al cierre de sucursales. El proyecto pide que cuando un banco quiera cerrar una oficina, dé aviso a la CMF, para que ésta determine los requisitos que debe cumplir la empresa. No obstante, ahora se exigirá a la Comisión dictar una norma de carácter general con los requisitos y condiciones para el cierre de oficinas. Así, sólo deberá verificar que se cumplan las exigencias establecidas, sin necesidad de evaluar caso a caso. Esto, luego de que los asesores comentaran que "los requisitos adicionales para el cierre de una empresa bancaria quedan muy a discreción de la Comisión".

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Por otro lado, uno de los artículos donde a los asesores les surgieron más dudas, fue en el 67, sobre la determinación de ponderación por riesgo de los activos de los bancos, donde la CMF establece una metodología estandarizada para cubrir los riesgos relevantes, pero además, la Comisión puede autorizar a los bancos a usar metodologías propias.

En ese sentido, los asesores consultaron: "¿Cómo podrían afectar la adopción de metodologías propias por parte de los bancos?". A esto, el Gobierno contestó que "una ventaja de utilizar metodologías propias es que hay una evaluación más precisa de los riesgos, y en términos de costos de capital, éste puede reducirse en comparación con las metodologías estándares".

Los asesores hicieron otra pregunta al respecto: "¿Podrían estas metodologías publicarse, de tal forma que, si un banco descubre una mejor forma de calcular, los demás también puedan beneficiarse de ello?". En esa línea, el Ejecutivo respondió que "la información que entregan los bancos a la CMF es secreta y debe mantenerse como tal porque es información sensible para los bancos, ya que contiene información sobre sus riesgos, su modelo de negocios, etc., la que no corresponde sea conocida por los competidores. A su vez, excesiva transparencia aumenta los riesgos de comportamientos coordinados entre los actores. No obstante, dado que la CMF va a conocer los modelos, si descubre que existe una mejor forma de medir los riesgos, podrá cambiar los modelos estándar, que se aplican a todos los bancos, a la luz de la nueva información".