Perú reclamará indemnización de US$1.000 millones a Odebrecht

La Justicia peruana reclamará cerca de 1.000 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht, en concepto de reparación civil a beneficio del Estado, por los daños y perjuicios causados por los casos de corrupción.

Así lo informó el procurador especial para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien valoró esa cifra en atención a tres proyectos desarrollados por la constructora en los que hubo prácticas de corrupción: Gasoducto Sur Peruano, la carretera Chacas en Áncash y los tramos 2 y 3 de la ruta Interoceánica Sur, publicó hoy la prensa local.

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Ramírez lamentó en declaraciones al programa Cuarto Poder, que Odebrecht haya ofrecido tan solo US$66 millones de indemnización, aproximadamente el doble del monto que presuntamente pagó en sobornos.

"Nosotros esperamos que la empresa Odebrecht cambie de actitud, no es posible que ofrezcan US$ 66 millones de reparación civil; considero que ellos tienen que reflexionar y si quieren enmendar espero que propongan un monto mayor", afirmó el procurador.

Por su parte, el portavoz de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a esta propuesta señalando la extrañeza de esa petición, y agregó que de hacerse realidad, apuntaría a que la reparación sería "30 veces superior al total de los pagos ilícitos".

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Así, la cifra superaría "la suma de todas las reparaciones acordadas" con los otros siete países (Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala)con los que Odebrecht tiene un acuerdo de colaboración.

"En todos estos países fueron utilizadas para el cálculo de la reparación metodologías alineadas con prácticas internacionales, basadas entre otros puntos en el valor de los ilícitos practicados, la eficacia de la información brindada para las investigaciones y la capacidad de pago de la empresa. Considerando estos factores, el promedio de indemnizaciones acordadas está entre dos a tres veces de los valores pagados ilícitamente", explicó la empresa.

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Además, Odebrecht apuntó que esta y otras iniciativas del Gobierno y la Fiscalía peruana conspiran en contra de la lucha anticorrupción, al inhibir frontalmente que las empresas reconozcan hechos y que quieran así colaborar con la Justicia.