Piñera le pone presión a reformulación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental

A toda máquina están trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente en uno de los proyectos emblemáticos de la cartera. Hace pocos días recibieron el mandato de parte del Presidente Piñera de avanzar con fuerza en el diseño de un proyecto de ley que reformule el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), organismo vital en la tramitación ambiental de los proyectos de inversión y la principal piedra de tope para el desarrollo de las iniciativas.

La orden presidencial es entregar en tres semanas más un informe detallado sobre una futura normativa, con el fin de poder ingresarla a tramitación al Congreso durante el segundo semestre de este año.

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Y en eso está trabajando la nueva fiscal del ministerio que lidera Marcela Cubillos. Se trata de Ingrid Henríquez, abogada de la Universidad de Chile y con una amplia trayectoria en la ex Conama. Junto a ella están trabajando también los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Javier Naranjo, Astrid Sánchez y Genoveva Razeto. Todos ellos están siendo apoyados por el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez.

El punto a favor es que el diagnóstico sobre los puntos que hay que perfeccionar en el Seia está hecho, pues en el gobierno de Michelle Bachelet se conformó una comisión asesora presidencial, que en su momento lideró Pablo Badenier, y donde el subsecretario Rodrigo Benítez participó como experto, donde se generaron 25 propuestas de modificaciones al sistema. Una de las propuestas más relevantes y las que quieren impulsar en el nuevo gobierno es la relacionada con la creación de un mecanismo de evaluación ambiental para proyectos considerados estratégicos. Por eso, los expertos ambientales del gobierno también están trabajando con Valor Minero, organismo que lidera Álvaro García y que también tiene dentro de sus propuestas el diseño de una política pública que facilite la concreción de grandes proyectos de inversión.

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Un tema que también esperan abordar, aunque aún no se ha conversado, es en darle un espacio igualitario a la aplicación del convenio 169 de la OIT, con el fin de que la comunidad indígena sea parte del proceso de tramitación del proyecto y no se tenga que hacer una conversación paralela en el marco del proceso de participación ciudadana.

La meta de Medio Ambiente y del SEA es poder tener un documento redactado en junio o julio de este año. Mientras, el foco está puesto en el informe que deben presentar a inicios de mayo en La Moneda.

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