Política migratoria, el flanco que sigue abierto para el Estado

El país está atrasado. Esa es la principal conclusión que existe a la hora de evaluar cómo Chile se ha preparado para enfrentar la creciente llegada de inmigrantes. Y ahí la opinión es clara: el país está llegando tarde. Las políticas públicas no son suficientes y el cambio cultural que debería comenzar a adoptar la ciudadanía tampoco va en marcha.

Si en 2006, la población de inmigrantes era de 154.643 personas lo que equivalía a 1% de la población, en 2015 los inmigrantes sumaron 465 mil, representando el 2,7% de las 17,5 millones de personas que habitan en Chile.

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En los resultados del Censo Abreviado 2017, que para inmigrantes se entregarán en abril de 2018, los extranjeros superarían las 600 mil personas, e incluso algunas proyecciones apuntan a que podrían sobrepasar las 700 mil. Si bien la tendencia es creciente, el cerca de 4% al que llegaría el país todavía está lejos del promedio de las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que llegan a 12,7% de su población.

Eso a nivel macro. Porque a nivel micro la realidad está poniendo a prueba día a día cómo el país se ha preparado para enfrentar la masiva llegada de extranjeros, que durante los últimos tres años se ha acelerado. Si en 2014 se entregaron 35.748 permanencias definitivas, ese número subió a 53.188 el año pasado. Para el caso de la entrega de visas, el alza fue mayor, pasando de 85.431 en 2014 a 136.840 en 2016. En términos de ubicación, un 63,6% de los extranjeros prefieren mantenerse en la Región Metropolitana, siendo la comuna de Santiago la más poblada junto a Las Condes. Le sigue muy por detrás Antofagasta con 12,6%.

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Esta realidad de una mayor afluencia de extranjeros a Chile se ve todos los días en las oficinas centrales del Departamento de Migraciones y Extranjería (DEM) -dependiente del Ministerio del Interior- en calle San Antonio 580, Santiago Centro. Hasta este lugar, llegan a diario decenas de inmigrantes para regularizar su situación. Los principales trámites que realizan son los permisos de residencia, que en la práctica se traducen en la autorización temporal para quedarse en el territorio nacional y desarrollar las actividades que expresamente contempla la ley y que son otorgados discrecionalmente por la autoridad del país a una persona extranjera. Esta categoría considera las visas sujetas a contrato por motivos laborales, de estudiante y temporaria. Asimismo, de acuerdo al DEM, los ciudadanos de nacionalidad colombiana, peruana y dominicana deben presentar certificado de antecedentes judiciales para cualquier solicitud, dicho documento deberá ser pedido en sus respectivos consulados.

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Tanto ha sido el incremento de la población extranjera que a mediados del año pasado, el DEM abrió otra sucursal: Fanor Velasco 56. De acuerdo a datos del Gobierno, diariamente, en ambas sucursales, se atienden unas 4 mil personas. Pero para que los extranjeros logren una atención deben llegar temprano por la mañana para así alcanzar un número de atención.

Conscientes de este problema, desde el Gobierno, la jefa del Departamento de Extranjería y Migraciones, Gabriela Cabellos, señaló en una entrevista a PULSO que se están "haciendo esfuerzos para reducir los tiempos de espera en los trámites. Para ello estamos introduciendo mayor tecnología en los procesos. Estamos trabajando en una mayor interoperabilidad en tecnología con la PDI, el Poder Judicial y el Registro Civil. No tenemos plazos definidos para que esté en marcha, pero esperamos que sea antes de fin de año".

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Otro de los problemas que enfrenta la gestión migratoria es la falta de interconexión que existe entre las distintas instituciones que se relacionan con los inmigrantes, puesto que los datos de la PDI no están conectados con los del Departamento de Extranjería, y a su vez, de los que registra el Registro Civil. Esta situación lleva a que no exista una cifra consolidada de cuántos migrantes hay hoy en Chile. El Censo es el único registro que puede entregar de manera más cercana la totalidad de foráneos en Chile. "Hay que tener claro que la cifra real y más completa suma varios factores. Nuestro departamento tiene la claridad sobre la residencia permanente y sobre las residencia temporales que se solicitan. Pero en todos los países hay una cifra que es difícil de conocer. Hay gente que ingresa de manera clandestina, y esas cifras por su puesto no se conocen", señaló Cabellos.

Para los expertos, si el país no se toma hoy en serio esta temática, en cinco años más, la situación será crítica y podría generar un conflicto social, no sólo por la falta de respuesta para atender los servicios sociales, sino que también por un problema de cohesión social, de convivencia diaria.

Pablo Valenzuela, director del Servicio Jesuita para Migrantes, plantea que el principal problema de las políticas públicas radica en que "los tomadores de decisión han mantenido una mirada retrograda de la migración. Se sigue viendo como una amenaza más que como una oportunidad. Se mantiene una mirada desde el enfoque de seguridad", agrega.

Valenzuela añade que hoy en día "las políticas públicas se están adaptando reactivamente y no proactivamente. Lo que más tenemos son avances administrativos, que son fáciles de cambiar, pero nos falta avanzar en institucionalidad y en la formación de funcionarios públicos para estar mejor preparados para una sociedad intercultural".

La académica de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Stefoni, puntualiza que "el país ya está atrasado. Las medidas tendrían que haberse tomado mucho antes. Porque no es sólo tomar una medida, sino que hay que hacer un diagnóstico, saber los principales focos de tensión donde se requiere concentrar la política pública. Significa tener también una articulación más intersectorial, porque no es una política por acá y otra por allá, sino que tener un diseño detrás que sustente una visión respecto de cómo el país quiere abordar la migraciones y para eso se requiere tiempo".

Los expertos coinciden que el proyecto de ley que el Gobierno envío al Congreso no incluye la institucionalidad necesaria para desarrollar una política pública integral. "El proyecto de ley no se hace cargo de esta conflictividad. Es un proyecto pensado más bien en el estatus migratorio, de visas, pero no hay una comprensión integral de la migración", asevera Stefoni.

Valenzuela acota que "la institucionalidad está en deuda. No hay una institucionalidad suficiente para atender la multisectorialidad, y a la vez hay una deuda de gestión. Si bien ha habido esfuerzos personales del Departamento de Extranjería, sigue siendo un sistema computacional antiguo. Es indigno tener a las personas en espera de días y meses para lograr una visa. Aquí se nota la falta de compromiso político".

Para Stefoni, "el país está en una situación bastante insostenible para los migrantes. Esto genera una serie de complicaciones que son creadas por la ausencia de respuestas más eficiente y efectivas para la tramitación de visas. El problema se está construyendo y es creado por la ausencia de políticas públicas. No tiene que ver con la mayor llegada de migrantes, sino que con la debilidad de las respuestas de las autoridades".

La académica sostiene que la sociedad chilena tiene que convencerse que es parte de un mundo global y que ese mundo es diverso". Por ello señala que el país debe aprender a vivir con esta diversidad. "Tiene que ser parte de nuestra convivencia ciudadana. Habrá presencia en los colegios, en los trabajos, en las calles, y a esto tenemos que acostumbrarnos. Si no se abordan las políticas necesarias y no se entiende que la migración es parte de una globalización donde Chile está inserto, el conflicto se puede exacerbar".