Presidente de la Cámara de Diputados desafía fallo del TC y revive capacidad sancionatoria del Sernac

Sernac
Agencia Uno

Tras el envío de este oficio, el ejecutivo tiene 10 días para su promulgación, atribución que si no toma la Presidenta Bachelet, deberá ser impulsada por el Presidente Electo, Sebastián Piñera.




Cuando el 18 de enero el Tribunal Constitucional entregó su resolución respecto del proyecto Sernac, desde el Gobierno y el oficialismo fue uno de los temas más criticado: la pérdida de la facultad normativa y sancionatoria con que contaría el organismo público. "Las medidas que comprenden la facultad de juzgar por parte del Sernac sólo pueden ser adoptadas por un tribunal independiente e imparcial, características que éste no reúne'", argumentó en esa instancia el TC.

Pero esta "pérdida" fue abiertamente desoída por el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, quien en el oficio Nº 13.765 enviado a la Presidenta de la República para la promulgación de la ley (ingresado ayer al Senado) repuso parte de lo objetado por el Tribunal Constitucional, pues en el artículo 50 revive la capacidad sancionatoria del organismo. "La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario abogado del Servicio, que recibirá el nombre de instructor, a quien se le haya delegado la atribución", detalla el oficio.

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Este punto ya había sido levantado por el diputado Espinoza, por medio de una reconsideración al TC, el 29 de enero, lo cual fue rechazado por el organismo el 31 del mismo mes.

Tras el envío de este oficio, el ejecutivo tiene 10 días para la promulgación de la ley, atribución que si no toma la Presidenta Bachelet, deberá ser impulsada por el Presidente Electo, Sebastián Piñera.

Con todo, será Contraloría quien deberá visar el decreto promulgatorio de la ley, siendo este organismo quien podría frenar el oficio de la Cámara de Diputados dado que incluye artículos eliminados por el Tribunal Constitucional.

Así, en un hecho inédito, podría entrar en conflicto El Tribunal Constitucional, la Cámara de Diputados y la Contraloría en el destino final de este polémico proyecto.

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