Proyecto que busca dar Tasa Máxima al factoring está congelado en el Congreso

En enero ingresó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados un proyecto que propone aumentar la fiscalización a la industria del factoring o mercado de las facturas, donde se buscaba aplicar la Tasa Máxima Convencional (TMC) a estas operaciones.

De hecho, el ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en mayo acordó crear una mesa tripartita donde participaría el Ejecutivo, las pymes y la industria de factoring, con el objetivo de presentar en un plazo de 45 días una propuesta alternativa a la que hicieron los once parlamentarios.

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Sin embargo, el proyecto estaría congelado en el Congreso y la mesa sólo habría sesionado en un par de ocasiones, siendo la última vez hace al menos cinco meses, señalan fuentes conocedoras del proceso.

¿La razón? El Gobierno no estaría dispuesto a avanzar en el proyecto, y preferiría dar prioridad a otras iniciativas, explican.

Lo que proponía la iniciativa presentada en enero era otorgar "mérito ejecutivo a copia de la factura, para establecer que la cesión del crédito contenido en una factura es una operación de crédito de dinero para todos los efectos legales".

Adicionalmente, planteaba que se aplique a esta industria "lo dispuesto en la Ley N°18.010 que regula las operaciones de crédito para así evitar los abusos que se dan en este mercado, especialmente, contra las micro y pequeñas empresas, ya que, para obtener liquidez están dispuestos a aceptar tasas de interés que superan el máximo legal".

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Asimismo, la iniciativa señalaba que ante la dilación en el pago de sus servicios, las Mipymes recurren a distintos instrumentos en busca de liquidez siendo el factoring uno de los más utilizados y "que se ha extendido de forma amplia en nuestro país, creándose una serie de empresas, mucha de ellas no reguladas y con una serie de deficiencias, ya que no consideran límites al monto de retenciones, comisiones e intereses, lo que produce situaciones injustas y abusivas".

Con todo, el documento advierte que "no debemos olvidar que las Mipymes en Chile representan el 99% de las unidades económicas del país, más del 60% de los puestos de trabajo y sólo el 13 % del mercado nacional. Esta reducida participación de las ventas y la dilatación del pago de las facturas emitidas, que muchas veces alcanzan los 180 días, fundamentalmente por grandes empresas y organismos del Estado, obliga a la Mipymes a tener que enfrentar permanentemente problemas de financiamiento, teniendo que recurrir a cualquier medio disponible para acceder al necesario capital de trabajo".

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