Puerto Rico evalúa las consecuencias para la isla de la reforma fiscal de EEUU

Puerto Rico evalúa las consecuencias de la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el jueves, de un proyecto dirigido a reformar el sistema tributario que se teme perjudique la economía de la isla.

Economistas y analistas puertorriqueños coinciden en que la iniciativa, de ser ratificada en el Senado de EE.UU., supondrá un duro golpe para la debilitada economía local, que trata de recuperarse de los devastadores efectos del huracán María que arrasó la isla y que debe lidiar con una deuda impagable de cerca de US$70.000 millones.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, defiende esta reforma fiscal como una rebaja impositiva fundamental para revitalizar la actividad económica y acelerar el crecimiento anual de EE.UU. por encima del 3%, pero en Puerto Rico entienden que, en sentido contrario, puede suponer un duro golpe para su economía.

La razón es que la reforma fiscal incluye un arancel del 20% para los productos que se exportan a Estados Unidos -en este caso desde Puerto Rico-, amenazando la base industrial de la isla.

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La reforma fiscal incluye ese impuesto del 20% a las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), incluidas las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos.

El Gobierno de Puerto Rico entiende que ese impuesto a las empresas estadounidenses que fabrican en la isla puede desincentivar su permanencia en el Estado Libre Asociado, lo que supondría un auténtico desastre para una economía ya en situación de "coma" por los miles de millones de dólares de pérdidas a causa del huracán María.

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El ciclón dejó una senda de destrucción que el gobernador, Ricardo Rosselló, cuantificó por encima de los 80.000 millones de dólares, tomando como fuente a una agencia de evaluación de crédito, a lo que se suma la deuda, actualmente en proceso de reestructuración bajo la supervisión de un juez federal.

El catedrático de Economía de la Universidad de Puerto Rico José Alameda señaló sobre el asunto que, de ratificarse el proyecto por el Senado, supondrá un encarecimiento de los productos manufacturados en la isla caribeña que acaban en el mercado de EE.UU.

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"Las empresas -si se aprueba el proyecto- podrían valorar su salida de Puerto Rico", aseguró el economista, para quien otra posibilidad es que al tener que pagar mayores impuestos por introducir sus productos en EE.UU. reduzcan su producción, lo que significaría a la larga una reducción de empleos muy necesitados en la isla.

Alameda indicó que en ese nuevo escenario las empresas, para permanecer en Puerto Rico, podrían exigir nuevas ventajas fiscales al Gobierno de la isla, los que significaría, en definitiva, menor recaudación para las arcas públicas del Estado Libre Asociado.

El economista subrayó que todo el problema nace de que las autoridades de Washington consideran, en términos fiscales, a Puerto Rico como un país extranjero, algo que remarcó "no es bueno", al menos en la faceta financiera.

El gobernador, Ricardo Rosselló, la representante de Puerto Rico ante el Congreso de EE.UU.; Jenniffer González, el opositor Partido Popular Democrático (PPD) y la patronal Asociación de Industriales hacen frente común contra ese impuesto recogido en la reforma fiscal de Donald Trump sobre las ventas de productos manufacturados por las CFC en el extranjero, que incluye a Puerto Rico.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo este viernes que espera que el Senado vote su proyecto de reforma fiscal después de Acción de Gracias para que Trump pueda firmar la ley antes de las Navidades.

Tras superar el paso de la Cámara de Representantes, todas las miradas están puestas en el Senado, que negocia una propuesta paralela, con algunas modificaciones, donde se esperan más obstáculos porque los republicanos cuentan con una mayoría más pequeña.

La reforma fiscal, una de las principales promesas electorales que hizo Trump durante la campaña, incluye una rebaja del impuesto de sociedades del 35 % al 20 %, y reducir de los siete actuales a cuatro los tramos impositivos.