Subsidio al ingreso laboral sería más efectivo que gratuidad en educación para reducir pobreza y desigualdad

En medio del debate interno que se ha instalado en la Nueva Mayoría en el marco del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, sobre los alcances del beneficio de la gratuidad universal en la educación superior, el Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó un estudio en el que compara qué política pública es más efectiva para disminuir los índices de desigualdad, pobreza y pobreza extrema en el país.

El paper -de los investigadores Andrés Hernando y Estéfano Rubio- examina el impacto que tendría en todos esos indicadores un crédito de impuestos al ingreso laboral, que en el estudio se denomina Aporte Solidario al Ingreso del Trabajo (ASIT), utilizando los mismos recursos que costaría la gratuidad universal: en torno a US$ 5.000 millones.

Resultados

De acuerdo al análisis, el esquema propuesto de bonificación de  los ingresos  laborales de los chilenos con salarios bajo del tramo de rentas exento ($542.781) y que pertenecen a los primeros 7 deciles de ingresos, logra disminuir el ratio de Gini -indicador para medir la desigualdad de ingresos de un país- entre un 8% y un 9%, de 4,1 a 4,7 puntos), caída similar en magnitud a la experimentada en el período 1990-2013.

El estudio sostiene que un cálculo similar para la política de gratuidad universal de la educación superior arroja que tendría un efecto mucho menor en esta medida de desigualdad, alcanzando una reducción de apenas 1,3% del coeficiente de Gini (0,7 punto de reducción).

Cabe recordar que el Indice de Gini en Chile en 2011 (citado en el estudio), antes de impuestos y transferencias, era de 53,1 versus 41 de los países de la OCDE.

Los investigadores aseguran que el efecto en pobreza y pobreza extrema de un subsidio a los ingresos  sería aún más relevante. En el escenario más conservador, se reduciría la pobreza extrema a un 2,2% (desde un 4,5%) y la pobreza total a un 6,9% (desde un 14,4%).

La gratuidad de la educación superior, en cambio, sólo reduciría estos indicadores a un 4% y un 12,8%, respectivamente.

Concluye el análisis del CEP que, desde la dimensión de política social pro equidad, la autoridad tiene disponibles políticas mucho más progresivas -al menos en un contexto estático- de lo que resulta la propuesta de gratuidad de la educación superior.

“Entre las transferencias monetarias más efectivas que se pueden proponer, aquellas que bonifican los ingresos laborales autogenerados tienen varias condiciones deseables: primero, no distorsionan la decisión ocio-trabajo (al menos no en forma importante); segundo, promueven la inserción laboral y fomentan la formalización, toda vez que los ingresos que son bonificados son aquellos que son reportados al sistema impositivo; y, tercero, tiende a evitar crear dependencia del sistema por parte de las familias”, señala en sus conclusiones el informe.

En síntesis, “un impuesto negativo al ingreso (como el ASIT) que costase lo mismo en términos de recursos que la gratuidad universal de la educación superior y que concentrara sus beneficiarios en el 70% de más bajos ingresos autónomos, sería entre 5,9 y 6,7 veces más efectivo disminuyendo la desigualdad de lo que es el financiamiento universal”, enfatiza el estudio.