Jaime Bassa (Ind-CS): “El trabajo en la convención tiene que incorporar mecanismos de participación ciudadana”

El abogado Jaime Bassa ha sido calificado como uno de los referentes del Frente Amplio en materia constitucional. Por eso, es candidato a la convención bajo la lista “Apruebo Dignidad” y compite por el distrito 7 (Valparaíso-Viña del Mar).

Bassa postula que en la próxima Constitución se debe avanzar hacia un sistema parlamentario, que se debe distribuir equilibradamente el poder y que deben haber instancias de participación ciudadana en la convención.

Si usted resultara electo, ¿cuál será el primer lineamiento que le gustaría garantizar en la constitución?

Pensar una distribución equilibrada del poder político, del poder económico y del poder social. Eso supone pensar de manera integrada, tanto el catálogo de derechos fundamentales como la estructura orgánica del Estado. El aparato estatal, el régimen político, el sistema político, tiene que estar pensado también para la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser cosas distintas.

¿Qué rol cree que debería cumplir el Frente Amplio en la Convención?

Uno de los principales elementos del mundo de las ideas que caracteriza a ese espacio es el compromiso por buscar una salida al modelo neoliberal. Ese elemento es el que le da una identidad muy importante al Frente Amplio pero también a otros sectores de la oposición.

¿De qué manera puede fortalecerse la participación ciudadana en la nueva carta fundamental?

Con la pandemia, las instancias territoriales empezaron a articularse con otras a través de los medios telemáticos. Eso generaba una dinámica de organización social muy interesante, que creo que puede proyectarse hacia el proceso constituyente. El trabajo en la Convención tiene que incorporar mecanismos de participación que le permitan a la ciudadanía incidir en el contenido de las deliberaciones. No solamente enterarse de lo que está ocurriendo, sino que también poder participar a través de propuestas. Al mismo tiempo hay una segunda cosa, que es que la nueva Constitución tiene que asumir como desafío el fortalecimiento de la organización social. Es decir, reconocer el trabajo que las organizaciones han hecho en este desafío de pensar un país distinto.

Sobre el régimen político, ¿cuál es su postura?

Cuando el poder está demasiado concentrado, la promesa de igualdad política propia de la democracia se diluye. Desde esa perspectiva, en nuestro equipo estamos pensando formas de organización política del Estado que sean funcionales a la desconcentración del poders y a una distribución equilibrada de su ejercicio.

Por eso proponemos un régimen parlamentario. Creemos que este régimen contiene los mejores instrumentos de control y fiscalización en el ejercicio del poder. Y que genere además una distribución más equilibrada entre el ejecutivo y el legislativo.

¿Cómo avizora la discusión sobre el reglamento de la Constituyente?

Deberíamos destinar no más de un mes a la discusión sobre el reglamento, es una discusión importante porque va a determinar dos elementos: uno es la forma en que la ciudadanía va a participar del proceso constituyente, y dos, la forma en la que se va a redactar la nueva Constitución.

¿Cómo debería ser el funcionamiento, en ese sentido, de la Convención? Algunos sectores de Chile Vamos han planteado la doble ratificación.

El funcionamiento de la Convención debe ser absolutamente transparente, yo creo que es ese un punto que no debiera estar en discusión. Eso es lo primero.

En cuanto al tema de la doble ratificación, está asociado a la discusión del quórum. El sentido que tiene el quórum de 2/3 es generar acuerdos transversales para negociar de alguna manera las materias cruzadas y determinar los apoyos que se van configurando para cada artículo. Pero si se incorpora la ratificación final de 2/3 en la Convención a todo el proyecto de la nueva Constitución, ahí le estás entregando el veto a un sector político en particular. Eso es antidemocrático y es lo que fue expresamente descartado en el acuerdo del 15N.

Ha advertido que la actual Constitución del ’80 es el resultado de lo que hizo la élite tras experimentar “los efectos de las políticas redistributivas de la Unidad Popular”, para lo cual se creó un mecanismo de control para la mayoría del país. ¿A qué se refiere?

Uno esperaría que en pleno siglo XXI la oligarquía chilena fuera democrática y respetuosa de los procesos de transformación social que estamos viviendo. Si algo podemos concluir del estallido del 18 de octubre, es que este orden económico y social no garantiza estabilidad. Esta forma de acumulación de la riqueza y de concentración del poder no asegura estabilidad social.

La nueva Constitución tiene que ser capaz de generar condiciones equilibradas en la distribución del poder y la riqueza y de garantizar derechos fundamentales para todos los sectores de la sociedad. Es la única forma de que podamos tener estabilidad política, económica y social para el desarrollo del país.