“Hay que decirle a la derecha que se van a mantener los senadores vitalicios si es que no aprueban las reformas”. Esa fue la recomendación que Andrés Zaldívar (DC), por entonces presidente del Senado, le hizo al exMandatario Ricardo Lagos en días en que las negociaciones entre el gobierno y la oposición de la época abordaban la posibilidad de realizar reformas profundas a la Constitución y que finalmente se concretaron en 2005.

Para el exsenador DC aquello era una “herramienta de fuerza” para efectuar los cambios a la Carta Fundamental, cuya principal meta -y la más importante para la Concertación- era terminar con los enclaves autoritarios de la dictadura. La “amenaza” recomendada por Zaldívar apuntaba a que si se mantenía la figura vitalicia, Lagos también pasaría a ser un senador vitalicio como Augusto Pinochet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Pero finalmente, el tercer Presidente desde el regreso a la democracia dijo que no. “Ricardo me dijo: ‘No, nosotros estamos en contra de los senadores designados y hemos criticado los senadores vitalicios, por lo tanto lo lógico es eliminar con los senadores vitalicios y designados’. Por supuesto yo acogí lo que planteaba porque tenía bastante lógica del punto de vista del sentido de la reforma”, recordó Zaldívar.

Al final se eliminó esa figura y Lagos no fue vitalicio. Sin embargo, el episodio da luces de las tensiones y dificultades que se presentaron entre el gobierno, el oficialismo y la oposición de la época, para llegar al acuerdo que contempló 58 reformas a la Constitución de 1980.

Esta semana, se cumplieron 15 años desde que el 26 de agosto de 2005 apareció en el Diario Oficial la Ley 20.050. Por la envergadura que tuvieron las reformas, Lagos celebró el evento con una frase que en los últimos meses ha sido recordada, principalmente por dirigentes de Chile Vamos: “Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”.

Las principales reformas de 2005 incluyeron la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al director general de Carabineros; la función de las Fuerzas Armadas como únicos garantes de la institucionalidad, y el carácter deliberativo del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Este último punto tenía especial relevancia pues, según Zaldívar, el consejo poseía una forma de imponer fuerza ante el Ejecutivo, algo que se manifestó tras la detención de Pinochet en Londres en 1998.

“El tema era que el Consejo de Seguridad era una permanente amenaza al sistema democrático. Era una cosa que podía utilizarse por las Fuerzas Armadas como para provocar problemas”, comentó Zaldívar.

Otros cambios apuntaron a dar más atribuciones a la Cámara de Diputados como ente fiscalizador –como por ejemplo las interpelaciones a ministros- y entregar la atribución de inaplicabilidad por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que hasta entonces pertenecía a la Corte Suprema.

Si bien luego del retorno a la democracia existía una idea de realizar cambios importantes a la Constitución, fueron principalmente dos mociones, ambas presentadas el 4 de julio de 2000 en el Senado, las que impulsaron los cambios. Lo llamativo es que se trataron de iniciativas de la centroizquierda y centroderecha.

En la historia de la ley se puede ver que fueron varios los parlamentarios que presentaron enmiendas, tanto de la Concertación como de la Alianza. Entre ellos están Sergio Bitar (PPD), Juan Hamilton (DC), Enrique Silva (PRSD) y José Antonio Viera Gallo (PS) desde la Concertación; y Andrés Chadwick (UDI), Hernán Larraín (UDI), Sergio Díez (RN) y Sergio Romero (RN) por la Alianza.

“Los políticos que integran la Alianza por Chile han asumido el compromiso ante el país de contribuir decididamente a cerrar el período de transición política iniciado luego de la plena instauración del régimen democrático a partir del 11 de marzo de 1990”, se lee en un comunicado firmado por senadores de la Alianza en 2004.

El primer trámite en el Senado duró entre 2000 y noviembre de 2004. Uno de los negociadores claves desde el gobierno fue el exministro del Interior del gobierno de Lagos y actual senador, José Miguel Insulza (PS). En 2004, cuando el proyecto pasó del Senado a la Cámara Baja, Insulza expresó que “lo central de esta reforma constitucional es que termina con dos elementos fundamentales de esa democracia protegida: la tutela militar y la composición no completamente democrática del Senado”.

Insulza no estuvo en las negociaciones finales, pues en 2005 asumió como secretario general de la OEA. Hoy, el senador PS recuerda que hubo dos cosas que no se pudieron lograr: eliminar el binominal y darle reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Sobre el binominal cuenta que ya se sabía más o menos que eso no se iba a lograr. “Él (Lagos) había querido eso y le informé que no iba a ser posible, que la única forma posible era sacarlo de la Constitución, y así el quórum que se necesitaba para cambiar el sistema binominal pasó a la ley orgánica del Congreso Nacional”.

Pero a su vez existieron ideas que se pensaron que no avanzarían y sí lo hicieron. Por ejemplo, no se esperaba que se diera luz verde a instalar periodos presidenciales de cuatro años, algo que se pensaba que iba a ser rechazado por la derecha. “Y después, cuando la derecha vio las posibilidades de elección de la Presidenta Michelle Bachelet como una cosa cierta, dijo ‘de acuerdo, cuatro años’ y aprobaron cuatro años”, comentó Insulza.

En la derecha, en tanto, uno de los principales negociadores fue el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien en 2004 llegó a ser presidente del Senado, reemplazando a Zaldívar. Consultado, Larraín recuerda que durante dos o tres años trabajaron todas las semanas en la Comisión de Constitución “analizando casi todos los capítulos de la Constitución y en general hubo mucho acuerdo”.

A mediados de 2004 ya estaba casi todo más o menos zanjado en el Senado pero todo se entrampó por el binominal. “Se pedía eliminarlo de la Constitución, mientras que nosotros éramos partidarios de dejarlo. Se produjo una situación de tensión y entrampamiento y coordinamos una reunión con el Presidente Lagos, el Ministro Insulza y yo, para solucionarlo. Me decían que se aprobaba todo sólo si se excluía el sistema electoral de su texto. Yo les replicaba que era absurdo botar un trabajo hecho, estando de acuerdo en un 95%, porque no se incluía un solo tema. No sean maximalistas, les dije, porque por no tener el 100%, ¡nos íbamos a quedar con 0%!”, recordó Larraín.

Para salir de la traba, a Insulza se le ocurrió una fórmula: sacar el sistema electoral de la Constitución. Por eso se estableció dejar una norma transitoria para que el primer cambio que se quisiera hacer tuviera un quórum de 3/5 y luego el de uno de Ley Orgánica Constitucional.

“Recuerdo un hecho muy notable. Por esa reforma se terminaban los senadores designados y, por deferencia, me reuní con ellos para explicarles que era necesario dar ese paso si queríamos una Constitución que no fuera cuestionada en su carácter democrático. Fue una reunión muy honesta, lo aceptaron en buen espíritu y todos ellos lo votaron luego favorablemente”, señaló el actual ministro de Justicia.

Luego el proyecto pasó a la Cámara de Diputados y ahí una de las figuras de negociación por parte de la derecha fue el abogado y entonces diputado, Darío Paya (UDI). Para él, las reformas realizadas en esa época son “el reflejo de una negociación seria y profunda, y pensando en una Constitución para el futuro”.

Por esos días, en Chile recién se había aprobado la Ley de Divorcio (2004) y derogado la pena de muerte (2001). Había una baja participación en las comisiones de diputadas o senadoras (las dos mociones en el Senado no contaban con la firmas de parlamentarias), y en las comisiones donde se estudiaron los cambios aparecen nombradas algunas legisladoras como por ejemplo Laura Soto (PPD), Pía Guzmán (RN) e Isabel Allende (PS).

En paralelo además estalló el caso MOP-Gate, que unido al caso Coimas había puesto en entredicho la estabilidad política del gobierno de Lagos. Pasaron a la historia los acuerdos logrados en ese entonces entre la derecha y la Concertación, centrada en las figuras de Lagos y del UDI, Pablo Longueira. ¿Influyó eso en el avance de los cambios constitucionales? Para Insulza, “eso ayudó mucho, pero eso fue un acuerdo aparte (...) Recuerdo que dijimos claramente que no íbamos a meter la reforma constitucional con el MOP-Gate porque ahí nos vamos a enredar. Eso lo conversamos en algún momento con Longueira, con Andrés Chadwick y con (Juan Antonio) Coloma, y dijimos ‘mejor la reforma constitucional vaya por otro lado’”.

Gran parte del debate se realizó en el Senado, pero una vez que el proyecto llegó a la Cámara, en noviembre de 2004, el trabajo se aceleró. El 16 de agosto, con 150 votos a favor, tres en contra y una abstención, se lograron aprobar las 58 reformas a la Constitución del 80. Luego de eso, en una ceremonia en La Moneda, el 17 de septiembre de ese año, el exPresidente Lagos firmó la Constitución y sacó la rúbrica de Pinochet. “Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile”, señaló el Mandatario esa vez.

A raíz del actual debate constitucional, ha vuelto a posicionarse el debate sobre el origen de la actual Constitución. En enero de este año, después del estallido social de octubre y el acuerdo de noviembre, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló: “La actual Constitución no es la de Pinochet, es la de Lagos, que en el año 2005 dijo que por fin teníamos una Constitución validada, hecha por el pueblo y para el pueblo”.

Lagos, esa vez, respondió por Twitter que la actual Constitución era ilegítima en su origen y lanzó una crítica hacia la legisladora. “La Constitución, ilegítima en su origen, es la de Pinochet. Mi firma está en las reformas que la derecha permitió realizar y nunca dije que fueron ‘por el pueblo y para el pueblo’. Hubo otros cambios que se quisieron hacer, pero la derecha los vetó para mantener sus intereses”, escribió el exMandatario. El tuit en cuestión fue respondido, entre otros, por el diputado UDI Juan Antonio Coloma: “Borrar con el codo lo escrito con la mano (...) ¿por qué avergonzarse de lo que hizo?”, escribió.

Y en sus memorias, publicadas recientemente, Lagos escribió sobre el tema. “Nunca se pensó que la «nueva» Constitución de 1980 —sin los enclaves autoritarios— significaba un orden político perfecto ni una democracia absoluta. Sí, en cambio, pensamos que la eliminación de estos enclaves ya permitía hablar de una democracia estándar; por eso usamos mucho el concepto de «test democrático» para graficar el punto. Ese fue el avance logrado con la reforma de 2005”, se lee en el libro “Mi vida, Gobernar para la democracia. Memorias II”.

Sobre esas críticas, revividas últimamente, Zaldívar dice escuetamente que la historia dará su veredicto. Agrega que es de conocimiento público que desde la DC acusaron de ilegítima la Constitución de 1980 (el llamado “Caupolicanazo”), pero señala que “hay que entender que cuando se hace política hay que tomarla en el momento en que la hace. Es muy distinto estar hablando hoy de una nueva Constitución a lo que planteábamos el año 90 cuando queríamos hacer la transición, con un Pinochet como comandante en jefe en el Ejército, con toda la fuerza detrás de él y con una amenaza permanente”.

Por su parte, Insulza confiesa que nunca ha querido meterse en este debate “porque no estoy de acuerdo con ninguno de las dos posturas”. “Soy muy partidario del cambio, de una nueva Constitución pero que sea la Constitución de Pinochet, eso más bien es propaganda, y como análisis objetivo, es una Constitución a mitad de camino, por así decir. No es una Constitución completamente democrática, pero tampoco es la misma que Pinochet pretendía que rigiera en Chile”, agregó el senador.

Para Larraín, las reformas cambiaron el eje de la Constitución de 1980, “más aún si se le suman las otras modificaciones que se le fueron introduciendo en esos años. La Constitución se ‘democratizó’ por el Congreso, legitimándose en los hechos su cuestionamiento democrático por su origen. ¿Es la Constitución de Lagos? Si, de él, pero también de quienes como parlamentarios la reescribimos en forma substancial”, señaló.