Los ojos puestos en la Convención Constitucional: Las entidades que actuarán como observadores del proceso

Con la inscripción de los candidatos que buscarán ser parte de la Convención Constitucional se inició la cuenta regresiva para el proceso constituyente. Y si bien falta saber quienes serán los elegidos para redactar una nueva Constitución, la mirada ya está puesta en la Convención misma.

Con eso en mente, académicos y expertos han comenzado a desarrollar instancias para observar la evolución de tal proceso.

Este miércoles por ejemplo fue la presentación del Observatorio para la nueva Constitución, instancia cuyos integrantes, en sus propias palabras, se proponen “analizar, de manera permanente y profunda el proceso, en especial el desarrollo de acuerdos constitucionales y la legitimidad democrática de los mismos”.

El observatorio cuenta con Fabricio Franco, director de FLACSO; José Ignacio Núñez, académico de la Universidad Central de Chile; Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral; Tomás Jordán, académico de la Universidad Alberto Hurtado, y Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago de Chile.

Ahí se detallan once “principios y criterios que conformarán el parámetro de la observación”, que son el verificar que se cumplan “las reglas constitucionales vigentes y del reglamento interno de funcionamiento que se deberá otorgar y cumplir la Convención Constitucional”, que la Convención no se atribuya más autoridad que la de elaborar una propuesta de nueva Constitución, que poderes del Estado intervengan en la Convención, que exista transparencia y publicidad del proceso, la equidad de género, los pueblos originarios, la inclusión de la diversidad territorial del país, la participación ciudadana, entre otros.

Consultado sobre esto Jordán explica que la importancia del observatorio “tiene que ver con que por primera vez en nuestra historia republicana estamos viviendo el ejercicio del poder constituyente. El proceso constituyente chileno tiene además ciertas características inéditas al ser paritario, representante de los pueblos, con un alto porcentaje de independientes. Por lo tanto, se hace muy necesario ir examinando a través de ciertas pautas de observación su desarrollo. En el fondo si se cumplen las reglas establecidas en la Constitución para el ejercicio de ese poder, con los límites que la Constitución establece, con los quórum”.

Agrega que por revisarán “si se cumple la paridad dentro de la Convención, en la distribución de funciones, del ejercicio del poder en las mesas, en las comisiones, si va a haber inclusión desde los territorios hacia la convención. Hay que considerar que más de 2/3 de la convención van a ser fuera de Santiago. Qué pasa con la legitimidad que le viene otorgando el proceso a la participación pública, si se van a incorporar”.

La idea de un observatorio en este tipo de eventos no es inédita en el país. Durante el proceso constituyente que impulsó el segundo gobierno de Michelle Bachelet existió un Consejo de Ciudadanos Observadores el Proceso Constituyente, instancia creada para fiscalizar y garantizar la transparencia de la etapa participativa realizada entre el 23 de abril y el 6 de agosto de 2016, el cual tuvo algunos roces y críticas desde algunos consejeros hacia el Ejecutivo de entonces.

Además, a fines de diciembre el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó sobre un convenio con la OCDE para que el organismo brinde asesoría técnica al país en la redacción de la nueva Constitución. Según Cancillería, esto era para cumplir parte de las obligaciones del Estado, de “proveer el soporte técnico” a quienes redactarán la Constitución, argumentó en su momento el ministro de la cartera Andrés Allamand. Sin embargo, la noticia no ha estado ausente de cuestionamientos como desde partidos de oposición como el PPD y la DC.

Eso no significa que sean el observatorio y el convenio del Gobierno sean las únicas instancias. El mismo Observatorio para la nueva Constitución destaca el trabajo realizado por la Plataforma Contexto (trabajo conjunto de la Universidad Diego Portales, Espacio Público, Corporación Humanas y Observatorio Ciudadano, entre otros). Según la universidad, desde ese espacio, impulsado por el doctor en ciencia política Claudio Fuentes, se hará el trabajo de observar la Convención.

También destacan el trabajo que realiza Razones Constituyentes espacio que desarrolla la Universidad Adolfo Ibáñez, creado el año pasado en el contexto del plebiscito.

Rodrigo Correa, de la Facultad de Derecho de la U. Adolfo Ibáñez comenta: “Trabajamos en dos facetas, una es donde explicamos que está en juego. Por dar un ejemplo, la regulación de los derechos económicos y sociales. Además, nosotros publicamos artículos que tratan de explicar cuáles son las alternativas en otros países y que consecuencias tienen de una y otra manera (…) y por otra parte tenemos artículos de opinión”.

Algunos de los artículos que han publicados son respecto a la negociación colectiva en la nueva Constitución, y la Constitución y el sistema de salud. Frente a la pregunta de su estarán atentos a cómo trabaja la Convención.

En la Universidad de Chile trabajan en diferentes instancias para aportar al proceso constituyente y observar como se desarrolla la Convención.

Una es Lexen Constitución 2022, iniciativa interdisciplinaria entre las facultades de Derecho, y Economía y Negocios de dicha casa de estudios. El trabajó se dividió en dos instancia, una previo al plebiscito de octubre, mientras que la actual se encuentra analizando “los aspectos económicos de una nueva Carta Fundamental y en los problemas que la institucionalidad debe gestionar (…) Nos interesa generar material útil y fiable para quienes estén en posición de participar directamente en el proceso de elaborar la nueva Constitución”, destacan.

La otra iniciativa es el laboratorio Interdisciplinar de Estudios en Controversias Constituyentes. De acuerdo a la explicación que ofrece el sitio, “esta investigación busca explorar los debates y los disensos que mantienen diferentes actores sociales, organizaciones civiles y comunidades político-sociales sobre diferentes temáticas relativas a los actuales debates constituyentes”.

El sociólogo Pablo Cottet docente de esa casa de estudios que integra el laboratorio, opina: “La redacción de la Constitución no va a cambiar el régimen neoliberal por escribirla, pero sí puede colaborar para un proceso de larga duración (…) por eso es tan importante que la Convención escuche lo que están hablando las asambleas territoriales, las iniciativas locales”.

En tanto, en la Universidad Católica existe la instancia impulsada por el Centro de Políticas Públicas UC, quienes organizaron mesas para aportar a la discusión constitucional, conformadas por alrededor de 20 académicos UC y expertos externos, y moderadas por José Antonio Viera-Gallo, investigador asociado del Centro. Tres fueron los temas en que se enfocaron: descentralización, pueblos indígenas y medioambiente

Viera-Gallo explica que “para los miembros de la Convención, los documentos de nuestras mesas de discusión pueden ser un aporte significativo para entregarles una base más solida en cuanto a las propuestas que hagan, los argumentos que utilicen y las decisiones que tomen al momento de votar. Todo el que ha tenido experiencia legislativa sabe que, por la cantidad de temas que se tocan, es imposible dominarlos todos. Por eso, son fundamentales los aportes que puedan hacer las universidades y centros de estudios, para aportar un punto de vista más técnico”.