Un sistema semipresidencial y más derechos sociales: La propuesta constitucional de la DC

Era una propuesta que se venía gestando desde el proceso constituyente del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esta semana el Partido Demócrata Cristiano terminó de afinar su propuesta constitucional.

El documento, cuya redacción fue adelantada por La Tercera, contó con la participación y asesoría de los expertos Jorge Correa Sutil, Javier Couso, María Cristina Escudero, Carlos Huneeus, Tomás Jordán, Alejandra Krauss, Soledad Lucero, Christopher Martínez, Humberto Nogueira, José Ignacio Núñez, Nelson Ortiz, Julia Panez, Alejandra y Jorge Precht, Augusto Quintana, Edgardo Riveros, Macarena Rodríguez, Héctor Ruiz, Christian Suárez, Esteban Szmulewicz, Constanza Tobar, Claudio Troncoso, Pablo Valenzuela, Elisa Walker, Ignacio Walker, Andrés Zaldívar y Patricio Zapata.

En su introducción se indica que la propuesta abarca tres dimensiones: dignidad, democracia y derecho.

Uno de los temas más debatidos el año pasado de cara al plebiscito que se realizó el 25 de octubre fue si avanzar hacia un nuevo sistema de gobierno, frente al actual sistema presidencial.

La propuesta de la DC destaca la transición a un sistema de gobierno semipresidencial. En este punto se propone la creación de un Jefe de Gobierno, designado por el Presidente de la República y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta. El objetivo de este nuevo sistema es otorgar “mayor legitimidad al sistema político y de partidos”.

Con una incidencia directa a un eventual cambio de sistema de gobierno, la propuesta de la DC propone mantener el sistema bicameral, fortaleciendo eso sí su actitud política para desarrollarse como “órgano de representación del pueblo”.

En materia de derechos, el documento de la DC propone el reconocimiento de la dignidad humana como un eje principal dentro de la Constitución, que permita desarrollar políticas públicas necesarias para promover “la equidad y respeto”.

Bajo esta premisa, los primeros derechos considerados en el documento apuntan al reconocimiento de pueblos originarios en la nueva Constitución, promover el desarrollo de estos en su totalidad, bajo garantías constitucionales. En cuanto a la participación política se proponen escaños reservados en la Cámara de Diputados.

En materia de derechos sociales, se expone en primer lugar el derecho a la educación, un sistema gratis para los niveles escolares y secundarios, que garantice “el acceso equitativo a la educación superior”.

En relación al derecho a la salud, la propuesta constitucional del partido promueve que las Leyes de Presupuesto otorguen lo necesario para entregar salud de calidad en todo el país. También incluyen que los establecimientos de salud, sobre todo para los grupos vulnerables, aseguren el “derecho mínimo vital a la protección de salud”. Sobre el derecho a la salud, para parte de la DC, el sistema público, podría complementarse con seguros privados.

También se abarca el derecho a la protección del trabajo. En la propuesta, el Estado debe hacer todo lo necesario para que existan la cantidad de empleos necesarios como también, la protección a sueldos justos y al despido. El documento también establece que el Estado debe garantizar la dignidad en el trabajo.

El derecho a la sindicalización también está incluido, y propone que se haga un “reconocimiento positivo” a la posibilidades de los trabajadores a afiliarse.

Sobre el sistema de pensiones, se busca establecer el derecho a la seguridad social. Para eso, el Estado es quien debe asegurar el acceso a “pensiones mínimas de vejez e invalidez”.

Respecto al derecho al medioambiente, desde la DC indican que se reconocerá el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano y la obligación de proteger la naturaleza y ecosistemas. El Estado debe propender a un desarrollo sustentable en base a un desarrollo territorial equitativo.

También la propuesta del partido propone el derecho a una vivienda digna, uno de los llamados derechos sociales y culturales, que cada vez están en más cartas fundamentales. El documento de la DC señala que “el Estado adoptará las medidas legislativas y de otro carácter para el cumplimento progresivo de este derecho, dentro de los recursos disponibles”.