"El Estado debe financiar convicciones que no son de todos los chilenos"

La última película que Eduardo Silva S.J. (ex decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado) vio fue la reciente ganadora del Oscar, Spotlight, que trata sobre una investigación periodística que destapó cómo altos cargos de la Iglesia Católica de Boston encubrían casos de pedofilia. "Deja en evidencia el horror. No de los pedófilos, el horror del encubrimiento. Porque enfermos hay, lo horroroso es que ocurra entre los clérigos, porque en ellos la gente confía. Es como si ocurriera en los psicólogos o profesores", dice.

Esta es su primera entrevista en extenso, justo un par de días antes de asumir como rector de la UAH, sucediendo a Fernando Montes, quien estuvo en el cargo desde la fundación del plantel. Silva sabe lo que pesa la figura de su antecesor en la agenda pública y, asegura, está dispuesto a seguir ocupando el sitial de influencia ganado por Montes.

Desde ahí buscará influir en la discusión del proyecto de reforma educacional con el que, espera, se cubra el déficit que asumieron las universidades que adscribieron a la gratuidad. Que, para su universidad, será de más de 600 millones de pesos sólo este año.

"Nosotros tenemos 5.500 estudiantes en total. La mitad están en los cinco primeros deciles, por lo tanto serán afectos a gratuidad. Y de la nueva generación será un 60%. Hoy tenemos 626 alumnos nuevos aprobados y otros 492 que están en proceso de dirimir si califican. Entonces, entrarán alrededor de 1.100 más con gratuidad", explica.

—¿Cambió el panorama económico de la UAH con la implementación de la gratuidad?

—Sí, porque hay una diferencia entre el arancel de referencia y el real, que tenemos que buscar cómo cubrir. Uno puede postergar inversiones por un año, buscar aportes. Pero no es una solución a largo plazo. Va a ser necesario que el Estado entregue aportes basales. Porque no es lo mismo el costo de un alumno en una universidad sólo docente a una universidad que tiene investigación.

—¿Le parece bien que el gobierno haya avanzado en la gratuidad a través de esta glosa presupuestaria?

—El modo en el que fue hecho no fue conveniente. La forma deja mucho que desear, pero el fondo me tiene muy contento. Estamos embarcados en una reforma de la educación. No sólo de la educación superior.

—¿Qué lecciones saca del apuro?

—Había que cumplir una cuestión fundamental en el programa de gobierno. Yo creo, efectivamente, que la clave es formular un nuevo concepto de educación superior.

—¿En qué sentido?

—En el sentido en que llevamos cincuenta años de reformas. La reforma universitaria del 67 permitió el comienzo de la ampliación de la cobertura. El año 60 teníamos 20 mil alumnos, hoy tenemos 1.200.000 en el sistema terciario. Hoy hay acceso universal.

—Pero ahí el tema que entra en discusión es la calidad de la enseñanza que entregan esas instituciones.

—Exactamente. Este acceso ha sido posible porque se ha permitido el ingreso al sistema, como actores, de particulares. Pero con un poquito de desorientación, con un poquito de desregulación. La reforma tiene que ser capaz de mantener lo mejor de lo hecho y cambiar lo que tiene que ser mejorado.

—Ahora que está "asegurado" el acceso, ¿cómo se cuida la calidad?

—Necesitamos una superintendencia que nos dé toda la información, que los alumnos sepan lo que hay. Un orden. Una subsecretaría que nos ayude a conducir. Una agencia de calidad creíble, que vaya dirimiendo la calidad de las instituciones, donde todos comparezcamos. Y, al final, un acuerdo respecto de cómo se financiará el sistema.

—Luego de la instauración de la gratuidad, ¿han tenido oportunidad, como grupo de universidades privadas, de reunirse con la ministra de Educación para ver posibles aportes del Estado para cubrir el déficit?

—No, pero la misma glosa contempla recursos a ser transferidos directamente como aportes basales a las universidades que accedan a la gratuidad. Tú no puedes, al mismo tiempo que das un beneficio, generar las condiciones de imposibilidad de que la institución dé el beneficio.

—¿Pero ese debate no se debió haber dado antes de que se instalara la gratuidad?

—Por supuesto que antes de que se instaurara la gratuidad tendríamos que haber tenido una superintendencia de educación superior, una agencia de calidad. Pero los tiempos políticos no son los tiempos universitarios.

—¿La gratuidad beneficiará a su universidad o no?

—La gratuidad es una buena noticia para Chile. Nosotros no estamos en la gratuidad por cuestiones de déficit o no. Es muy bueno que los alumnos talentosos chilenos no se vean discriminados. La universidad es selectiva. Se supone que hay una PSU, una prueba de selección. A la universidad van los mejores. A los que les fue bien en el colegio son los que pueden seguir estudiando. Los que dan una buena PSU. Aquellos que tienen capacidad para estudiar una carrera de cinco años.

—¿Y la PSU mide eso?

—Tiene dificultades, pero es lo que tenemos. Se acaba de incorporar el ranking, que ha demostrado ser predictivo, que ha demostrado que los mejores del curso tienen un buen resultado en la universidad. El discriminador tiene que ser el talento, no el bolsillo del papá.

—El año pasado hubo un debate grande entre los rectores Carlos Peña (UDP), Ignacio Sánchez (PUC) y Ennio Vivaldi (U. de Chile) sobre qué era una universidad pública. ¿Usted considera que la Alberto Hurtado es pública?

—Yo estimo que todas las universidades son públicas.

—¿Incluyendo, por ejemplo, a la Adolfo Ibáñez?

—Por supuesto, porque producen bienes públicos, forman profesionales, tienen una mirada crítica respecto del país. Es un instrumento de la red pública para formar a sus ciudadanos para tener los cuadros de profesionales que requiere, para hacer la investigación que le permita productividad y consolidar su patrimonio cultural.

—¿Y por qué se da este debate?

—Es razonable que se dé porque la dictadura, al abrir del modo como abrió el sistema universitario a iniciativas privadas, al no controlarlas y permitir que hubiera lucro en ellas, dejó que la fuerza del mercado tomara un protagonismo excesivo, que sigue teniendo. Por eso es razonable que haya una preocupación del Estado de que ese sistema esté más regulado. En Chile, desde siempre, ha habido lo que se llama provisión mixta, donde particulares reciben dinero del Estado. Entonces existen estos vaivenes. Hay personas que para corregir los excesos del mercado proponen excesos del Estado. Y no hay para qué. Sí necesitamos que el Estado de Chile regule el sistema. No da lo mismo que haya ofertas privadas que no tienen calidad, no da lo mismo que haya ofertas privadas que lucren.

"Antes de que se instaurara la gratuidad tendríamos que haber tenido una superintendencia de educación superior, una  agencia de calidad. Pero los tiempos políticos no son los tiempos universitarios".

—¿Usted concuerda con su antecesor, Fernando Montes, con que el CRUCh es un cartel?

—El sistema cambió. Y muchas universidades privadas han mostrado altos niveles de calidad. Incluso superiores a las tradicionales, por distintas razones. Entonces yo creo que Montes hizo un punto al mostrar que hay una situación de inequidad cuando tú no mides con la misma vara, y esa vara tiene que ser la calidad.

—¿También es de la idea de que el CRUCh se tiene que ampliar?

—Obvio. El CRUCh son las universidades que están delante del ministerio ofreciendo bienes públicos. Y el Estado tiene que ver cómo; si tiene posibilidad de financiar esos bienes públicos, tiene que financiar de acuerdo a la calidad de la investigación, a los concursos que se hagan. Hay una toma de conciencia de que lo que dirime es calidad, y que esa calidad debe ser acreditada. Tenemos que ver cómo se hace ese sistema nacional de acreditación, y en virtud de ese sistema y de las diferencias entre los proyectos universitarios es que va a haber aportes basales dependiendo de los bienes públicos que ya producen.

—¿Y cree que desde el CRUCh haya apertura para eso?

—Obviamente que, mientras menos bocas, más nos toca.

—¿Cuáles van a ser las batallas de la UAH en la reforma de la educación superior?

—El asunto de la educación como un derecho social, la gratuidad universal, el financiamiento basal, reconocimiento de proyectos universitarios distintos. Es importante explicar por qué el Estado debe financiar convicciones que no son de todos los chilenos.

—¿Y por qué tiene que hacerlo?

—Porque no sé qué tendría que financiar el Estado si no financia convicciones particulares. El Estado tiene que preocuparse por el pueblo mapuche, y el pueblo mapuche es un particular. El desarrollo del mapudungún es un bien que me parece bien que se financie, y los que hablan mapudungún son un grupito de chilenos. Las comunidades vivas del país, las tradiciones, las que dan sentido, es lo interesante. El Estado no puede inclinarse por un grupo en desmedro de otro, porque todos somos iguales, pero sí debe financiar o aportar el desarrollo de su patrimonio. Y el catolicismo es parte del patrimonio de Chile.