El expediente Junaeb

El informe final de Contraloría fue lapidario. Las indagatorias de la Fiscalía de Alta Complejidad avanzan veloces logrando ramificaciones impensadas. Y esta semana se designó a los 13 miembros de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que se constituirá en los próximos días. El caso Junaeb es el nuevo escándalo de corrupción que amenaza con empañar el verano de La Moneda.

El asunto ha sido analizado en detalle en reuniones reservadas del ministro del Interior, Jorge Burgos, y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, con el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Cristóbal Acevedo, en las que el diagnóstico es uno: el gobierno no puede repetir los errores de manejo del caso Caval, cuando se optó por minimizar el tema y no enfrentarlo directamente. Por eso fue la propia ministra quien, tras pedir la renuncia del anterior director de Junaeb, José Miguel Serrano, concurrió en persona al Consejo de Defensa del Estado para que la entidad se hiciera parte y puso en marcha una drástica reforma a los procesos de licitación del organismo.

Es un tema especialmente sensible: en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los niños más vulnerables del país ya se han detectado más de 5 mil millones en sobrepagos a empresas proveedoras, cuantiosos contratos entregados a dedo, funcionarios del servicio con conflictos de interés y posibles delitos de cohecho. "Por la importancia del servicio, tal vez el más grande que dispone el Ministerio de Educación, debe esclarecerse hasta la última situación en torno a este caso", sostiene tajante la ministra Delpiano.

El diputado UDI Sergio Gahona, quien descubrió a inicios del 2015 los primeros indicios de irregularidades en los procesos de licitaciones y consiguió apoyó desde su partido hasta el PC para crear la comisión investigadora, señala: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias para determinar todas las responsabilidades políticas como también las posibles coimas que hubo para adjudicarse los contratos". Una de las primeras tareas de la instancia: hacer un completo catastro de la industria de proveedores de alimentos y sus eventuales nexos políticos.

La carpeta de investigación que lleva el fiscal de Alta Complejidad, Marcelo Acuña —y a la que tuvo acceso Qué Pasa— recoge numerosos testimonios de funcionarios y ex funcionarios de Junaeb, que relatan cómo el anterior director del servicio, José Miguel Serrano (DC), habría incidido en febrero del 2015 para que se adjudicaran a las empresas Hendaya y Verfrutti contratos directos por $17 mil millones y $8 mil millones, respectivamente, para repartir raciones de alimentos en la VIII y XI Región, cifras que según el fiscal "resultaban sustancialmente más caras para los intereses del Fisco que las otras ofertas". En concreto, una diferencia de $5.024.037.236., considerando que se trata de contratos por dos años.

Allí está el testimonio de Óscar Soto, ex coordinador general de Junaeb, quien declara que "en todo este proceso de licitaciones en dos oportunidades el señor Serrano me señaló, en su oficina, que a él lo habían llamado y que debíamos hacer todo lo posible por apoyar a Verfrutti y a otra empresa de la cual no estoy seguro si era SercoMaule o Hendaya. Cuando me señaló esto, le indique en las dos oportunidades, que yo no estaba disponible para ello. Él me señalaba que yo era un purista y que esto era política".

Otro testimonio es el del ex jefe jurídico de Junaeb, Sebastián Pérez Torrejón, quien declaró que Serrano "era muy partidario de Verfrutti", pese a que no tenía una historia de solidez como Hendaya. "Recuerdo haber escuchado al director Serrano señalar que debíamos entenderlo en sus decisiones ya que él estaba allí nombrado políticamente, o algo así, para luego indicarnos, que al menos en una unidad territorial, y como él en definitiva decidía, dejaría a Verfrutti". Pérez Torrejón afirma que luego de adjudicado el contrato, Serrano le insistió que apurara la tramitación y firma del mismo, lo que permitía adelantar los pagos a la empresa.

En la misma línea, Paula Mondaca, jefa del Departamento de Recursos, declara: "A su pregunta, si está ajustado el procedimiento que realizó el Sr. Serrano para adjudicar el trato directo a las empresas Verfrutti y Hendaya, debo señalar que no, toda vez que el director debió haber estudiado todas las ofertas económicas de las empresas que fueron invitadas y no sólo de tres".

La investigación del fiscal Marcelo Acuña  recoge testimonios de funcionarios y ex funcionarios, que relatan cómo el anterior director, José Miguel Serrano (DC), habría incidido para adjudicar a las empresas Hendaya y Verfrutti contratos directos por $17 mil millones y $8 mil millones.

Se suma el testimonio de Eugenio Painevilo, analista del Departamento de Alimentación Escolar de Junaeb: "A mí me entregaron para evaluar unas 12 empresas. Le señalé al director que, dada la cantidad de ofertas, era difícil para mí establecer cuál era la mejor combinación. Le señalé que con un par de días más podría generar un modelo matemático, pero me señalaron que no había tiempo para eso. La empresa más barata considerando valores era Soser y la más cara Verfrutti. Me piden verlas en mi monitor y me pidieron filtrar empresas puntuales. Estaban ahí el director, Sebastián Pérez, y Cecilia Alvarado (coordinadora Unidad Técnica del PAE). Comenzó una conversación que terminó con los nombres de Hendaya y Coan, como empresas que ya estaban en la zona. A su vez, el director me propone Verfrutti y me señala que analice a estas tres empresas".

Relata que se conversó el cómo se podría justificar la adjudicación a estas empresas y el director menciona la gratificación a las manipuladoras de alimentos que ofrecía Verfrutti. Esto, pese a que los bonos, distintos de la gratificación de las otras empresas, eran mejores que los de Verfrutti. Según el testimonio, se le hizo ver a Serrano que Verfrutti ofrecía colaciones frías, lo que no era posible de aceptar considerando que era de las empresas más caras y que no estaba lista para comenzar a operar. "Frente a estos cuestionamientos, el director decide la adjudicación a Verfrutti y señala que el equipo debía preocuparse de cómo justificar a estas empresas", afirma Painevilo.

Con estos antecedentes a la vista el pasado 17 de noviembre el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dio curso a la petición del Ministerio Público de adoptar medidas intrusivas para alzar el secreto bancario de José Miguel Serrano, acceder a su tráfico de llamadas durante el último año y medio y revisar los correos electrónicos institucionales de él y todo su antiguo gabinete.

Es una empresa familiar. Con 11 años de antigüedad y sin página web, Verfrutti S.A. se ha ido haciendo de a poco un nombre en la industria ganando varios contratos con el Estado en los últimos años. Detrás de la propiedad están las hermanas Patricia Moreira Escobar, (lingüista, 38 años) y Daniela Moreira Escobar (psicóloga, 41 años), aunque en el rubro es conocido que el control lo lleva el padre de ambas, Pedro Moreira (68), quien se presenta a sí mismo como director de la empresa. Así lo hizo hace un año cuando acudió al Congreso a intervenir en favor de la ley para las manipuladoras de alimentos.

Cercano al PS, aunque él ha dicho que no es militante, a Moreira se le reconoce como amigo del ex senador Camilo Escalona, a quien ha apoyado en campañas senatoriales. Su ex esposa, María Elena Escobar, trabajó en La Moneda durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, como asesora del departamento de Correspondencia presidencial.

Moreira estuvo vinculado en 1997 al caso probidad por millonarios adelantos del Estado a empresas proveedoras por servicios jamás prestados, que fue bautizado por la prensa de la época como "las coimas de Junaeb". Moreira enfrentó la presión de la justicia, y su sociedad, la proveedora de alimentos Alidec, se fue a la quiebra.

Cercanos al empresario señalan que ni él ni sus hijas han sido citados o forman parte de la causa que hoy investiga Fiscalía, y que están tranquilos de no haber cometido ninguna irregularidad. Explican el alto monto que pidieron para adjudicarse el contrato en las buenas gratificaciones que dan a las manipuladoras, lo que era uno de los requerimientos principales del gobierno.

Otra arista que está en manos del Ministerio Público es el eventual conflicto de interés de tres ex funcionarios de Junaeb que tienen vinculación con empresas proveedoras de alimentos.

Otra arista que está en manos del Ministerio Público es el eventual conflicto de interés de tres ex funcionarios de Junaeb que tienen vinculación con empresas proveedoras de alimentos. El servicio presentó una denuncia en septiembre contra Marco Urbina, Juan Francisco Mualim y el antes mencionado Sebastián Pérez Torrejón. Los dos primeros por eventual uso de información privilegiada, ya que tras elaborar las bases de licitación desde el organismo, fueron contratados por el Consorcio Merkén, empresa que ganó una licitación por $ 77 mil millones. Desde dicha empresa sostienen que la denuncia no tiene fundamento, ya que Urbina entró a Merkén como gerente de operaciones, en abril de 2015, dos meses y medio después de que ésta se adjudicara el contrato y seis meses después de ser desvinculado de Junaeb. Además, el informe de Contraloría señaló que no había incompatibilidad en pasar del organismo a la empresa privada. Mualim, en tanto, sólo prestó una asesoría puntual a Merkén.

Tal vez más complejo es el caso de Pérez Torrejón, ya que se denunció que mientras fue abogado en Junaeb, boleteó para la sociedad Conservera Pentzke S.A., filial de Comercial Alimentos S.A. (Alicopsa). El problema es que esta última empresa se adjudicó en marzo de 2015 una licitación por $ 82 mil millones para entregar alimentos en la Región Metropolitana a lo que se suma, según los antecedentes en manos de Fiscalía, que Alicopsa fue beneficiada el 2013 por una reducción de multas de $ 1.200 millones, documento visado por Pérez como jefe jurídico de Junaeb. Según los descargos del abogado, al contrario de lo que dijo el preinforme de Contraloría, el informe final estableció que sólo se registra una única boleta de honorarios a Pentzke S.A., emitida en junio de 2013. "No me inhabilité de mis funciones, en razón de que desconocía los supuestos vínculos de propiedad o administración entre Pentzke y Alicopsa", señala el profesional, y agrega que no tuvo injerencia en la licitación de 2015.

Al funeral de Ricardo Silva, el dueño de Sercomaule, en el Parque del Recuerdo, llegaron todos los representantes de la industria. Allí se divisó, relatan testigos, a Pedro Moreira de Verfrutti, Pedro Silva de Raciosil, Cecilia Alvarado de Junaeb, Patricio Opazo de Alianza, Eduardo Barbe de la asociación gremial del rubro, Nutre Chile, Magallanes Espinoza, ex gerente de Alicopsa, Cristián Martínez de Outfood y querellante en la causa de eventual fraude al fisco, e incluso a Carlos Tudela, operador DC que ha trabajado como lobbista para varias compañías.

Silva murió de un infarto en agosto agobiado por las deudas que tenía su empresa proveedora de Junaeb. Nadie entendía por qué el gobierno le había adjudicado a él un contrato por $ 14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias pese a que Sercomaule tenía impagos por más de 500 millones. Según reveló luego el programa Contacto de Canal 13, testimonios y documentación que indaga Fiscalía apuntan a que Silva antes de morir estaba acosado por el pago de supuestas coimas que le permitieron obtener el contrato. Según constató el programa periodístico, el abogado Carlos Tudela tenía un contrato de asesorías con Sercomaule por $ 850 millones totales que debían pagarse en tres años, el mismo período que duraba el convenio entre la empresa y el Estado.

Tanto Tudela como el director Serrano fueron pasados a la comisión de ética de la Democracia Cristiana.

"Junaeb tiene que volver a ganarse la credibilidad nacional", es el juicio del nuevo director de la entidad, Cristóbal Acevedo, quien es crítico con la administración anterior: "No existía la rigurosidad jurídica y administrativa que requiere un servicio como este. Mi propósito es que el trato directo, a dedo, ya no va a existir en las contrataciones", sostiene.

Para el abogado, el mayor problema del servicio es su "fragilidad y debilidad institucional". Pese a adjudicar contratos por US$ 1.300 millones anuales, sólo un 2,2% corresponde a gastos de administración del servicio. Nada. Cuentan con apenas 72 fiscalizadores para 16 mil establecimientos. Mientras los casos avanzan en tribunales, ya ha tomado las primeras medidas internas para cambiar el modelo de licitaciones. Emitió un instructivo para prohibir a funcionarios reunirse con representantes de empresas proveedoras, salvo casos excepcionalmente autorizados mediante ley del lobby. Todos los funcionarios deben declarar cualquier parentesco o amistad cercana con privados de la industria de alimentos. Y dejó la evaluación de las licitaciones en manos de un comité autónomo integrado por distintos servicios del Estado (Integra, Junji, Junaeb, Mineduc, Dipres), aumentando al máximo en las nuevas bases las exigencias financieras a las empresas que postulen.

La idea es impedir que ganen empresas de papel o endeudadas que sobrevivían a costa del sistema. También puso fin a la norma que permitía a las sociedades manejar un límite máximo de 16% de los contratos adjudicados por Junaeb a lo largo del país. Esto frenaba la competencia entre empresas que terminaban repartiéndose de común acuerdo las zonas.

Las nuevas directrices han generado una batalla en la industria. En la actual licitación hoy en curso para 2016, y que abarca los colegios de un tercio del país, quedaron fuera 16 empresas, entre ellas conocidas como Verfrutti, Distal, Ferbas o la uruguaya Delibest. Varias de ellas están en pie de guerra y presentaron una impugnación ante el tribunal de compras contra Junaeb acusando ocultar información, bases poco claras y un cambio en las reglas del juego.