El silencioso fiscal del caso Caval que salta a la primera línea

Un verano de alta intensidad le espera al fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya Domke. Mientras que la mayoría de las personas se encuentran en febrero de vacaciones o planeando futuros días de descanso, para este abogado será un mes de ajetreo y diligencias. Su verano comenzó sentado a la derecha del fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, en la primera jornada de formalización del caso Caval, donde le tocó exponer la situación judicial de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, socios y dueños de la controvertida empresa Caval.

Hasta ahora, Moya había participado en actividades de la indagatoria que encabeza Toledo. Sin embargo ahora pasará a tener un papel clave en el curso de esta causa, puesto que deberá liderar la investigación de Saydex, que surgió a partir del hilo seguido por el Ministerio Público a la millonaria transacción de los predios de Machalí.

Toledo argumentó que la decisión de asignar esta línea de investigación responde a que Moya cuenta "con un conocimiento integral de la causa principal, y este hecho podría darle mayor celeridad a la indagatoria",  que busca determinar si Caval incurrió en cohecho y tráfico de influencias, por los $170 millones cobrados a Saydex y  los 80 contratos de manera presuntamente irregular que se habrían adjudicado para el Ministerio de Salud.

Moya nació el 16 de abril de 1974 (41 años) en la localidad de Victoria, en la región de la Araucanía, lugar que marcaría sus primeros pasos en el mundo de las leyes. El abogado estudió Derecho en la Universidad de Concepción, en la cual fue profesor ayudante del Departamento de Derecho Público, en la cátedra de "Instituciones Políticas".  Posteriormente, participó en cuatro de las jornadas de Derecho Público del mismo plantel, que lo ha reconocido como uno de sus ex alumnos destacados.

La causa mapuche no le es desconocida. Además de trabajar en la Araucanía, entre 2003 y 2007, logró once condenas por delitos, y marcó también la especialización que buscó alcanzar, con cursos como el que realizó con la FBI en Washington sobre "Investigación de atentados explosivos"

El profesional comenzó a vincularse al Ministerio Público de la zona en noviembre de 2000, en su trabajo como ayudante de fiscal. Al año siguiente, Moya es nombrado fiscal adjunto de Traiguén, ascendiendo en 2003 a fiscal jefe de la localidad.

En 2005, el abogado se trasladó a Villarrica, convirtiéndose fiscal jefe de Temuco y fiscal regional subrogante de la región de la Araucanía. Entre los casos de esa época se destacó la investigación a un asalto d eun camión bancario en el que estuvieron implicados efectivos de la PDI, el atentado a un fundo en Vilcún.

Los casos de violencia en La Araucanía, por lo mismo, son su especialidad. De hecho, entre 2003 y 2007, logró once condenas por delitos, y marcó también la especialización que buscó alcanzar, con cursos como el que realizó con la FBI en Washintgon sobre "Investigación de atentados explosivos";  "Cooperación transfronteriza en prevención y lucha contra el terrorismo y su financiamiento" en Colombia; "Curso para policías y fiscales en investigaciones complejas y terrorismo", impartido por Fiscales de la Guardia Civil española; y más recientemente, la pasantía "Programa conjunto de fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile", que realizó en Finlandia y Noruega el PNUD en 2012.  También dictó un seminario sobre "Teoría del caso y etapa de investigación" a 80 fiscales de Ciudad Juárez en México, la zona de mayor conflicto por el narcotráfico.

Quienes conocen al abogado también enfatizan el caso de desbaramiento de una red de tráfico de cobre, que en 2011, permitió desbaratar una operación de comercio ilegal de más de 90 toneladas del mineral. En esa ocasión, el mismo Luis Toledo dirigió la indagatoria y Moya, junto al fiscal Francisco Caballero, efectuaron las diligencias de la llamada "operación chatarra".

En su currículum, Sergio Moya se describe como fiscal especializado en "crimen organizado, lavado de dinero y delitos medioambientales".

Porque, además de la serie de causas relativas al conflicto mapuche, también el abogado ha enfrentado desde casos laborales - como el que implicó a Francisco Javier Errázuriz y las denuncias de trabajadores paraguayos-, ambientales (la quema de bosque nativo en la sexta región), policiales (redes de tráfico y clonación de tarjetas de crédito), y casos derivados de la justicia militar, como el de un hombre que murió al interior de un vehículo de carabineros.

Una de las prioridades de su carrera ha sido la formación, en particular en métodos de investigación, mecanismos de recolección de evidencia, planificación de las diligencias, entre otros. En este sentido, años atrás dijo a la revista Capital, que para responder a la demanda de la ciudadanía de Justicia "necesitamos los medios adecuados y suficientes".

En el entorno de Moya señalan que el abogado se caracteriza por un estilo sobrio. Que se le ve durante el día recorriendo las dependencias de la Fiscalía, ya sea dando consejos o buscando a un especialista para resolver alguna duda. Que siempre están atento al teléfono y a lo que está ocurriendo en sus causas, para definir su campo de acción.

Otra cualidad que se le atribuye al abogado es el buscar todas las posibilidades a la hora de investigar, sin escatimar maniobras para recabar antecedentes. Así, algunos recuerdan que en la indagatoria por el robo del cobre, buscó establecer las redes y perseguir la cadena de proveedores, por lo que se logró llegar a San Antonio como el punto de salida del metal, que era traficado a mercados asiáticos.

Respecto de su relación con Toledo, sus cercanos afirman que la relación entre ambos es de colegas, que la confianza expresada por él para asignarle esta arista pasa fundamentalmente por su experticia, en función de los trabajos que han debido realizar juntos.

Por lo pronto, el abogado que asumirá ahora esta arista de Caval se encontraría alistando los detalles para tomar declaración a los implicados y testigos de la causa, junto con procesar los antecedentes contables y digitales que el Ministerio Público ha recopilado hasta la fecha.